Tegucigalpa – A casi un mes del revuelo causado en Honduras por las denuncias del diario estadounidense The New York Times, en cuanto a que la cúpula policial hondureña planeó y ejecutó dos asesinatos de figuras emblemáticas, hasta hoy no se conoce que acciones el Estado realiza contra los presuntos sindicados.
– Han pasado 26 días desde que el The New York Times hizo la publicación y no hay requerimientos fiscales.
– La Comisión Depuradora de la Policía Nacional suspendió de sus cargos a los generales José Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Antonio Sabillón Pineda.
Las personalidades asesinadas fueron el zar antidroga, el general Julián Arístides González y el especialista en seguridad, Alfredo Landaverde.
Especialistas en materia de seguridad y criminología debaten si la labor hasta el momento ha sido adecuada.
Y es que referido informe de prensa destaca que dos jefes policiales en el pasado trabajaron también para el cartel del Atlántico, junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos.
Según los informes que reveló el diario estadounidense, los generales de la policía organizaron, ejecutaron y encubrieron el asesinato Julián Arístides González y Alfredo Landaverde, que había ejercido también como titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en Honduras.
Publicación del The New York Times
La publicación de The New York Times ocasionó un verdadero escándalo en Honduras, muchas autoridades policiales salieron a dar declaraciones y hasta se conformó una Comisión Depuradora de la Policía Nacional que empezó a trabajar de prisa.
La Comisión instó al secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, para que suspenda de sus cargos a los generales: José Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Antonio Sabillón Pineda, en virtud de estar públicamente señalados en actos sujetos a la investigación de las autoridades correspondientes, hasta que concluyan las mismas.
Además, se ordenó la cancelación “por reestructuración” de los generales: Elder Madrid Guerra, Javier Leopoldo Flores Milla y Leandro Osorio Santos.
Solo tomó la decisión de ratificar en sus cargos a los generales Félix Villanueva, director de la Policía; Quintín Antonio Juárez, subdirector de la Policía; y Héctor Iván Mejía, director de Operaciones del cuerpo del orden.
La decisión fue el 21 de abril de 2016
Pese a que se creó la Comisión Depuradora, el informe revelado por el The York Times, aún no ha tenido efecto positivo. El Ministerio Público no ha dado informe sobre las investigaciones y no ha hecho requerimientos fiscales para continuar con las indagaciones.
La comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, es clara y asegura que no le tiene ninguna confianza a la Comisión Depuradora porque no han dado respuesta positiva.
“No ha habido acción, desde un principio dije que no le tenía confianza a la Comisión Depuradora, solo con ver las personas que son las mismas de las comisiones anteriores que no han dado resultado en ninguna de las instituciones que supuestamente han intervenido”, declaró María Luis Borjas.
Mientras la criminóloga, Arabesca Sánchez, le pidió a la Fiscalía General que empiece a trabajar de oficio, sobre todo porque hay muchos ex funcionarios dando declaraciones bastante complejas.
“He estado viendo un sin número de declaraciones (de) ex funcionarios de cargos de mucho peso para el país y para que no están ni recabados, ni considerados para iniciar investigaciones de oficio”, comentó Sánchez.
Y considera que “ellos (Fiscalía), deben comenzar de oficio las investigaciones, porque aparte de lo que se ha dicho en la Comisión Depuradora para la Policía, ellos comenzaron a salir en los medios de comunicación y han dicho cosas bastante fuertes, por ejemplo el director de la Policía acusó que algunos políticos no le daban recursos para que ellos no llegaran a hacer el trabajo a la zona que necesitaban llegar y también confrontó con un ex presidente que le había reprendido porque él había realizado un operativo para capturar a un narcotraficante de la zona de Olancho”.
El comisionado general en retiro, Ricardo Ramírez del Cid, dijo en el programa televisivo Frente a Frente que «el ex presidente (Porfirio) Lobo se molestó cuando yo monté un operativo para capturar a un delincuente en Juticalpa» refiriéndose a un hombre llamado Bayron Ruiz, a quien se le sindica de operar en esa región hondureña y de ser un temido criminal.
El ex presidente Lobo llamó al foro televisivo y dijo “nunca lo hice, pregúntenle a los ministros que yo tuve, a los directores de la Policía si yo me opuse a que capturaran a los delincuentes». Más adelante, señaló que su respuesta se debe a que en ese caso él reaccionó «molesto porque no lo capturaron, ni cuando estuve en el Congreso, ni durante la Presidencia yo agarré el teléfono para llamar a un juez o un ministro para que cometiese algo que no estuviese en el marco de la ley. Jamás en mi vida voy a defender a un delincuente», reafirmó.
Las declaraciones de Ramírez del Cid
La criminóloga Sánchez tiene claro que todo lo publicado en el informe ha hecho que la verdad salga por si sola a la luz.
“Están saliendo a la luz pública unas declaraciones de cosas bastante delicadas alrededor de seguridad pública que deben ser investigadas y asociarse a las que ya están realizando alrededor de la comisión de depuración, son policías que deben ser investigados en un proceso penal”, indagó.
“Se está viendo también que aparentemente las personas mencionadas en ese informe la única sanción que tendrán será ser separados de sus cargos, pero no se está haciendo nada de la necesidad de iniciar procesos de investigación de oficio por parte del Ministerio Publico, al final del día esos delitos son de orden público y no necesitan ser motivados por ninguna denuncia, debe hacerlo de oficio por el mandato por ley”, siguió diciendo.
Sánchez quiere que el Ministerio Público no tenga que estar en silencio porque por el momento no ha dicho si va a iniciar las investigaciones, si las va a postergar o si ni siquiera las ha iniciado. “El silencio institucional nos dejar esa incertidumbre, debe por lo menos decir que si se van a tomar en consideración o que si ellos mismos tenían por ejemplo iniciado el proceso investigativo, ahí tendrían que darnos el avance porque recuerden que algunas de esas muertes fueron hace siete años y el Ministerio Público ya tuvo que haber hecho algo”, explicó.
Lo que dice Borjas
“No confío que la Fiscalía hará los requerimientos fiscales, desde el momento que nombraron esa comisión, para mi lleva línea de proteger a los que les han servido a funcionarios corruptos y señalar a los otros. Cuál fue el primer paso que dio la comisión, suspender a Pineda Sabillón, en primer lugar no estaba asignado a ningún cargo y de donde lo suspendieron y en segundo el pecado que cometió es haber capturado a siete de los extraditados”, declaró Borjas.
Hernández espera que investigaciones lleguen al final
Por su parte el coordinador de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández tiene una opinión diferente a la de la comisionada Borjas y espera que las investigaciones lleguen hasta el final para vencer la impunidad en el país.
“El mensaje que nos están dando es que trabajan y van avanzando, que han destinado equipos y nosotros estamos a la espera y a la expectativa para que puedan presentar un requerimiento fiscal lo suficientemente sustentado de manera que al final se puedan deducir responsabilidades penales a los que resultaran involucrados”, dijo Hernández.
Y siguió expresando: “Hemos hablado en varias ocasiones y nos han planteado que tiene varios equipos para fortalecer esta investigación, pero por lo menos hay cuatro meses porque es el tiempo de la suspensión y todo se hizo para darle tiempo a la Fiscalía”.
Por los momentos se desconocen los avances que ha hecho el Misterio Público con el informe que publicó el The New York Times, ya que no hay ningún requerimiento fiscal para nadie.
