Tegucigalpa/Ciudad de México – Honduras solicitó a la Organización de Estados Americanos que su brazo de lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras, la MACCIH, se estrene con el asesoramiento en la investigación del asesinato de la dirigente ambientalista e indígena Berta Cáceres.
– En México, Comisión de Derechos Humanos pide al gobierno reforzar las medidas de protección a favor de Gustavo Castro
A casi un mes de cumplirse la muerta violenta de Cáceres, la Cancillería hondureña pidió que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH), adscrita a la OEA, forme una misión Ad Hoc, formada por juristas penales a fin que asesore al Ministerio Público, el ente a cargo de investigar quien o quienes fueron los autores intelectuales y materiales del crimen contra la activista ambiental.
Igualmente, el mismo viernes salió del país el ciudadano mexicano Gustavo Castro, quien es el principal testigo del asesinato de Cáceres, ya que se encontraba como invitado en la casa de habitación de Cáceres el 3 de marzo cuando ocurrió el crimen en la ciudad de La Esperanza, en el occidental departamento (provincia) de Intibucá.
El asesinato de Cáceres desató una indignación nacional e internacional y varios gobiernos e institucionales han pedido a Honduras que investigue y lleve ante la justicia a los responsables de la muerte violenta.
La dirigente asesinada era la coordinadora del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que aglutina a las principales comunidades de la etnia lenca en el país.
De acuerdo a lo informado por la Cancillería, se pidió a la MACCIH que el experto internacional se “incorpore lo antes posible a fin de proveer la colaboración activa en el proceso investigativo y acusatorio” al caso de Cáceres.
La petición fue hecha llegar a la oficina del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en base al convenio firmado el pasado 19 de enero entre el máximo funcionario del organismo continental y el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández.
Honduras invoca el considerando:“Que la corrupción y la impunidad son fenómenos que afectan la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas en muchos Estados de la región”.
El acompañamiento internacional para investigar el asesinato de la activista indígena cuenta con la cooperación de Estados Unidos y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recuerda la nota diplomática.
Se conoció que varios agentes de la Oficina federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), están en el proceso de investigación del crimen contra Cáceres.
Testigo ya está en México
Mientras, el principal testigo del asesinato, el sociólogo mexicano Gustavo Castro, ya se encuentra en México, luego de salir de Honduras la mañana del viernes, un día después que la juez que conoce el caso ordenará dejar sin efecto la medida de prohibir su salida del país por 30 días.
La decisión de la juez Victorina Flores Orellana se tomó luego que el Ministerio Público autorizara dejar en suspenso la medida que prohibía su salida del país.
La Cancillería mexicana confirmó que Castro llegó a suelo azteca, acompañado por su hermano Oscar Castro, y el cónsul de México en Honduras, siendo recibidos por “personal de protección”, según informó la diplomacia de México.
«Castro y su hermano fueron asistidos para su retorno seguro a nuestro país, tanto en los aspectos legales, como en los logísticos y de seguridad», señaló la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana.
La canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, se comunicó con su homólogo de Honduras, Arturo Corrales, para agradecer la atención a las solicitudes realizadas por el Gobierno mexicano para permitir el retorno de Castro, indicó la SRE.
Los dos ministros reiteraron su voluntad de continuar colaborando en el esclarecimiento del crimen y «destacaron el excelente nivel de diálogo entre ambos Gobiernos», agregó.
Piden protección a Castro Por su lado la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió hoy a las autoridades mexicanas ampliar las medidas cautelares para garantizar la seguridad para Castro, quien vive en el sureño estado de Chiapas, y la de sus familiares y colaboradores de la agrupación que dirige. El objetivo es evitar que se ponga en riesgo la «integridad física y seguridad personal de todos ellos», indicó en un comunicado.
El organismo «solicitó de manera urgente a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, estas dos últimas del estado de Chiapas, que (…) realicen las acciones necesarias» para proteger a Castro Soto, sus familiares y colaboradores de la agrupación que dirige. El objetivo es «evitar que se ponga en riesgo la vida, integridad física y seguridad personal de todos ellos», añadió. Desde que «se supo del atentado a la luchadora social y la retención del mexicano, la CNDH solicitó las primeras medidas cautelares, a fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores garantizara en ese momento la seguridad» de Castro Soto y le brindara la asesoría jurídica, recordó. |
