En su decisión del pasado 2 de agosto, la fiscal Ana María Tellechea Reck solicitó la pena de prisión para Alfonso por un «delito de difamación en perjuicio de Carlos Alberto Tutzó López», ex legislador departamental por Montevideo del Partido Comunista de Uruguay (PCU), señaló la SIP.
Asimismo, pidió en su dictamen la incautación de libro «Secretos del Partido Comunista» (2008), obra del citado periodista, en el que se cuenta que durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985) Tutzó «colaboró» con los militares en la identificación de compañeros suyos mientras estuvo detenido.
«Dictámenes de este tipo nos retrotraen a los peores tiempos que tuvo la libertad de prensa en nuestro continente, cuando las dictaduras hacían uso del secuestro y quema de libros como método de censura», dijo en un comunicado Alejandro Aguirre, presidente de la SIP, con sede en Miami.
Agregó que la fiscal contradice, además, «principios en contra de la despenalización de la crítica periodística que los legisladores uruguayos aprobaron el año pasado».
Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó su sorpresa por el hecho de que «todavía haya fiscales pidiendo cárcel contra periodistas cuando en junio del año pasado fue sancionada una ley que despenalizaba los delitos de difamación e injurias, cuando se refiere a asuntos de interés y personas públicas, como es evidente en este caso».
Alfonso basó su información en fuentes militares de la época y en las «dudas» que, según dijo, persisten en el PCU respecto de la conducta de Tutzó López.
En su dictamen, además de pedir 24 meses de cárcel para el periodista, la fiscal sostuvo que el delito de que se le acusa «se continúa cometiendo a través del libro de autoría del encausado» y, por tanto, solicitó al juez del caso, Rolando Vomero, que «ordene la requisa de todos los libros publicados que contengan la alusión difamatoria referida».
