En ese sentido, Correa especificó que «el Estado no podrá contratar con ninguno de estos medios», en referencia a «empresas de papel» con domicilios en «paraísos fiscales», entre las que citó como ejemplo a los medios pertenecientes al Grupo El Comercio, los periódicos El Universo, Expreso y La Hora, y la revista Vanguardia.
«Lamentamos esta actitud de retaliación del presidente Correa, quien siempre se ha mostrado intolerante ante las críticas, opiniones e investigaciones de los periodistas y los medios de comunicación», dijo el titular de la SIP, Enrique Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo.
Añadió que «el presidente Correa siempre pareciera tener la excusa perfecta para acusar y desacreditar a los mensajeros como mecanismo de defensa ante cada irregularidad que sale a la luz sobre su Gobierno».
Mientras argumentaba sobre los alcances del Decreto 1793, el mandatario ecuatoriano aseguró: «Mientras más nos ataquen, más medidas concretas tomaremos», en referencia a la prensa, de acuerdo con un comunicado de la SIP.
Asimismo, en el sitio de Internet de la Presidencia, se explica que «el decreto se da como respuesta a las acusaciones de la prensa sobre los contratos que mantiene el hermano del Presidente».
«Él sabe cuántos buitres tenemos rodeando nuestra cabeza y que van a aprovechar cualquier cosa parta boicotear la Revolución Ciudadana», declaró Correa en referencia a su hermano.
La SIP informó que ha alertado desde que Correa asumió la presidencia, el 15 de enero de 2007, sobre la existencia de un clima hostil contra los periodistas y los propietarios de medios.
Agregó que también ha denunciado el uso discriminatorio de la publicidad «oficial para premiar y castigar a la prensa».
Además, recordó que en repetidas ocasiones Correa ha calificado a la prensa de «mafia», «incompetente», «calumniadora», «mentirosa», «corrupta», «mediocre», «pornografía periodística», «miseria humana», «bestias salvajes» y «brutos que publican porquerías».
El 23 de mayo pasado, Correa declaró que cuando asuma la presidencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en julio próximo, creará «instancias que defiendan a los ciudadanos y a los Gobiernos legítimamente electos de los abusos de la prensa», añadió la SIP, con sede en Miami.
