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Sobreseimiento definitivo a otros dos imputados del caso Pandora

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Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones designada por el Poder Judicial dictó sobreseimiento definitivo a dos imputados del caso Pandora, al mismo tiempo, ordenó dejar sin efecto las medidas cautelares.

Según el comunicado emitido por el Poder Judicial, la Corte de Apelaciones se basó en el artículo 173 numerales 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal para emitir la resolución.

Los beneficiarios son Luis Fernando Urrutia y Claudia Noriega González, acusados del delito de fraude.

El abogado defensor de Luis Fernando Urrutia, Darwin García, amplió que la Corte de Apelaciones declaró sin lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público y con lugar los presentados por la defensa.

“La Corte de Apelaciones ordena dictar sobreseimiento definitivo al ciudadano Luis Fernando Urrutia que será puesto en manera inmediata su libertad y regresar con su familia”, declaró.

El profesional del derecho explicó que la Corte de Apelaciones remitirá la resolución al juez natural que conoce la causa y emitir la orden de libertad, proceso que tardará pocos días. Se prevé que el Ministerio Público interponga recurso de amparo en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones.

En el caso Pandora quedaron sobreseídos: Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Elvin Santos Lozano, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir.

Asimismo, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Jossué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales y Félix Francisco Pacheco Reyes.

El caso Pandora involucró inicialmente a 38 funcionarios, entre ellos varios actuales diputados, por presunta malversación de fondos por más de 282 millones de lempiras de las arcas nacionales.

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