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También hay otros ilícitos que deben investigarse a exmiembros de la Judicatura, afirma Mario Díaz

Tegucigalpa – El coordinador de los Tribunales de Sentencia, Mario Díaz, subrayó el requerimiento fiscal del Ministerio Público en contra de los exintegrantes del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, señalados por más de 600 delitos de corrupción.

– Díaz ha sido uno de los que más ha insistido en castigar severamente las actuaciones del pleno del extinto Consejo de la Judicatura.

Los acusados en el requerimiento son: Jorge Rivera Avilés, Teodoro Bonilla, Julio César Barahona, Liliam Maldonado, Francisco Quiroz y Celino Aguilera.

Ante esa situación, Díaz calificó las acciones de la Fiscalía como “de alto impacto”, un trabajo bastante arduo y hasta cierto punto lento, pero hay que entender la magnitud de lo investigado, dijo.

“Manifestamos nuestra satisfacción porque ya nos sentíamos bastante preocupados porque el mismo parecía dilatarse más de lo necesario, pero ya el día de hoy nos enteramos de la noticia que es importante para el Poder Judicial”, declaró.

Dijo que se trata de uno de los casos de corrupción más grandes en la historia del Poder Judicial en el país. “Se supone que los funcionarios que aquí trabajamos debemos ser los más honrados, los más honestos y los más probos en cuanto a actos de corrupción”, asistió.

Díaz citó que la mayor parte de la acusación está relacionada al mal manejo de fondos en el desaparecido Consejo de la Judicatura, aunque refirió que hay otros casos como nombramientos arbitrarios, destituciones ilegales, uso irracional de los recursos humanos de la institución, entre otros ilícitos.

El coordinador de los Tribunales de Sentencia manifestó que como parte del Poder Judicial espera que las acusaciones lleguen a todos los involucrados.

Valoró el requerimiento fiscal del MP al especificar los ilícitos en que incurrieron cada uno de los exintegrantes del Consejo de la Judicatura.

A los ahora procesados se les imputan 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, específicamente en lo que corresponde a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos, a través de lo cual se habrían desviado alrededor 13.5 millones de lempiras, por concepto de giras nacionales y al extranjero.

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