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Solo la CSJ podría frenar abuso de pago de prestaciones a altos funcionarios, dice experto

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Tegucigalpa – El decreto Ejecutivo en el cual se pone a altos funcionarios del Gobierno en la misma posición de trabajadores de Servicio Civil para gozar los mismos beneficios que los empleados comunes, solo podría pararse si la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala de lo Constitucional lo declara inconstitucional, dijo el profesional del derecho Miguel Villela.

El abogado Villela declaró en HRN, que dicho decreto fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 17 de diciembre del 2021 y en el mismo se establece que a los llamados funcionarios de confianza o personal excluido se les aplique la Ley de Servicio Civil, es decir que se equipare con los mismos derechos y garantías que tienen los demás servidores públicos en virtud de la misma ley.

Lo anterior explicó el profesional de las Ciencias Jurídicas es para que funcionarios como secretarios y subsecretarios reciban además de sus derechos adquiridos el pago de preaviso y lo que se denomina auxilio de cesantía, lo que popularmente se conoce prestaciones.

Villela sostuvo que lo anterior “por la naturaleza del cargo mismo de ser altos funcionarios de libre nombramiento y libre remoción del presidente no debería de aplicarse a los secretarios y subsecretarios de Estado además de constituir una contradicción desde el punto de vista jurídico y casi una aberración”.

A este respecto, según el experto “la única manera (detener) sería que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional declarara que ese artículo violenta principios constitucionales y lo declara inconstitucional”.

Explicó que ese procedimiento se tendría que hacer  bajo los principios de ex nunc  y extunc para que sea desde la vigencia del mismo pero que no se deje lugar a retroactividad es decir que se dejó como que nunca existió, para que en el caso de que si alguno (ministros, viceministros),pudo cobrar prestaciones el Estado pueda recuperar los fondos.

Según el abogado del área administrativa el caso también debería verse desde el punto de vista ético y moral de cada funcionario y de los diputados del Congreso Nacional quienes deberían considerar la situación actual del país, puntualizó. LB

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