Nairobi – El número de etíopes que han llegado en los últimos días a Kenia buscando refugio asciende a 5.000, informó hoy la Cruz Roja keniana, que los asiste en centros cercanos a la frontera con Etiopía.
El flujo de etíopes, que incluye a mujeres embarazadas y lactantes y personas con enfermedades crónicas en grave estado, se produce tras una serie de sucesos violentos y protestas constantes en la zona sur de Etiopía.
El último parte de la Cruz Roja, emitido ayer, lunes, informaba de 2.000 refugiados, con lo que la cifra se incrementó hoy de manera aguda.
La mayoría de estas personas se concentran en la ciudad de Moyale y la zona de Sololo, en el norte de Kenia.
«Hasta ahora, hemos respondido solo de forma humanitaria, mirando temas como sanidad, agua, saneamiento y comida», afirmó en un comunicado el secretario general de la Cruz Roja de Kenia, Abbas Gullet, al agregar que este lunes se envió un equipo médico y de alivio para evaluar a esas personas.
«Actualmente, el estatus de refugiados de estos individuos debe aún determinarse. Una vez se haga esta determinación, entonces puede haber un asentamiento adecuado de campos si es necesario, porque, de momento, la mayoría están integrados con anfitriones de la comunidad, familiares y amigos», agregó Gullet.
El secretario general advirtió de «serios desafíos» en la zona por la venida de la estación de lluvias.
«Esperamos y rezamos para que se encuentre una solución», añadió Gullet.
Horas antes, la directora de relaciones públicas y comunicación de Cruz Roja, Noellah Musundi, dijo a Efe que, «hasta el momento, estamos tratando a unas 500 familias», que cifró en «al menos 2.000 demandantes de asilo», puesto que cada unidad familiar tiene en torno a 4-6 personas, si bien ese número ha aumentado.
Los refugiados etíopes comenzaron a llegar el sábado por la noche y «es posible que lleguen más», advirtió la portavoz.
«Estamos haciendo una evaluación de la situación para establecer las necesidades específicas y saber qué necesitan los demandantes de asilo, porque la mayoría son madres e hijos», explicó Musundi.
En los últimos días, las fuerzas de seguridad de Etiopía han admitido haber asesinado a 9 civiles y herido a otras 12 en la localidad de Moyale, situada en un punto estratégico de comercio en la frontera con Kenia, al confundirles con militantes de un grupo opositor separatista considerado terrorista por el Gobierno de Adís Abeba, el Frente de Liberación Oromo (OLF).
Además, la semana pasada otras 7 personas murieron en otros incidentes a manos de fuerzas de seguridad.
El pasado 16 de febrero, el primer ministro de Etiopía, Hailemariam Desalegn, que había anunciado su dimisión un día antes, decretó el estado de emergencia durante seis meses prorrogables a otros cuatro debido «los acontecimientos en el país que amenazan la seguridad y el orden constitucional».
Desalegn pretendía calmar las protestas en las regiones de Amhara y Oromia, pero el efecto ha sido el inverso y se ha producido un repunte de las muertes de civiles a manos del Ejército, según denunciaron los medios locales.
Las protestas han provocado disputas entre los cuatro partidos regionales que conforman la coalición gobernante Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope (EPRDF), sobre todo entre los dos que representan a Oromia y Amhara, y el dominante Frente de Liberación del Pueblo Tigray (TPLF).
Desalegn dimitió como primer ministro y como secretario general de la coalición gobernante, pero dijo que seguiría en el cargo hasta encontrar un sucesor, hecho que se espera que se produzca esta semana, cuando la asamblea general del EPRDF nombre un nuevo líder, que será designado automáticamente primer ministro.
El pasado agosto, el Gobierno levantó el estado de excepción declarado en octubre de 2016 por protestas antigubernamentales en las mismas regiones que acabaron con al menos 800 muertos, según datos de Amnistía Internacional, y más de 20.000 detenidos.
