El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, manifestó sorpresa porque el Gobierno argentino llegó a «esas instancias haciendo expresa su intención de controlar a los medios de comunicación» mediante la regulación de la fabricación y distribución del papel periódico.
Un insumo básico, agregó, de la industria periodística que en Argentina «no es escaso, ni presenta un problema de abastecimiento, y que no tiene porqué tener regulaciones especiales».
En consonancia con expresiones del abogado constitucionalista argentino Gregorio Badeni, Aguirre afirmó que «es absurdo que el Gobierno vaya en contra de la propia Constitución».
«En cuyo artículo 32 se establece expresamente que ‘el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal’, lo que implica que no puede haber leyes especiales que regulen a la prensa», precisó.
Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, agregó que «es peligroso que se maneje el concepto de ‘interés público’ porque ello puede inducir a que pueda haber leyes para expropiar y regularizar la actividad» lo que denota una «posibilidad precisa de avance sobre los medios y de control a la libertad de prensa a través del insumo».
Explicó que la SIP siempre fue caja de resonancia en sus asambleas sobre las disputas entre periodistas, representantes y propietarios de medios sobre el fabricante Papel Prensa, así como miembros de ADEPA y de ADIRA (instituciones de diarios argentinos) sobre el precio del papel, los aranceles de importación y la connivencia entre empresas privadas con el Estado.
«Tuvimos asambleas con días enteros de discusión al respecto, sin embargo jamás nadie puso en duda la legitimidad de la compra y propiedad de esa fábrica», afirmó.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, subrayó que esa organización en una resolución en marzo pasado denunció «la escalada gubernamental contra la empresa Papel Prensa».
Al tiempo que se pidió al Gobierno velar por el mantenimiento de la política de libre comercialización del papel que desde hace largos años rige en la Argentina, teniendo en cuenta que dicho insumo, «vital en el proceso de producción de periódicos, nunca puede ser considerado como un elemento de presión para el libre ejercicio del periodismo».
La presidenta Kirchner dio a conocer el martes el informe «Papel Prensa: La verdad», sobre la empresa fabricante de papel para periódico en la que el Estado comparte la propiedad con los diarios Clarín y La Nación.
En su versión oficial, acusó a los medios privados de apropiarse de la fábrica en 1976 en contubernio con la dictadura militar, pero los diarios desmintieron esa denuncia.
Kirchner arguyó que el Congreso debe aprobar un proyecto de ley para declarar de interés público la pasta de celulosa, su distribución y comercialización.
También deberá crearse una comisión bicameral de observación en las reuniones de directorio de la empresa para evitar «manejos oscurantistas y prácticas comerciales desleales».
En cuanto a las presuntas irregularidades que el Gobierno detectó sobre la propiedad de Papel Prensa, dijo que serán elevadas a la justicia.
