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Transparencia en financiamiento de campañas políticas el gran reto de la contienda electoral hondureña

Tegucigalpa – Al aproximarse las elecciones internas y primarias dentro de los dos partidos mayoritarios de Honduras, surge de nuevo la preocupación acerca del financiamiento de las costosas campañas políticas en el país, que han sido caracterizadas por la falta de transparencia y rendición de cuentas.
 

En el Congreso Nacional parece haber poca o escasa voluntad para reformar la Ley Electoral o aprobar una nueva legislación donde se blinde cualquier penetración del narcotráfico y el crimen organizado en las campañas de los partidos políticos.

Gran Preocupación

En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Aline Flores, en una conversación con Proceso Digital, dijo que “hay una gran preocupación ahora en el tema de las campañas, el Tribunal Supremo Electoral debe buscar la transparencia en las donaciones, como ocurre en otros países. La rendición de cuentas, de cada lempira, es necesaria”.

“Sí alguna reforma hay que hacer esa es la primera que se debe hacer”, consideró ya que “la transparencia en todos los fondos de las campañas es fundamental. Que se sepa de dónde sale el dinero para cada anuncio que se pauta. Es muy importante que se conozca porque así evitaremos que el narcotráfico se infiltre en nuestra política”, sostuvo la dirigente empresarial.

Recordó que en Honduras ha habido denuncias de que hay diputados financiados por el narcotráfico, pero nunca ha habido una prueba. “Para evitar esas sospechas que no le abonan a Honduras y a su seguridad es mejor afianzar la transparencia”, insistió.

El rechazo a la financiación de dinero proveniente del narcotráfico para las campañas políticas, es un tema que debe estar en el tapete durante la presente campaña electoral interna y primaria y que también deberá extenderse a las elecciones generales de noviembre de 2013.

La infiltración de agrupaciones delincuenciales como el narcotráfico diferentes instituciones estatales, ha sido una constante preocupación de la sociedad civil organizada del país y de la población en general por el peligro que representa que Honduras se convierta en un narco-Estado o un Estado fallido.

Alerta General

Durante su lanzamiento como aspirante presidencial la semana pasada en Choluteca, el precandidato liberal, Mauricio Villeda, llamó a mantenerse alerta ante lo que podría ser el financiamiento del narcotráfico a las campañas políticas.

“Me disculpan que lo diga, pero hay que luchar también contra la injerencia del narcotráfico en la política, que es un fenómeno que se está dando no sólo en Honduras sino en la región centroamericana”, dijo el aspirante liberal.

“No queremos narcoalcaldes, no queremos narcodiputados, no queremos narcopartidos; no es posible que la droga se vuelva en un convertidor de esclavos”, agregó.

En similares términos se ha manifestado el alcalde de Tegucigalpa y presidente del Comité Central Partido Nacional, Ricardo Álvarez, quien este domingo lanza su candidatura presidencial por el movimiento “Salvemos Honduras”.

Álvarez ha advertido sobre el peligro de que los narcotraficantes entreguen dinero a los políticos hondureños para que estos aspiren a cargos de elección popular.

Fuerte Inversión

Hace unos días, el experto ecuatoriano, Nicanor Moscoso Pezo, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), disertó en Honduras sobre la importancia de rendir cuentas del financiamiento de las campañas políticas.

Moscoso Pezo, quien es ex presidente del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, estimó que en un país latinoamericano una campaña política presidencial requiere de una inversión que oscila en 15 y 20 millones de dólares. Un aspirante a diputado invierte entre 500,000 y un millón de dólares.

Las campañas políticas son onerosas, sostuvo el expositor, e imposibilita la participación de los hondureños de escasos recursos económicos.

Agregó que el 70% del financiamiento se invierte en propaganda y el resto en otros rubros. Y frente a ese gasto millonario, que es muy visible, la gente pregunta y duda sobre si los fondos tienen procedencia lícita y hasta lo relaciona con lo más tenebroso: el narcotráfico.

El experto consideró como opción de transparencia, el erario público debe financiar las campañas políticas y simultáneamente fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de ese financiamiento y de la inversión del mismo. Pero esto, aclaró, es decisión de cada Estado.

Moscoso Pezo destacó la importancia de que los partidos políticos manejen un registro de contribuyentes donde prime la transparencia en el manejo de los fondos.

Debate y Cuestionamiento

Precisamente el financiamiento de las campañas electorales de estos partidos en Honduras, ha sido tema de debate y de cuestionamientos.

El artículo 84 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, establece los partidos legalmente inscritos, deberán recibir ingresos por concepto aportaciones privadas en dinero o especies, registradas en los libros contables de los partidos. Mientras que el artículo 86, se refiere las aportaciones privadas para campañas electorales de candidatos y establece que las contribuciones debe ser canalizadas y contabilizadas por el partido político que postuló el candidato.

Aunque nadie ha podido ofrecer pruebas fehacientes, se pregona a los cuatro vientos que los políticos reciben dinero de los empresarios e incluso del narcotráfico y el crimen organizado.

Analistas y algunos militantes de los partidos políticos no dudan que las instituciones políticas o las candidaturas, reciban fondos de fuentes que la Ley Electoral prohíbe.

Establecer Límites

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso Nacional, el diputado udeísta, Sergio Castellanos, considera que “debe de haber un límite para gastar en una campaña política, por ejemplo el Estado podría decir que solo se pueden gastar 50 millones de lempiras, con eso se evitaría que otros tipos financien, como el narcotráfico y los grupos de poder, estos a cambio de dinero piden favores políticos”.

Por su parte, el analista, Raúl Pineda Alvarado, expresó que “el riesgo de que Honduras se convierta en un narco Estado, o que al menos nuestras principales autoridades contraigan compromisos con jefes de los grupos criminales es una posibilidad muy real”.

Pineda Alvarado considera que las aportaciones privadas a los partidos políticos deben excluirse de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas o “por lo menos reducirse a su mínima expresión”.

Para el miembro de la Barra de Abogados Anticorrupción, Mauricio Velasco, mientras no se establezca un techo o un monto máximo para llevar a cabo las campañas electorales y un uso efectivo de los recursos recibidos los políticos hondureños, seguirán recibiendo dinero “caliente” y se corre el riesgo de que un presidente sea puesto por los narcotraficantes como se ha dado en otros países”.

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