Tegucigalpa / Washington – Una Misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) urgió a los organismos internacionales y organizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos y las instituciones que velan por la defensa de la libertad de expresión y de prensa a “unir fuerzas para exigir el inmediato cese dela represión, la libertad de todos los detenidos por motivaciones políticas” en Nicaragua.
-Un informe de una misión del organismo prolibertad de prensa define a Nicaragua como “país sin ley y sin justicia”.
Lo anterior esta señalado en el informe preliminar emitido por la Misión de la SIP en Nicaragua, la cual durante una semana de relevamiento de datos de forma virtual, elaboró el informe preliminare que entregará al Comité Ejecutivo de laorganización el próximo 16 de julio. La SIP es presidida por elhondureño Jorge Canahuati, presidente del grupo OPSA de Honduras, editora de los diarios El Heraldo y La Prensa, entre otras publicaciones.
El grupo planteará que laprensa internacional continúe informando de lo que ocurre en el país centroamericano, gobernando por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La SIP considera que las próximas elecciones generales del 7 de noviembre serán libres y transparentes “si se recupera un entorno de pleno ejercicio de las libertades de expresión, de prensa y de reunión”, así como las garantías del debido proceso judicial.
La Misión de la SIP, que se realizó de forma virtual debido a las restricciones sanitarias y las limitaciones impuestas para ingresar al referido país, dialogó con periodistas, directivos de medios, dirigentes de oposición, académicos, empresarios, representantes de la sociedad ccivil y de la Iglesia Católica.
Un país sin ley y sin justicia
“Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin Justicia”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del medio argentino La Voz del Interior, quien encabezó las conversaciones junto con el director ejecutivo de la entidad, Ricardo Trotti.
La Misión de la SIP se comprometió a amantener el anonimato de todas las personas contactadas, reflejando el clima de zozobra imperante en Nicaragua luego que hace unas semanas se dieron una sucesión de allanamientos, requisas, persecusiones ilegales y detenciones arbitrarias.
El director ejecutivo de la SIP recordó que las dos misiones anteriores, realizadas tras las protestas de lapoblación que se saldó con más de 300 muertos, pudieron reunirse sin traba con religiosos, referentes políticos y medios de comunicación.
“Ello demuestra el acelerado deterioro de la situación institucional desde entonces”, dijo Trotti.
La deriva autoritaria del gobierno Ortega-Murillo comenzó hace seis meses con la aprobación de una serie de leyes en la Asamblea Nacional, controlada por el régimen sandinista, como la Regulación de Agentes Extranjeros, que llevó al cierre de organismos no gubernamentales, la Ley Especial de Ciberdelitos o “ley mordaza”, delitos de odio y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, con la cual se ha encarcelado a los posibles rivales de los Ortega-Murillo en las elecciones de noviembre.
Embestida
Dicho marco permitió que el régimen persiguiera a toda persona, organización o medio que lo cuestionará, otorgándole poderes omnímodos al gobierno y con ello que la reelección de la familia presidencial no estuviera en riesgo.
En ese marco fueron allanadas las oficinas de los medios Confidencial y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien debió exiliarse por segunda vez en Costa Rica para escapar del gobierno.
Al menos 21 personas han sido llevadas a prisión e incomunicadas o bien están arrestadas en sus domicilios, entre ellos los cinco precandidatos presidenciales detenidos, de acuerdo al informe de la SIP.
El 11 de junio, la Conferencia Episcopal de Nicaragua había alertado sobre “la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos”. Y la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua advertía el 8 del mismo mes que “nadie tiene autoridad para privar arbitrariamente a persona alguna de sus derechos, incluyendo los de expresarse, movilizarse y actuar libremente”, reseña el referido informe preliminar de la organización que vela por la libertad de prensa en el continente.
“Consideramos que están secuestrados (los precandidatos), porque nada sabemos de ellos. Vivimos en una novela de George Orwell”, dijo uno de los dirigentes consultados, según el informe de la SIP y continúa que los abogados habituales de los detenidos son amenazados y en algunos casos debieron emigrar.
“Las personas son apresadas sin que se les informen las causas, la policía emite comunicados en los que se afirma que violaron la ley, lo que vulnera la presunción de inocencia, y recién después un juez toma conocimiento de la causa y da supuesto sustento al operativo”, dijo uno de los entrevistados, indica el documento.
“La misión de la SIP recogió denuncias sobre el accionar de grupos parapoliciales y paramilitares muchas veces encapuchados, que realizan desmanes en viviendas ya allanadas. Presionan también a familiares y personas del entorno de los detenidos o de quienes debieron exiliarse tras recibir mensajes intimidatorios o ser citados a presentarse en dependencias policiales, sin orden de la Justicia. Incluso se recogieron testimonios de que esos grupos ilegales persiguen a exiliados fuera de las fronteras nicaragüenses”, señala el informe preliminar de la Misión de la SIP en Nicaragua.
El informe señala que decenas de empresarios, políticos y periodistas salieron del país en junio, en muchos casos por puntos ciegos de la frontera con Costa Rica.
