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Trastocar las leyes es un grave peligro advierten expertos

Tegucigalpa – Trastocar las leyes aprobadas por el pleno del Congreso hondureño constituye un delito que debe ser conocido de oficio por la Fiscalía advirtieron expertos.
 

Sectores de la sociedad han coincidido que el Presidente Porfirio Lobo debería tener cuidado con lo que firma y autoriza en el desempeño de sus funciones como primer ciudadano del país.

“A veces pienso que estoy en un partido de fútbol, medio apago un ojo y plus, le meten un gol a uno…” dijo Lobo Sosa, refiriéndose a las dos tasas aprobadas por el Ejecutivo, refrendadas por el Congreso Nacional y que él ha tenido que vetar debido al unánime rechazo popular.

Esas declaraciones han generado diversas reacciones del mundo político, económico, sociológico e empresarial del país, quienes le han recomendado al mandatario tener mucho cuidado con su personal de confianza.

Callejas: “Él debe de tener mucho cuidado”

El ex presidente de la República, Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) sugirió Lobo Sosa que tenga mucho cuidado con las cosas que le proponen ya que se asume un riesgo respecto al tema.

“El debe de visualizar ese asunto con preocupación sobre cada tema que tenga en agenda, tal es el caso de los contratos a todo nivel”, sostuvo.

Según Callejas “los colaboradores cercanos de Lobo Sosa deben de hacerle un análisis de los temas para que él esté consciente que estamos en un año en que todo tiene que ser sujeto al análisis del riesgo que eso puede implicar”.

Reiteró que “él debe de tener mucho cuidado, debe de preocuparse para que no continúen sucediendo estas situaciones que pueden poner en precario su propia administración”.

Opina un constitucionalista

El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, expuso que “en el caso de ser aprobados los decretos, los colaboradores cercanos del presidente están cometiendo varios delitos, como ser el de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad.

“Es falsificación de documentos -prosiguió- porque los decretos o las iniciativas de Ley, que el presidente manda al Congreso Nacional y son trastocadas, evidentemente se está falsificando un documento que revisten caracteres de ser públicos”.

Entre tanto explicó que incurren en abuso de autoridad, porque el artículo 321 de la Constitución también dice que cualquier acto que un funcionario público realice excediéndose de sus funciones adquiere visos de nulidad.

Los delitos antes descritos son de orden público y esa acción penal le corresponde al Ministerio Público y aunque no hubiera una denuncia formal, la Fiscalía está obligada a actuar de oficio, añadió el experto constitucionalista.

Barrientos manifestó que “hay que preguntarle al presidente, qué funcionarios son los que lo han sorprendido y quiénes son los que han trastocado ese tipo de decreto. Sin embargo, creo que eso no va a pasar a más porque no creo que se establezca con nombres y apellidos quiénes son los que hacen eso”, lamentó.

“Al presidente no le queda tiempo de revisar”

Mientras tanto el parlamentario nacionalista, Francisco Rivera, expresó que “yo dictaminé el impuesto migratorio, pero como eso está vetado no hay nada que ver. Tengo que salvar al presidente porque muchas veces él delega y no le queda tiempo para revisar cada una de las propuestas que le mandan”.

También justificó diciendo que “sí a uno no le queda tiempo de leer detenidamente esos ‘mamotretos’ y uno pone a sus asistentes para que le hagan un resumen ejecutivo, de repente ahí se le van ‘goles’. En esta cuestión, es que tengamos cuidado todos, las comisiones integradas no deben de permitir ‘goles’, tienen que tener una buena defensa y portero para no dejar pasar eso mas” parafraseando las metáforas usadas por el gobernante.

Justificó diciendo que “eso es historia, ya fue vetado y aprendamos de la historia para que no nos vuelva a pasar”.
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