Tegucigalpa /Managua – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó en las últimas horas que su gobierno está dispuesto a enmendar las reformas a la seguridad social que desataron protestas callejeras que han dejado al menos 10 muertos, cerca de un centenar de heridos y daños a comercios y otros inmuebles.
-Pese a la propuesta del mandatario nicaragüense, los enfrentamientos entre manifestantes y policías continuaban en Managua y otras ciudades del país centroamericano.
–Según medios locales, unos 50 oficiales de la Policía estarían detenidos por rechazar órdenes de salir a reprimir a los manifestantes.
En un mensaje a la nación transmitido por cadena obligada de radio y televisión, Ortega, quien apareció por primera vez desde que comenzó la crisis el pasado miércoles, reafirmó que retomarán el diálogo con el sector privado para discutir sobre las nuevas medidas en la seguridad social.
Diálogo y enmienda
Ante la crisis, el viernes el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), pidió un diálogo al gobierno y llamó a una marcha nacional, prevista para el lunes, a la 3:00 de la tarde en Managua.
Ante este escenario, Ortega compareció el sábado, acuerpado por los jefes del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y de la Policía Nacional, Aminta Granera.
«Si en la mesa (de diálogo con los empresarios) se encuentra una mejor forma de aplicar ese ajuste», se puede reformar ese decreto o anularlo y hacer uno nuevo, aseveró el mandatario.
En la mesa de diálogo con los empresarios, «donde tenemos (también) el tema de exoneraciones y subsidios, los delegados del gobierno van a llevar ahí lo que aprobó el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)», anunció.
Ortega, que en el pronunciamiento estuvo acompañado por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y los miembros de las jefaturas del Ejército y la Policía Nacional, abogó para que todos los sectores aporten «algo», incluyendo el Estado.
«Quizás encontramos fórmulas que nos permitan proteger al INSS, en particular a los jubilados», acotó el gobernante.
Explicó que su gobierno está «totalmente de acuerdo en retomar el diálogo por la paz» con el sector privado.
Origen del conflicto
A través de dos resoluciones, el consejo directivo del INSS acordó el martes pasado aumentar de 6.25 a siete por ciento la cotización que pagan los trabajadores a partir del 1 de julio próximo.
También elevar de 19 a 21 por ciento la cuota patronal a partir de esa fecha, un punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0.5 puntos porcentuales a partir de 2020, hasta alcanzar un 22.5 por ciento.
Además, las resoluciones establecen que los jubilados tendrán que aportar un cinco por ciento de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades.
Asimismo, que los jubilados recibirán sobre la cuantía de su pensión asignaciones familiares equivalentes al 13.5 por ciento por la esposa o esposo inválido (era 15 por ciento) y nueve por ciento por cada hijo menor de 15 años o ascendientes a su cargo mayores de 60 años (era 10 por ciento).
La reforma también elimina el salario máximo para cotizar, que hasta ahora es de 88,005.78 córdobas (unos 2,818 dólares), pero a partir del 1 de julio si un trabajador devenga más que ese sueldo su cotización será de siete por ciento con base a su salario bruto.
Protestas continúan
Mientras el gobernante daba su mensaje a la nación seguían los enfrentamientos en Managua entre manifestantes y la Policía y los afectos al gobierno, una escena que se repite desde el miércoles pasado.
Nicaragua amaneció el sábado con militares desplegados en varias ciudades tras una noche de enfrentamientos y vandalismo que dejó al menos siete muertos, lo que elevó a 10 el número de víctimas durante las protestas iniciadas el miércoles contra esa reforma a la seguridad social.
Las autoridades nicaragüenses y representantes opositores denunciaron el sábado actos vandálicos y saqueos a comercios en las ciudades de Masaya (sureste) y León (noroeste).
Aunque las reformas de la seguridad social sirvieron como desencadenante de las manifestaciones, un ambiente de rebeldía contra el gobierno de Ortega ya se notaba desde los últimos meses del año pasado, con la escasa participación en los comicios presidenciales de 2016 que dieron la reelección al mandatario con su esposa como vicepresidenta.
También el alza en el costo de la vida, los actos de corrupción y acciones contra la libertad de expresión en Nicaragua, entre otros, son algunos de los factores que desencadenaron las manifestaciones.
Policías detenidos
Según medios locales, unos 50 oficiales de la Policía estarían detenidos en la unidad Ajax Delgado por rechazar órdenes de salir a reprimir a los manifestantes.
La información establece que una comisionada mayor de la Policía Nacional, designada al área de patrullas en Managua, supuestamente está detenida en el complejo Ajax Delgado por negarse a acatar las órdenes de salir a las calles a reprimir a los jóvenes universitarios en las protestas de los últimos días contra las reformas a la seguridad social.
“(Está detenida) por oponerse a salir a apalear a la gente”, conoció el investigador en temas de seguridad Roberto Orozco. La comisionada mayor detenida es supuestamente esposa de un militar con alto grado dentro del Ejército de Nicaragua.
Junto a la comisionada mayor también estarían otros cincuenta policías que respaldaron la posición de su superiora, porque están en desacuerdo con las disposiciones del gobierno, según la información difundida por el diario La Prensa de Nicaragua.
Desde el viernes habían trascendido rumores que oficiales de la Policía estaban en contra de las medidas gubernamentales.
Incluso el viernes agentes policiales pretendieron ingresar a la Catedral Metropolitana de Managua en persecución de estudiantes y que motivó una denuncia a través de su cuenta de twitter del obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, que luego la Policía Nacional intentó desmentir este hecho a través de una nota de prensa, pero reiterada a información por el religioso.
