Tegucigalpa – Honduras cumple este domingo 801 días desde que se hizo la promesa del gobierno de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), pero esa propuesta se ve cada vez más lejana, pese a los constantes reclamos de diversos sectores de la sociedad.
Cuando la presidenta Xiomara Castro asumió su mandato el 27 de enero de 2022, una de las primeras promesas del discurso fue la instalación de la CICIH, como parte de su oferta política que derrotó al Partido Nacional que gobernó los últimos tres periodos (12 años).
Aunque la CICIH no es una petición nueva de la población y sectores de sociedad civil, sí ha sido persistente el deseo de instalar un mecanismo internacional que combate la corrupción e impunidad frente a la desconfianza en el sistema de justicia hondureño.
Cabe recordar que en 2015, la población hondureña exigió su deseo mediante “marcha de las antorchas” una forma de expresión para presionar al entonces presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) para que negociara con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Aunque no se instaló la CICIH, llegó la MACCIH, que no tenía la confianza de la población, pero logró tocar esferas del poder, lo que ocasionó que no se renovara su mandato y por ende la marcha del mecanismo en 2020.
Sumado a los señalamientos de tener políticos y líderes hondureños implicados en actos de corrupción, algunos incluso hasta en el narcotráfico, se constituyen en la tormenta perfecta para no demorar más la instalación de un mecanismo anticorrupción con uñas y dientes.
No obstante, aquella promesa del 27 de enero de 2022, se diluye cada día, porque el período de este gobierno está a punto de vencer, sin la certeza que el oficialismo pueda continuar en el poder, y en el horizonte el inicio de un proceso electoral que acapara toda la atención porque se juega el destino del país para los próximos cuatro años.
El gobierno afirma que tiene intención de que se instale la CICIH. Las declaraciones de sus funcionarios y diputados oficialistas así lo expresan, pero las acciones contradicen el discurso oficial.
Incluso, algunos personajes del oficialismo se han atrevido a culpar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que no haya una CICIH en el país, como ocurrió recientemente con el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, también cuñado de la presidenta Castro.
La última información oficial que surgió fue que se declarara en reserva de confidencialidad del proceso de negociación entre la ONU y el gobierno, un hecho que es rechazado porque se le agrega mayor incertidumbre a la eventual llegada de la misión.
Esto genera una controversia y una oleada de críticas de sectores, diputados y partidos políticos opositores señalando que el antecedente de declaratoria de reserva no ha sido para el bien del país, sino para esconder cosas turbias.
No obstante, autoridades del gobierno como el canciller Eduardo Enrique Reina argumentó que la declaratoria de reserva es debida a una solicitud de la ONU.
Sin embargo, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Hermes Moncada, salió al paso para revelar que no recibió solicitud del gobierno de declarar en reserva la negociación del convenio.
Varios profesionales del derecho, sociedad civil y analistas mantienen su postura que la declaratoria en reserva de información es falta de transparencia, por mucho que el gobierno lo quiera negar.
Hay organizaciones que empiezan a presionar al gobierno como recordándoles los días que no lleva instalado la CICIH y, otros que empieza a insinuar de volver a las calles a marchar con las antorchas como el Frente Parlamentario.
Pese a esto, no hay una versión oficial de donde está el cuello de botella para que las negociaciones no fluyan con celeridad, solo versiones como aprobación, derogación o reforma de leyes, que es una tarea que le corresponde al Congreso Nacional.
La última reunión que sostuvo la comisión del gobierno fue el pasado viernes con organizaciones de sociedad civil como el Cespad, Ciprodeh, Coiproden y el Fosdeh para conocer propuestas de líneas de acción relevante que consideran debe contener el convenio.
Curiosamente, ningún portavoz de las organizaciones de sociedad civil mencionó si la comisión del gobierno les estimó una fecha de llegada, sólo calificaron el encuentro como una reunión fructífera.
La firma del memorándum de entendimiento entre el gobierno y la ONU está por vencer por segunda vez. El plazo fatal es a mediados de este años y bajo esa premisa deben darse pasos certeros, de lo contrario la CICIH quedará como una oferta más de campaña política. AG
