El reportaje seriado del diario de Washington explica que la situación afecta a unos 33.000 internados en centros masificados que esperan la deportación o una vista judicial.
Para el diario, las negligencias médicas que sufren forman parte del coste humano derivado del endurecimiento de las políticas de seguridad e inmigración estadounidense tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la falta de planificación ante el impacto de esas mismas políticas.
«Los detenidos tienen menos acceso a la asistencia jurídica que los asesinos convictos de las prisiones de máxima seguridad y algunos incluso padecen peores condiciones que los prisioneros de la base de Guantánamo sospechosos de pertenecer a Al Qaeda», añade el diario.
Precisa que «no son terroristas» y cita como ejemplo el caso de un periodista que huyó por miedo del Congo y que trabajaba como conductor de vehículos de lujo para mantener a sus seis hijos estadounidenses, pese a lo cual nunca obtuvo asilo.
La investigación encontró un «mundo oculto de diagnósticos médicos erróneos, malas prácticas administrativas, guardias negligentes, técnicos mal preparados, fallos burocráticos, extravío de expedientes médicos y peligrosas estrecheces de personal».
Añade la información que se propagan las enfermedades contagiosas como la tuberculosis o la varicela y los funcionarios, en muchos casos, no han recibido la instrucción necesaria para tomar las medidas de aislamiento y prevención necesarias.
Igualmente critica el periódico el aumento de la presencia de costosas contratas privadas, propietarias de siete de los 23 centros de atención médica.
«Los perros reciben mejor trato en las perreras» afirma Catherine Pound, una enfermera que dimitió el pasado año dos meses después de comenzar su trabajo en el centro de detención de Arizona.
Un comunicado remitido al diario por la agencia de Inmigración y Aduanas afirma que en el año fiscal 2007 fueron destinados casi 100 millones de dólares a la asistencia sanitaria de los inmigrantes detenidos y precisa que uno de cada cuatro internos padece una enfermedad crónica.
La investigación incluye correspondencia electrónica entre diversos funcionarios en la que, no sólo admiten la gravedad del problema, sino que se plantean la necesidad de cubrirse legalmente mediante pólizas de seguros ante eventuales demandas judiciales.
Como ejemplo de la falta de personal médico cualificado, «The Washington Post» subraya que el pasado febrero el 30 por ciento de las plazas para esta asistencia médica estaban vacantes, en parte debido al prolongado proceso para obtener las credenciales de acceso.
Los centros generalmente están ubicados en zonas remotas, despobladas, desérticas o lugares ruidosos como las inmediaciones de aeropuertos o prisiones, aclara el rotativo.
En el sur de Texas, en el condado de Willacy, el mayor centro de internamiento que acoge a 2.018 detenidos no hay director médico ni farmacéutico, tan sólo un psiquiatra a tiempo parcial.
En el centro de internamiento de Eloy, en Arizona, con 1.500 inmigrantes recluidos, cerca de la mitad de las plazas de enfermería no han sido cubiertas mientras que en el de Jena, recientemente abierto en Los Angeles, con 744 plazas para internos, son las enfermeras las que dirigen la atención médica sin facultativos.
