Brasilia– La Corte Suprema de Brasil aguarda que la Presidencia entregue un video clave para una investigación que intenta establecer si el mandatario Jair Bolsonaro ha incurrido en delitos de abuso de poder, según insinuó el exministro Sergio Moro.
El video corresponde a una reunión que Bolsonaro celebró con sus ministros el pasado 22 de abril, días antes de la renuncia de Moro, y según ha declarado el exmagistrado de la operación anticorrupción Lava Jato, en ese encuentro el mandatario explicitó su intención de interferir en la Policía Federal, organismo autónomo de la Justicia.
Según Moro, la discordia nació de la insistencia del mandatario en sustituir al director de la Policía Federal y entregar el cargo a un amigo de su familia, lo cual finalmente hizo, aunque el nombramiento fue anulado por el Supremo precisamente por esa proximidad.
De todos modos, el Gobierno ha insistido y, si bien ya designó a otro director del organismo policial, ha pedido que la anulación del nombramiento de Alexandre Ramagem, amigo de la familia Bolsonaro, sea «reconsiderada» por la Justicia.
Moro renunció tres días después de esa reunión de ministros y, en un explosivo pronunciamiento, sugirió que Bolsonaro pretendía «interferir» en la Policía Federal y podría haber incurrido en otros delitos, como abuso de poder, lo que obligó a la Fiscalía General a iniciar una investigación, bajo la tutela del Supremo.
El exministro reafirmó sus declaraciones en un testimonio ante la Justicia y sus abogados pidieron que el vídeo fuera entregado por la Presidencia, pues sería clave para probar la conducta irregular del líder de la ultraderecha brasileña.
El propio Bolsonaro aludió al vídeo públicamente días antes de la declaración de Moro y llegó a decir que lo haría público en cuestión de días, una vez que fuera «subtitulado».
Sin embargo, no lo hizo y, cuando fue exigido por la Justicia, la Presidencia alegó que sólo podría presentar algunos trechos, pues en la reunión de ministros también se discutieron asuntos delicados de la órbita exclusiva del Ejecutivo.
«En esas reuniones se discuten asuntos que tienen que ver con la seguridad nacional, relaciones con otros países o temas económicos que pueden tener gran repercusión», explicó el ministro de la Presidencia, Walter Braga Neto.
Con esa justificativa, la Presidencia propuso entregar apenas una parte del video, lo cual parece no satisfacer al magistrado Celso de Mello, decano del Supremo que supervisa la investigación que realiza la Fiscalía y quien demanda el contenido íntegro del audiovisual.
De Mello ha dado plazo hasta la mañana de este sábado para que sea entregado vídeo y, aunque puede prorrogarlo, fuentes judiciales dijeron a Efe que no está inclinado a hacerlo.
Según esas fuentes, si la Presidencia incumple el plazo, podría incurrir en un «desacato» y llevar a la Justicia a ordenar medidas cautelares e incluso al eventual extremo de registrar la sede del Gobierno en búsqueda del polémico video.
UN EVENTUAL PROCESO QUE HASTA PODRÍA DERRUMBAR A BOLSONARO
La investigación es de una importancia política crucial, pues si se hallasen indicios suficientes para una acusación formal contra el mandatario, Bolsonaro podría ser suspendido del cargo durante los 180 días que duraría el juicio.
Sin embargo, más allá del carácter jurídico, el asunto tendría también aristas políticas, pues un eventual proceso contra un jefe de Estado requiere la autorización de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados.
La investigación ocurre en un momento en que Bolsonaro mantiene un duro enfrentamiento con el Parlamento y la Corte Suprema por su censura abierta a las cuarentenas para contener al coronavirus, que hasta hoy ha dejado en el país más de 9.100 muertos, con la pandemia aún lejos de llegar al pico.
De hecho, este jueves, el mandatario hizo una visita «sorpresa» al presidente del Supremo, José Antonio Dias Toffoli, acompañado de un grupo de influyentes empresarios, para exigir apoyo de la corte a una retomada de las actividades económicas.
Dias Toffoli escuchó, pero aclaró que las cuarentenas dependen, por preceptos constitucionales, de los gobernadores y alcaldes y que la Justicia nada puede hacer contra eso.
Aún cuando no tenía relación alguna con la investigación contra Bolsonaro, fuentes judiciales dijeron a Efe que algunos de los once magistrados de la corte entendieron esa visita como una «intención de interferir» en asuntos ajenos a la Presidencia, la misma sospecha volcada por Moro al momento de su renuncia.
Esa visita enturbió aún más un clima ya enrarecido por la asidua presencia de Bolsonaro en manifestaciones que demandan la reapertura de la economía, el «cierre» del Parlamento y la Corte Suprema y una «intervención militar» contra esos poderes de la República.
