Guatemala – La Corte Suprema de Justicia tramitó hoy una solicitud de antejuicio (desafuero) en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal) por supuestamente «excederse en sus funciones» al suspender el cese de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El antejuicio, que fue presentado por el representante de la Asociación de Dignatarios de la Nación, Guillermo Pellecer Rodas, ya fue trasladado al Congreso, de mayoría aliada al oficialismo, que deberá definir si retira la inmunidad de los magistrados que han presuntamente «limitado» las decisiones del presidente, Jimmy Morales, en materia de política exterior.
El portavoz del Organismo Judicial, Mario Siekavizza, informó este miércoles en declaraciones a los periodistas que los tres magistrados constitucionales sujetos al antejuicio son Francisco de Mata Vela, Boanerge Mejía y Gloria Porras, debido a que «el artículo 183 inciso O de la Constitución le permite al Ejecutivo conocer asuntos de política exterior».
Siekavizza sostuvo que en la solicitud de antejuicio avalada por mayoría de 11 votos a 2 por el Supremo no fueron delimitados los delitos en los que pudieron haber incurrido los magistrados, pues la resolución se basó en que éstos «limitaron» al presidente Morales en sus facultades.
En su resolución, los magistrados del Supremo afirmaron que los tres jueces del Constitucional «actuaron contrario a derecho por haber limitado el actuar de los funcionarios públicos».
El Constitucional guatemalteco suspendió provisionalmente la madrugada de este miércoles la terminación anticipada y unilateral del acuerdo del Gobierno y la ONU para el establecimiento de la CICIG, que había anunciado un día antes el presidente Morales por considerar que la Comisión se había «extralimitado» en sus funciones y realizado actos «ilegales».
Por su parte, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, insistió este día que la entidad «finalizará con su mandato estipulado hasta septiembre», y que se analizan «distintas acciones a realizar para continuar con sus tareas», mientras el personal de la Comisión se encuentra fuera del país, luego de haber salido el martes.
La Comisión fue creada por un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU en el 2006 con el fin de desmantelar las mafias y corruptelas en el Estado, y su mandato había sido renovado en cinco ocasiones, venciendo el último el próximo septiembre.
