La iniciativa promovida por el Ejecutivo no ha logrado cuajar en la sociedad hondureña pese a que la ministra Ana Pineda ha intentado cumplir la tarea de crear el ambiente que le de vida.
Malo para Guatemala… bueno para Honduras
La comisión contra la impunidad, es una especie de la Cicig, creada en Guatemala para poder darle seguimiento a casos judiciales, al margen del ámbito establecido en el Poder Judicial.
La creación de la Cicig fue cuestionada duramente por Eduardo Stein, quien presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), en Honduras.
Pero en Honduras y en el marco de las recomendaciones de la CVR, se propone al gobierno de Lobo crear la comisión contra la impunidad.
La CVR fungió como una instancia creada por el gobierno del presidente Porfirio Lobo para esclarecer los hechos que ocurrieron antes, durante y después de junio de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya salió del poder antes de cumplir su cuatrienio presidencial.
En las recomendaciones bajo el aporte “acciones contra la impunidad” la CVR indica al gobierno hondureño –“solicitar a la Organización de las Naciones Unidas considerar el establecimiento de una instancia internacional de investigación para fortalecer la institucionalidad pública en su capacidad de investigación de actos de corrupción y crimen organizado, cuyo mandato no debe ser inferior a cinco años de duración”.
En octubre de 2010, Stein, ex vice presidente de Guatemala (2004-2008), y ahora principal asesor presidencial en el seguimiento a las recomendaciones de la CVR, criticó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, por la captura, en España, del ex ministro del Interior de este país centroamericano, Carlos Vielman.
En declaraciones que publicó el diario guatemalteco Prensa Libre, Stein criticó las investigaciones hacia la Cicig sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales de siete reos.
En ese momento, Vielman fue detenido en España por su presunta participación en esos hechos, perpetrados en septiembre de 2006.
Stein manifestó que la Cicig «se desbocó» por gestionar la captura de Vielman, y consideró que las investigaciones «están sin control».
«El problema es que, sin tener una supervisión correcta, se desbocó», por lo que consideró necesario que se supervise la actuación de la Cicig, dijo el ex vicepresidente en el momento en que presidia en Honduras la comisión que investigaba lo ocurrido alrededor del caso de Manuel Zelaya.
«Para nosotros la captura de Vielman ha sido muy extraña; pareciera que había más interés en alcanzar por los medios de comunicación una serie de impactos que por garantizar el debido proceso» , apuntó en ese octubre de 2010.
Según el ex vicepresidente, esas fallas detectadas sugerían una carga política, y a su criterio, «pareciera haber una presión adicional que no tiene que ver con los temas de aplicación de la justicia», recalcó entonces.
Ministra urge respuestas
Mientras las contradicciones rondan en las apreciaciones que Eduardo Stein manifestó hace poco más de un año, la ministra hondureña de la recién creada cartera de Derecho Humanos, dijo este jueves que el fiscal general, Luis Alberto Rubí, es uno de los que se opone a la creación de la comisión contra la impunidad en este país.
Pineda manifestó que Naciones Unidas aprobó para Honduras un proyecto similar a la Cicig, la cual, según manifestó, incluye un proyecto para el fortalecimiento de las capacidades de investigación de las instituciones del sector justicia.
Pese a tal afirmación, hace unos meses, el propio presidente Porfirio Lobo dijo que en el seno de Naciones Unidas no había un ambiente de amplio respaldo a la iniciativa de crear una comisión contra la impunidad en Honduras.
Pineda indicó que en el tema que se ha trabajado durante un año, y que se ha generado una “nota conceptual” y acercamientos con los titulares de las instituciones aludidas.
A renglón seguido, se refirió al fiscal general Luis Rubí y dijo que “seguimos a la espera que el fiscal general de la república, como es una de las instituciones contraparte, pueda en el menor tiempo posible, pronunciarse de manera favorable a este proyecto, ya que él a lo largo de este tiempo ha manifestado algunas inconformidades principalmente con el trabajo”, acotó.
Pineda agregó que Rubí aduce que “el Ministerio Público si tiene la capacidad para poder llevar a cabo una investigación eficiente, no obstante se le ha persuadido de la necesidad de que se fortalezca a través de un proyecto en donde habrían mentores especializados en materia penal y procesal penal, que estarían fortaleciendo las capacidades de los fiscales”.
Por lo anterior, la secretaria de DDHH solicitó una pronta respuesta al fiscal general.
“Confiaríamos que el señor fiscal en aras de poder superar, la actual inefectividad de las investigaciones que subsisten en el actual momento, pueda prontamente emitir esa respuesta que las Naciones Unidas está esperando de parte de él”, increpó.
Para finalizar, destacó que “la falta de respuesta de las instituciones es lo que ha obstaculizado la marcha de este proyecto”.
