Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en atención a las declaraciones públicas realizadas por el titular del Congreso Nacional de la República, a través de redes sociales, formuló a la opinión pública el siguiente pronunciamiento:
Que conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral, en concordancia con el artículo 53 de la Constitución de la República, este Tribunal es un órgano jurisdiccional autónomo e independiente, cuyas resoluciones y sentencias deben emitirse sin ningún vínculo de dependencia, acatamiento o sometimiento a autoridad alguna, incluyendo los poderes del Estado, partidos políticos, candidatos o cualquier otro sector de la sociedad hondureña.
Que las manifestaciones realizadas por el Presidente del Congreso Nacional, al formular juicios y valoraciones sobre la actuación de magistrados propietarios del Tribunal de Justicia Electoral, constituyen una injerencia indebida en la función jurisdiccional y un atentado directo contra la independencia judicial, principio esencial del Estado de Derecho y pilar fundamental de la democracia representativa.
El Tribunal de Justicia Electoral rechaza categóricamente cualquier forma de presión, coacción o amenaza proveniente de funcionarios públicos o actores políticos, que pretendan influir o condicionar las decisiones jurisdiccionales emanadas de este órgano, recórdando que tales conductas podrían ser constitutivas de delitos tipificados en la legislación penal vigente, por atentar contra la administración de justicia y la independencia de este órgano jurisdiccional.
El Tribunal reafirma que su actuación se rige exclusivamente por la Constitución de la República, la Ley Orgánica y Procesal Electoral, y las normas aplicables en materia de justicia electoral, manteniendo su compromiso inquebrantable con la legalidad, la imparcialidad, la transparencia y la defensa del orden constitucional.
En consecuencia, este Tribunal hace un llamado al respeto irrestricto de la independencia judicial y la autonomía de los órganos electorales, recordando que toda intromisión en su quehacer jurisdiccional representa una amenaza grave a este órgano constitucional autónomo e independiente y a la legitimidad del proceso electoral en curso. PD
