Tegucigalpa – En los últimos meses el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha remitido más de una docena de informes, con responsabilidad penal y civil, al Ministerio Público, los que todavía no derivan en la presentación de acciones judiciales.
– Actualmente se auditan 30 municipalidades del país denunciadas por presuntos actos de corrupción.
Las acusaciones del órgano contralor incluyen a exfuncionarios públicos, así como actuales alcaldes de varios términos municipales y altos oficiales de la Policía, los que miran pasar una y otra diligencia sin que derive en requerimientos fiscales.
A los reclamos del TSC sobre la poca efectividad de la Fiscalía, se suma el clamor del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ambos organismos solicitan que los informes presentados deriven en requerimientos fiscales.La magistrada presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta, acusó recientemente que algunos alcaldes contratan a empleados del ente contralor “para limpiar la corrupción de las corporaciones”. Sin embargo, pese a esas prácticas, han podido presentar varios informes que retratan podredumbre en corporaciones edilicias.
La funcionaria también anunció que remitiría a la Fiscalía cinco informes sobre enriquecimiento ilícito que involucra a altos jefes de la Policía Nacional.
Criticó que desde 2012 a la fecha enviaron 223 expedientes a la Fiscalía hondureña. Casi la totalidad de los mismos no han concluido en requerimientos fiscales.
En las últimas horas, el director de Fiscales del Ministerio Público, Rolando Argueta, informó que en el tema de los informes sobre presuntas irregularidades en varias alcaldías del país, a inicios de este 2015 se dio vida a la Fiscalía de Combate a la Corrupción Pública y hace apenas dos meses fueron contratados 50 fiscales nuevos para esta unidad.Además hace un mes se contrataron 23 profesionales técnicos, quienes elaborarán los dictámenes patrimoniales y financieros en los temas de corrupción, apuntó Argueta.
“Esto nos garantiza ofrecer una respuesta mucho más rápida, pero también efectiva a los denunciantes, víctimas y la población en general. Hemos retomado el tema de las alcaldías y el CNA ha presentado varios informes, el Ministerio Público está en toda la disponibilidad y este mismo año se verán reflejadas las acusaciones por corrupción en alcaldías”, arguyó.
Especificó que al alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, le han iniciado cinco procesos de antejuicios, de los que tres han sido declarados con lugar.
Proceso Digital presenta un condensado de informes presentados por el TSC ante el MP y de los cuales no ha existido la respuesta que la ciudadanía espera ante semejantes indicios de responsabilidad civil y penal.
Responsabilidad penal por contratación en Inprema
El 10 de julio de este año, el TSC notificó un nuevo informe a la Fiscalía que establece el hallazgo de indicios de responsabilidad penal en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), por la contratación directa de pólizas de seguro.
El ente contralor del Estado notificó este informe relativo a una investigación especial realizada en el período comprendido del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010.
La auditoría comprendió verificar que la adquisición de seguros de daños para cobertura a préstamos se haya ejecutado de acuerdo a lo establecido en el marco legal y a los beneficios esperados para la institución.
Compra millonaria de terrenos en SPS
A finales de julio, el TSC trasladó un informe de auditoría que concluye en notificación de pliegos de responsabilidad por irregularidades encontradas en la Unidad de Concesiones de la municipalidad de San Pedro Sula.
La auditoría financiera y de cumplimiento legal, correspondiente al período del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013, detectó irregularidades en la compra de tres terrenos que se adquirieron sin dictamen legal y sobredimensionados, utilizando fondos que provienen de las transferencias recibidas por contrato de concesión del canon por servicio de agua y alcantarillado sanitario que pagan los ciudadanos del municipio.
La auditoría detectó que tres terrenos solicitados por la Empresa Aguas de San Pedro, para proyectos de plantas de tratamiento de aguas en la ciudad de San Pedro Sula, fueron adquiridos por un valor que asciende a 49 millones 320 mil 283.20 lempiras.
Compra viciada de equipo tecnológico en Banasupro
En otro informe presentado por el TSC en julio de este 2015, evidencia indicios de responsabilidad penal en la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).El informe se refiere a una auditoría especial practicada a la entidad, que constató hallazgos de irregularidades relacionadas a la adquisición de equipo tecnológico y licencias para la implementación de un programa denominado Microsoft Dinamics, para el desarrollo del proyecto computarizado a la gestión contable y de mercadeo.
“Existen indicios de responsabilidad penal, opinión que, de ser compartida por esa Fiscalía, provocará que esa dependencia entable la acción penal correspondiente ante los Tribunales de Justicia respectivos”, citó el oficio del TSC, remitido al fiscal Óscar Chinchilla.
La auditoría especial en Banasupro se realizó al período comprendido del 01 de junio de 2010 al 31 de diciembre de 2012.
Vicealcaldesa cobró indebidamente
Siempre en el mes de agosto, el Tribunal de Cuentas notificó dos informes de auditoría que evidencian nuevas irregularidades por cobros de salarios y jubilación.En este caso el ente contralor del Estado notificó el cobro irregular de salario y jubilación por una exvicealcaldesa. Según el informe, una ciudadana fue nombrada en el cargo de vicealcaldesa de Danlí, cargo que desempeñó del 25 de enero de 2010 al 25 de enero de 2014.
Por consiguiente, se ocasionó un perjuicio económico al patrimonio del Estado por la suma de 648 mil 989.48 lempiras, correspondiente de la jubilación que indebidamente recibió durante el período de 2010-2013.
Contratación de falsos médicos
Asimismo, otro informe del TSC confirmó la veracidad de una denuncia, referida a que la Secretaría de Salud contrató a dos falsos médicos y los nombró en cargos de dirección en esta dependencia estatal.
Al respecto, el ente contralor del Estado emitió el informe que detalla indicios de responsabilidad penal.
El documento se remitió al Ministerio Público para que en base a su facultad interponga la acusación contra los que aparezcan responsables.
Los casos se produjeron entre 2010 y 2014.
Acusación contra exviceministro de Salud
Otra denuncia retratada en un informe del TSC tiene que ver con el exviceministro de Salud, Javier Pastor, quien cobró ilícitamente salarios sin cumplir ninguna labor en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula.“Este Informe contiene opiniones, comentarios y recomendaciones; las responsabilidades se tramitarán por separado en pliegos que serán notificados individualmente a los funcionarios y empleados en quienes recayere la responsabilidad”, cita un oficio remitido por el TSC, a la ministra de Salud, Yolani Batres.
En el documento se establece que según la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Salud se comprobó que un ciudadano fue nombrado de manera permanente en el Hospital Catarino Rivas como médico especialista de guardia, durante el período de agosto de 2012 a julio de 2014.
Asimismo, la auditoría del TSC comprobó que este médico fue nombrado como Subsecretario de Estado en el Despacho de Salud, según acuerdo No 89-B-2010, del 4 de febrero de 2010, cargo que desempeñó mientras mantenía el cargo de especialista de guardia del Catarino Rivas.
Irregularidades en Ojojona
Otra investigación del ente estatal refleja una serie de irregularidades detectadas en la municipalidad de San Juan de Ojojona, Francisco Morazán, que ocasionaron un daño patrimonial que asciende a 4.7 millones de lempiras.
Las acusaciones corresponden al período del 6 de diciembre de 2008 al 31 de mayo de 2014. En su auditoría el TSC detectó ocho irregularidades que ocasionaron un perjuicio económico al Estado que asciende a cuatro millones 726 mil 313.53 de lempiras; por ello se procedió a notificar pliegos de responsabilidad civil.
Enriquecimiento de exgerente de Conatel
Uno de los últimos informes del TSC es el que retrata indicios de enriquecimiento ilícito en contra de un excomisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por más de ocho millones de lempiras.Se determinó como tiempo de investigación el comprendido del 3 de febrero de 2006 al 9 de septiembre de 2008.
Luego de valorar todos los elementos de prueba recabados en la investigación el TSC concluyó que el exfuncionario no logró justificar la procedencia legal de más de 8 millones de lempiras, por lo tanto se determinó la existencia de una presunción del delito de enriquecimiento ilícito.
Responsabilidad penal el Alcaldía de Puerto Cortés
En otras diligencias investigativas sobre la gestión comprendida del 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2012, en la Alcaldía de Puerto Cortés se encontraron indicios de responsabilidad penal que ocasionaron un perjuicio a la comuna por 10 millones de lempiras.Asimismo otros hechos refieren que la Corporación Municipal aprobó una reducción de tarifa para el cobro del impuesto sobre bienes inmuebles, a partir del 2011, incumpliendo la Ley de Municipalidades y su Reglamento.
Lo anterior ocasionó un perjuicio económico a la Municipalidad de Puerto Cortés por la cantidad de siete millones 598 mil 786.47 lempiras.
Alcaldía de Choloma evadió procesos legales
Hace unos días, el TSC notificó un informe de auditoría realizada a la Municipalidad de Choloma, departamento de Cortés, que concluye en hallazgo de indicios de responsabilidad penal que ocasionaron un perjuicio a la comuna por 12.5 millones de lempiras.La investigación corresponde al período comprendido del 18 de noviembre de 2005 al 28 de febrero de 2011. El informe remitido al Ministerio Público, encontró indicios de la comisión de delitos que habrían incurrido funcionarios y empleados de ese término municipal.
El informe expone que durante el período 2006 al 28 de febrero de 2011 la Municipalidad fragmentó la ejecución de proyectos de instalación de tuberías y pavimentación con concreto hidráulico en varias calles de la ciudad, evadiendo procesos legales.
Compra de zapatos
Mientras el 12 de agosto en otro informe del TSC girado al MP, se evidencian indicios de responsabilidad penal en la compra de zapatos para niños a un monto de 7.7 millones de lempiras, aportados por el Programa de Asignación Familiar (Praf).El informe se desprende de una auditoría financiera y de cumplimiento legal practicado al Praf, correspondiente al período comprendido del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012, que constató hallazgos de varias irregularidades.
La auditoría tuvo por objetivo verificar el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado, la Ley Orgánica de Presupuesto, y sus reglamentos; y las Disposiciones Generales del Presupuesto, en la asignación de fondos del Praf para apoyar el Programa Calzando los Niños de Honduras, con la finalidad de calzar a los niños y niñas de las escuelas focalizadas en situación de pobreza.
