– Continúa empantanado el tema de la tasa de seguridad en medio de múltiples contradicciones mientras cada día más hondureños caen víctimas de la violencia
La medida, según sus creadores, es la respuesta definitiva a la creciente ola de violencia común y de crimen organizado que azota a la población.
El presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, avaló la iniciativa de crear una tasa de seguridad, que permitiera recaudar 1,500 millones de lempiras, tras escuchar las quejas de los responsables de la secretaría de Seguridad y las disertaciones del ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
Su propuesta es que los recursos fueran proporcionados por la comunidad empresarial, pero tal iniciativa ha sido rechazada frontalmente por las diferentes asociaciones de negocios, algunas de las cuales consideran que ello equivale a la aplicación de un tercer paquetazo por parte de la actual administración.
El rechazo empresarial, ha contrastado con enfrentamientos directos mantenidos con el presidente del Congreso Nacional en un ir y venir de acusaciones. Al final se ha dejado ver incluso la propuesta de que sea el ciudadano común quien a través del incremento al impuesto sobre ventas pague la tasa de una seguridad cada vez más lejana.
A la caza de votantes Los empresarios se defienden diciendo que son víctimas de ataques e intereses de políticos, en plena campaña, a la caza temprana de votantes.
Las otras opciones, como gravar llamadas telefónicas, el consumo de combustibles también se ha quedado en el limbo. Hernández dijo que los empresarios propusieron aumentar en un punto porcentual el impuesto sobre ventas, al pasar del 12 al 13 por ciento, pero la misma fue negada por Ruiz y sus compañeros de la cúpula empresarial. |
Sin salida
La nueva carga se sumaría a los pagos que ya realizan las empresas como el del impuesto sobre la renta, el 1 por ciento del volumen de ventas y otras cargas que ya establece la legislación tributaria. Pero los empresarios insisten en que la nueva carga no debe caer solo en sus espaldas, sino que debe ser compartida por toda la sociedad. Admiten que es necesario elevar el nivel de disponibilidad de la fuerza pública y favorecen la compra de equipos para los policías. |
Otras voces
Así, en medio de múltiples desencuentros, los hondureños siguen siendo víctimas de una creciente ola de violencia. Pero el tema que al final de cuentas debiera ser adoptado por el Estado, quien de acuerdo a la Constitución Política de este país centroamericano, es el responsable de velar por la seguridad de la población, sigue a la deriva en medio de una realidad que cada día se mancha con crímenes y diversos actos delincuenciales, desde los más comunes hasta los más espeluznantes y elaborados. |
