Tegucigalpa/Washington – Sin dejar de incidir de forma potente en la lucha contra la corrupción, la MACCIH reafirmó que su trabajo “no suplanta a la institucionalidad hondureña; tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial son los encargados de desarrollar sus competencias constitucionales”, se destaca en el informe de los primeros seis meses de labores que presentaron ante el Consejo Permanente de la OEA.
El informe presentado ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Consejo Permanente de la organización destaca que la misión tiene el fin de acompañar a los hondureños en la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como favorecer la transparencia.
“Son los fiscales hondureños quienes llevarán a cabo la acusación criminal contra los imputados por delitos de corrupción; y un tribunal de sentencia hondureño será quien emita el fallo que condene a los culpables de delitos de corrupción”, se destaca en el informe, que fue leído por el vocero del grupo en Honduras, el peruano Juan Jiménez mayor.
Pero el informe destaca que la MACCIH trabaja con la fiscalía en la construcción de las investigaciones de aquellos “casos complejos de corrupción” previamente seleccionados, aclarando que la Misión “no puede no va a trabajar en todos los casos de corrupción del país”.
Jiménez Mayor también señaló que trabajarán con el Poder Judicial para mejorar la administración de la justicia y “reducir las demoras” que existen en los casos.
También se resaltó la “creación de una jurisdicción nacional anticorrupción, así como la definición de una nueva política institucional en la Procuraduría General de la República (PGR) para no conciliar en casos de corrupción, superando así la práctica existente hasta el momento”.
Avances
En el mismo se destacó los avances que Honduras ha tenido en la lucha contra la corrupción, destacando que lo principal es que el país reconoció que tiene un problema en este apartado y solicitó a la OEA asistencia para que les ayude a su combate.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) valoró las “decisiones adoptadas por el Estado de Honduras para contar con un mejor diseño institucional y herramientas para combatir la corrupción y la impunidad”.
El grupo dijo que se necesita consolidar una Política de Estado contra la Corrupción y saludo en ese sentido la apertura de los Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, así como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas y pidió que estas instituciones acompañen el trabajo.
Pero el informe dejo claro que también logró “identificar los desafíos que aún persisten” respeto a algunas personas e instituciones que “pueden generar resistencias a estos cambios”.
Al presentar el primer informe semestral la @OEA_MACCIH ante @OEA_oficial, ¿cómo valora el trabajo de este cuerpo anticorrupción?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 1 de diciembre de 2016
En el informe también se señaló que se busca “construir el modelo hondureño de lucha contra la corrupción”.
Se recordó en el informe presentado en la OEA que la MACCIH tiene cinco objetivos, ocho líneas de acción y cuarenta y seis funciones, agrupados en cuatro divisiones temáticas que son:
“La Prevención y el Combate a la Corrupción cuenta con una unidad de fiscales, jueces y expertos internacionales en materia anticorrupción quienes seleccionarán y certificarán al grupo de jueces, fiscales, y policías nacionales, con quienes trabajan de modo conjunto en investigaciones que permitan identificar y desmantelar redes de corrupción en casos que la propia Misión seleccione”, señala el informe.
En cuanto a la “Reforma de Justicia Penal trabaja para generar cambios en materia de justicia penal buscando la eficacia en la persecución del delito, la reducción de la mora judicial, el afianzamiento de la independencia de los jueces, la mejora de la jurisprudencia, la determinación de una clara política criminal, entre otras acciones”.
Igualmente otro de los puntos de trabajo es en la “Reforma Político Electoral trabaja en la elaboración de la ley y normativa de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos, así como su mecanismo de implementación para evitar el flujo de los capitales ilegales a las campañas políticas”, señala el informe semestral de actividades.
“Seguridad Pública se encarga de trabajar conjuntamente con el Ministerio Público y las Secretarías de Estado, en la implementación de las recomendaciones identificadas en el informe de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, se lee en el reporte.
El informe también recogió los avances que ha logrado el país como la depuración de las fuerzas policiales, el combate a organizaciones criminales y alaba el trabajo de la Fiscalía General en cuanto a privarles de sus bienes.
También se señala la creación de los juzgados Anticorrupción recientemente aprobados y en cuyo proceso de seleccionar y certificar los jueces y magistrados participa la MACCIH.
Igualmente trabajará con el Ministerio Público en los casos especiales de corrupción.
Pero el informe destaca que Honduras tiene el desafío de la “presencia del crimen organizado” que la cobrado la vida de jueces, fiscales y defensores, siendo una amenaza real y es un factor de riesgoque “puede afectar el trabajo de los operadores de justicia”.
