Las condiciones adversas, internas e internacionales, para nuestro bienestar común: demuestran que es impostergable salir de la abulia e inercia y dar proactivamente una respuesta comprometida con el desarrollo sostenible y el progreso humano. Necesitamos iniciar responsablemente la transformación pacífica, en Honduras y Centroamérica, con la conciencia de nuestra capacidad de lograrlo, bajo el imperio del Estado Constitucional de Derecho que comprende también el Derecho Comunitario Centroamericano, porque de no hacerlo destruiremos nuestra organización democrática como sociedad y Estado, así como comunidad centroamericana.
Honduras
Situación humanamente insoportable. A pesar de la vigencia formal de la Constitución de la República de 1982: no hemos podido superar las amenazas históricas a nuestro proceso de democratización y desarrollo, provenientes de males, como crimen organizado, corrupción, impunidad, fraude a la Constitución, desidia social y otros que continúan siendo amenazas y males presentes contra la seguridad humana y el bienestar personal, familiar y de nuestras comunidades.
Daños a nuestra seguridad y bienestar que, dada nuestra interdependencia global, se han exacerbado durante la crisis de la pandemia de coronavirus y el impacto negativo de los efectos de la injustificable guerra de agresión contra Ucrania.
Esas amenazas y males han agravado también situaciones de pobreza y desigualdad social, en nuestro país, irrespetando la dignidad de todas las personas, la supremacía del Estado democrático y social de Derecho y el funcionamiento debido de las instituciones y de los mecanismos independientes de control.
Todo ello ha producido confusión, violencia y temor entre la población que ha disminuido su confianza, en sí misma, en la institucionalidad pública y de la sociedad y en el acceso a la justicia que garantice el goce y cumplimiento cierto de los derechos humanos y el bienestar común.
Hora del cambio pacífico. Son por tanto censurables, a todas luces, las actuaciones de los nuevos funcionarios administrativos y legisladores que si bien señalan y critican el rumbo ciertamente errado de actuaciones de anteriores servidores de poderes públicos: a pesar de ese formal y reiterado discurso, siguen actuando por las mismas vías irregulares, aparentando respeto a formas y procedimientos, pero desviándose de constitucionales mandatos normativos.
Lo que caracteriza aspectos antidemocráticos en la conducta política de algunos funcionarios. Se ha entrado así en un proceso de progresiva pérdida de la legitimidad inicial de su representación popular, al separarse de la primacía de la Constitución, tratados internacionales y leyes compatibles que aseguran el ejercicio efectivo de los derechos humanos, para el disfrute del bienestar común, la seguridad humana, libertad y paz.
Ante esa situación, ciudadanía activa y Gobierno responsable, en sus tres poderes e institucionalidad pública, debemos unirnos y demostrar fehacientemente que, gobernantes y gobernados, estamos determinados a poner fin a esas prácticas políticas engañosas de ayer y de hoy, dando cumplimiento solidario a nuestros deberes bajo el imperio y respeto del Estado Democrático y Social Derecho que coloca a la dignidad de la persona humana en el centro y fin de la acción estatal y social, y que se garantiza directamente por la supremacía constitucional, en el ejercicio del poder público y el comportamiento de las personas en sociedad.
De esa forma y con el fortalecimiento de la institucionalidad pública, mejoraremos real, progresiva e integralmente las condiciones de vida y de trabajo de todas las personas que habitamos Honduras, mediante el cambio pacífico conducente a asegurar la dignidad humana para lograr el disfrute cierto de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar común que el pueblo con todo derecho soberano, por medio de la Constitución de la República y sus mandatos complementarios, ordena garantizar, a sus representantes en el Estado.
Si no nos unimos y actuamos por la dignidad humana y el bienestar común, nos autodestruiremos como sociedad y Estado. La primera necesidad y deber de República de Honduras es asegurar, a toda su población, sus propios medios de subsistencia para que, con su propio trabajo, puedan ganarse los ingresos y bienes para cubrir sus necesidades vitales. Este es el primer paso hacia el cambio pacífico por la dignidad humana, mediante la aplicación real y verdadera de nuestra normativa constitucional y tratados internacionales, incluyendo el Derecho Comunitario Centroamericano.
Es injustificable retrasar la hora del inicio de la transformación nacional. Se debe comenzar ya, aplicando, las riquezas, recursos naturales y capital humano de Honduras a atender prioritariamente necesidades urgentes de la población en situación de pobreza y a proveer simultáneamente al desarrollo sostenible local y nacional.
Ese es el Estado de derecho que la Constitución de la República fortalece y perpetúa, tal como lo señala en su preámbulo y artículos 1 a 5, 15 – 21 y 375.
CENTROAMERICA
Las amenazas comunes y la respuesta unitaria. Las condiciones nacionales de vida y las crisis actuales, incluyendo las repercusiones negativas de la guerra de agresión contra Ucrania, amenazan la seguridad humana y el desarrollo sostenible de los pueblos de cada uno de los Estados centroamericanos.
Situación que demanda, en mayor o menor medida, precisar objetivos nacionales más claros para el mejoramiento progresivo de la calidad vida de sus habitantes; gobernabilidad y buena gobernanza de la institucionalidad; mayor participación política de la ciudadanía y su veeduría social constante sobre los asuntos públicos.
Ante ese contexto situacional y la actual coyuntura de reordenamiento internacional mundial: los Estados centroamericanos respetuosos de la democracia y del Estado de Derecho, deben también cumplir con el Derecho Comunitario, revitalizando y relanzando el Sistema de la Integración Centroamericana, por el bien común de sus pueblos.
Potencial de efectividad de la respuesta unitaria. Son ocho los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con el compromiso jurídico y político de actuar siempre con fundamento en la tutela, respeto y promoción de los derechos humanos de los pueblos de todos y cada uno de ellos.
Compromisos jurídicos contraídos para transformar a Centroamérica en una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo; logrando progresivamente que nuestros pueblos disfruten de un sistema regional de bienestar común, justicia social y de conservación de los ecosistemas y protección del medio ambiente.
El medio previsto para edificar la región centroamericana visualizada es el funcionamiento eficiente y eficaz de la institucionalidad de ese Sistema de la Integración (SICA) y el cumplimiento, por cada Estado miembro, de sus compromisos jurídicos, tal como se ordena en la normativa del derecho comunitario centroamericano.
En orden a ese cumplimiento, es deber del Sistema de la Integración Centroamericana y de cada uno de los Estados miembros, avanzar en la integración social y cultural, económica, medioambiental y ecológica, observando principios de buena fe e identidad y solidaridad centroamericanas y reafirmando y consolidando la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas.
Ordenamiento y posicionamiento inteligente de nuestras ventajas. En nuestro quehacer regional centroamericano importa aprovechar racionalmente y manejar eficientemente nuestras riquezas, recursos naturales y nuestro capital humano, sabiendo valorizarlos conjuntamente en nuestras relaciones internacionales, incluyendo nuestra posición geográfica, medio ambiente, diversidad biológica y alternativas para el desarrollo sostenible que, entre otros factores, hacen de Centroamérica una arteria vital en la globalización, en la atracción de inversiones, la comunicación y la cooperación.
Las relaciones internacionales del SICA y sus Estados miembros con terceros Estados, deben guiarse complementariamente por los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Ante los procesos geopolíticos en curso y la nueva era de reordenamiento de las relaciones internacionales que se anuncia: el Sistema de la Integración Centroamericana y los Estados miembros deben saber ubicarse inteligentemente, manteniendo, como prioridad, el cumplimiento del Derecho Comunitario, en su objetivo de paz, democracia, libertad y desarrollo que posibilita el logro de un sistema regional de bienestar común, justicia social y de conservación de los ecosistemas y protección del medio ambiente, sustentados en el respeto, protección y promoción de la dignidad humana de los pueblos centroamericanos, con apertura a relaciones de le y buena vecindad, amistad y cooperación con todos los Estados del mundo.
En conclusión, Todo lo anterior, es viable y factible y asimismo jurídicamente obligatorio, según el Protocolo de Tegucigalpa de Reforma a la Carta de la ODECA que, en su función de Tratado Constitución, instituyó el Sistema de la Integración Centroamericana; la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) y otros instrumentos complementarios y actos derivados que conforman el Derecho Comunitario Centroamericano.
Es evidente que, para asegurar el disfrute efectivo de derechos humanos y el bienestar común en Honduras, debemos seguir el plan trazado en la Constitución de la República y los Tratados internacionales. Para apoyar complementariamente ese logro por la dignidad y el bienestar, al igual que el de todos los pueblos de los otros Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), debemos seguir el plan trazado en los instrumentos jurídicos que, entre los Tratados, conforman el Derecho Comunitario Centroamericano.
A pesar de la falta significativa de aplicación, por los gobiernos, del estado de derecho nacional y centroamericano: ese ordenamiento normativo sigue siendo de cumplimiento obligatorio y exigible jurídicamente a todos los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Aún se sigue esperando una actitud más juiciosa y respetuosa del estado de derecho de parte los sucesivos gobiernos centroamericanos, cuyos Estados, desde 1991, se comprometieron a cumplir democráticamente sus responsabilidades por la paz, la democracia, el desarrollo y la libertad de sus pueblos.
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