En una audiencia celebrada en la sede de la Corte, en San José de Costa Rica, los camarógrafos de Radio Caracas Televisión (RCTV) Carlos Colmenares y Antonio Monroy describieron agresiones de bala que sufrieron mientras realizaban su trabajo.
Colmenares denunció que cuando realizaba una cobertura de un disturbio, el 19 de agosto de 2005, recibió un disparo de parte de un oficial de la policía, cuyos perdigones le causaron heridas en el cuello, un brazo y una pierna.
El camarógrafo recibió otro balazo en una pierna el 3 de marzo de 2004 de parte de una persona no identificada durante un disturbio.
Por su lado, Monroy fue herido de bala en una pierna durante una manifestación el 31 de julio de 2002 cuando cubría un juicio contra militares frente al Tribunal Supremo de Justicia.
En ambos casos, las víctimas aseguran que el Estado no se preocupó por investigar y sancionar a los responsables.
Por su parte, Carlos Ayala, uno de los abogados de las víctimas, comentó a Acan-Efe que «este es un caso de 20 víctimas, entre periodistas, camarógrafos y trabajadores de RCTV que entre 2002 y 2005 sufrieron más de 23 agresiones por las cuales el Estado debe ser declarado responsable, ya que fueron incitadas desde discursos públicos».
Agregó que esas agresiones «no fueron sancionadas ni investigadas» y que pide a los jueces reparaciones económicas y «la no repetición de hechos similares que hasta hoy se siguen presentando».
El otro abogado de las víctimas, Pedro Nikken, explicó que «en Venezuela el Estado ha sido muy intolerante con la crítica y ha atacado duramente a medios de comunicación independientes como RCTV».
Explicó que los trabajadores de RCTV «fueron atacados por el solo hecho de pertenecer al canal» y añadió que la integridad y seguridad de los periodistas «deben ser preservadas, no importa para quien trabajen».
El agente del Estado, Germán Saltrón, declaró a Acan-Efe que este juicio va a permitir que la Corte «se plantee la necesidad de juzgar a los medios de comunicación que en Venezuela han actuado irresponsablemente, de una manera antidemocrática, propiciando golpes de Estado y la desestabilización del país».
«Un fallo a favor de los medios sería grave porque va a estimular a que ellos sigan desestabilizando, y hoy es Venezuela, mañana puede ser Bolivia, Ecuador Brasil, Argentina, Paraguay, puede ser cualquier otro país».
Subrayó que entre 2001 y 2005, en Venezuela se produjeron más de 2.000 manifestaciones y comentó que las tres heridas de bala denunciadas por RCTV es un número «insignificante».
«En Venezuela hay total libertad de expresión, respeta el Estado venezolano la libertad de expresión como ningún otro país», afirmó.
El Estado presentó como testigo al ministro de Comunicación y presidente del canal estatal Telesur, Andrés Izarra, quien fue gerente de producción de RCTV entre los años 1999 y 2002.
Izarra declaró que los ejecutivos de RCTV ordenaron una cobertura de «cero chavismo» durante el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez el 11 de abril de 2002, así como en los días previos y posteriores.
«Se cambió de una línea de balance de la información a una posición de militancia política» afirmó y enfatizó en que «el canal asumió una actitud abierta de incitación y apoyó las acciones de la oposición política que terminaron en el golpe de Estado».
La denuncia por este caso fue elevada a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2007.
El 27 de mayo de 2007 RCTV dejó de emitir en abierto cuando venció su última concesión por dos décadas, la cual no fue renovada por el Gobierno, aunque volvió al aire casi dos meses después a través del sistema de pago o cable.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1979, es una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio.
