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Sin financiamiento polémica compra de 250 megawatts

Tegucigalpa. La anunciada compra directa de los 250 megawatts de energía de parte del gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales, obviando las normas gubernamentales que requieren de una licitación pública, se enfrenta a un problema no visualizado por sus propulsores: el financiamiento que se requiere en estos casos.
 

* Banca considera arriesgada y elevaría los niveles de riesgo bancario

* Otro temor es la crisis política, ya que pretenden que no sea aprobada por el Congreso Nacional, algo que los diputados dijeron que rechazarán

* Hay crisis financiera de la ENEE a causa de la posición política de no elevar las tarifas, lo que ha llevado al impago de los compromisos con los generadores

* Banca de desarrollo se opone a compra directa

Arístides Mejía, máximo jerarca de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en su condición de presidente de la Junta Interventora, ha manifestado que cada generación de un megawatt se requiere de un millón de dólares para la compra de la maquinaria necesaria y otros equipos vitales en esta actividad.

Mejía dice que la inversión la debe realizar el ganador o los ganadores de la compra directa y que la ENEE sólo adquirirá la energía generada y que, en base a ella, la empresa estatal pagará a los generadores para que amorticen su inversión y obtengan la ganancia empresarial normal en estas operaciones.

Pero según informes a los que tuvo acceso Proceso Digital, la banca hondureña no participaría en el financiamiento de este proyecto, ya que significaría 250 millones de dólares en riesgo del sistema bancario que apenas hace una década sufrió una severa crisis de la cual apenas comienza a recuperarse y debe sentar las bases firmes de un saneamiento financiero a largo plazo.


Elevaría riesgo y calificaciones

Asimismo, buena parte de los bancos hondureños han sido adquiridos por poderosas instituciones financieras internacionales y los pocos nacionales grandes que quedan no podrían absorber solos la carga que se necesitaría para financiar semejante proyecto.

Asumir un riesgo de tal naturaleza provocaría una presión sobre su sostenibilidad y cuentas sanas que automáticamente provocaría que las agencias de calificación de riesgo (Ficht rating, Moody’s y otras) redujeran sus niveles de calificaciones, aumentaría sus riesgos e inmediatamente se elevarían sus costos, ya que los créditos que obtienen a nivel internacional verían incrementada sus tasas de interés.

Honduras también sufriría ya que el llamado Riesgo País aumentaría y sus bonos soberanos también bajarían en las calificaciones de riesgo, teniéndose que pagar más por los mismos, ya que el riesgo potencial del sistema bancario lo debilitaría y pondría a las finanzas públicas en una “Espada de Damocles”, ya que una crisis de pago los obligaría a lanzar un rescate con las consiguientes pérdidas fiscales, propias de estas crisis.

Debido a esta situación, la banca hondureña virtualmente tomó la decisión de no sumarse al financiamiento de los 250 megawatts que la administración Zelaya busca adquirir en forma directa a los potenciales ganadores de la cotización de precios que ha lanzado y que busca ser simulada como una licitación.

Ello dejaría al gobierno solo con los créditos de la banca internacional de desarrollo, pero el Banco Mundial y el Interamericano de Desarrollo (BID) se han opuesto a la compra directa de la ENEE y apoyan la licitación, asimismo combaten el excesivo endeudamiento del gobierno, ya que Honduras apenas está saliendo de las condonaciones de deudas anteriores que resultaron impagas.


Riesgo político

Y precisamente la modalidad de la compra es otro de los puntos que alertó a los banqueros para no arriesgarse con los eventuales créditos, ya que desde el Congreso Nacional se lanzó la advertencia que la compra de los 250 megawatts debe ser aprobada por los legisladores, ya que trascendería varios periodos constitucionales de gobierno, y como manda la legislación debe pasar por el hemiciclo parlamentario.

Pero el gobierno de Mel, según la aprobación del decreto de emergencia Energética que aprobó para darle forma legal a la compra directa, busca obviar al Congreso Nacional y quiere atribuirse todos los poderes y todas las instancias para negociar, adquirir y aprobar la referida compra eléctrica, dejando por fuera a los diputados.

El decreto en mención establece que la compra sólo será aprobada por la Junta Directiva o la instancia que este al mando de la ENEE (en este caso la Junta Interventora al mando de Arístides Mejía), evitando ir al Congreso Nacional.

La dirigencia del Congreso Nacional ha sido específica que harán valer sus derechos otorgados por la Constitución Política, lo que permite avizorar otro enfrentamiento político entre la Presidencia y el Congreso Nacional.

Los banqueros son alérgicos a las crisis políticas y este tipo de riesgos buscan evitarlos a toda costa.


Crisis financiera

Pero además se encuentra la propia crisis financiera de la ENEE, ya que la empresa es incapaz de generar los ingresos que se requieren para hacer frente a sus propias obligaciones.

Y es que la empresa se encuentra en forma permanente morosa con los actuales generadores de energía, a los que adeuda unos 100 millones de dólares y el gobierno, esta vez apoyados por el Congreso, ha querido solventar esta situación emitiendo bonos para pagar los compromisos con los productores de electricidad, pero no ha cumplido las metas.

La crisis financiera de la ENEE se debe a posiciones políticas, el presidente Zelaya Rosales se comprometió a no elevar las tarifas de electricidad y se niega también a eliminar los subsidios, de manera que la empresa no puede elevar sus ingresos, pero si quiere asumir más compromisos.

Está falta de solución financiera a la ENEE eleva el riesgo crediticio de la misma y ello afectaría a las empresas que ganen la generación de 250 megawatts, ya que asumirían créditos bancarios que después deben abonar con sus respectivos intereses a lo largo de más de una década.

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