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Tormenta de Fuego XI deja más de 230 capturas y aseguramientos por corrupción

Tegucigalpa – El Ministerio Público ejecutó este martes la Operación Tormenta de Fuego XI, con el objetivo de realizar capturas por estafas y corrupción, así como requerimientos fiscales contra varios policías con requerimientos fiscales a nivel nacional.

Las acciones de la Fiscalía hondureña culminaron con 234 capturas, 257 requerimientos fiscales, 67 allanamientos y 15 aseguramiento de bienes. La operación se ejecutó en todo el país.

El golpe más fuerte fue la captura de nueve personas señaladas por el colapso financiero del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), entre ellos el expresidente de ese ente gremial Olvin Mejía, además de un fiscal de Derechos Humanos asignado en San Pedro Sula, de nombre Rossel Arturo Velásquez López.

Las detenciones también abarcaron a varios exempleados del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, acusados por los delitos de administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones y falsificación de documentos privados en perjuicio del Sistema Financiero Nacional y la fe pública de forma respectiva.

Entre los exempleados capturados están Pastor Eliut Valladares Romero, Óscar Reinaldo Casco, Francisco Arnulfo Valladares, Héctor Rodolfo Andino Maldonado, Santos Porfirio Alvarenga Nolasco y Roberto Andrés Romero.

Asimismo, entre los resultados se presentaron al menos 100 requerimientos fiscales a nivel nacional contra agresores de mujeres, a quienes se les giró órdenes de captura.

Igualmente, otra de las fiscalías especiales continuó con el caso del Programa de Asignación Familiar (PRAF), donde en la administración pasada se presume que se favoreció con más de 500 contratos de capacitación fraccionados a varias sociedades mercantiles y grupos de sociedad civil por un monto aproximado de 100 millones de lempiras, en esta investigación hay exfuncionarios y personas particulares, en tal sentido se decomisaron documentos e hicieron otras diligencias investigativas.

Tormenta de Fuego XI se desarrolló bajo la coordinación de las fiscales regionales, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), las fiscalías especiales, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y Operaciones Especiales del Ministerio Publico y se tiene como un importante apoyo a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).

Asimismo, el Comando de Operaciones Especiales (Cobras), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), el Ministerio de Salud, equipos municipales y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

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