Tegucigalpa – Un tribunal decidió suspender el juicio oral y público contra el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, y los exviceministros Javier Pastor y Carlos Montes, imputados en el caso de coimas recibidas por agilizar el pago a empresas de maletín.
La cita judicial se pospuso para el lunes 23 de enero a petición de la defensa, aunque este día se conoció una prueba anticipada.
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— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 16 de enero de 2017
El relacionista público de la Fiscalía, Carlos Morazán, dijo que “consideramos que la declaración de una testigo clave -investigadora estadounidense- es importante para sostener la prueba acusatoria de la manera en que se lavaron 51 millones de lempiras del Seguro Social”.
Según investigaciones realizadas por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal(UNAF) los encausados habrían recibido un supuesto beneficio económico para favorecer a la Compañía de Servicios Múltiples (COSEM), donde se pudo establecer que en fecha 30 de noviembre del año 2010 se aprobó la adjudicación del concurso público internacional N0. 01/2010 sobre la “Contratación de servicios profesionales de programación, digitación, automatización, sistematización de archivos y bases de datos de planillas tarjetas de afiliación de la cuenta individual de IHSS”, a la sociedad mercantil COSEM por un monto de 19 millones 775 mil dólares.
El expediente donde se señala el delito establece que Zelaya Rojas abusando de su condición de director contactó al señor Oscar Laínez, gerente de COSEM, manifestándole que a cambio de agilizar los trámites de la licitación, era necesario la realización de ciertos desembolsos de dinero a las cuentas bancarias de Montes y Pastor bajo el argumento de que estos formaban parte de la Junta Directiva de la institución y que entre todos contribuirían a facilitar los procesos.
Es así como Jorge Herrera y Roberto Laínez socios de la empresa, iniciaron la entrega de dádivas a los imputados por medio de fondos provenientes de las cuentas de cheques a nombre de COSEM y posteriormente se crearon las empresas CA. Tecnologías y Central Tecnologías ambas de Sociedad de Responsabilidad Limitada, realizando transferencias y compras de bienes a nacional e internacional, entrega de cheques y trasferencias a nombre de terceras personas en la forma que les indicaban los imputados, medios utilizados para el proceso de lavar dinero, según las investigaciones.
