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Silencio Electoral en la Era Digital: ¿Una Ficción Legal en Honduras?

Por: Javier Franco Núñez

La democracia hondureña enfrenta un desafío silencioso pero profundamente influyente: el vacío legal sobre la propaganda política en redes sociales durante el período de silencio electoral. Mientras la Ley Electoral restringe la publicidad en medios tradicionales como radio, televisión y prensa escrita, las redes sociales quedan fuera del marco normativo, permitiendo que las campañas continúen operando sin restricciones en el espacio digital.

El artículo 223 de la Ley Electoral de Honduras establece que el silencio electoral inicia cinco días antes de las elecciones y prohíbe la divulgación de propaganda política, encuestas y cualquier tipo de publicidad que pueda influir en el electorado. Sin embargo, la normativa no menciona específicamente las redes sociales, dejando una laguna jurídica que ha sido explotada por los partidos políticos.

Mientras los medios tradicionales deben cesar toda actividad proselitista, las plataformas digitales se convierten en el nuevo escenario de campaña, donde candidatos y estrategas políticos continúan incidiendo en la percepción del electorado sin restricciones ni supervisión.

En la práctica, la propaganda política en redes sociales adopta varias formas para evadir el control electoral. A través de la publicidad dirigida, los equipos de campaña pueden segmentar audiencias y personalizar mensajes sin regulación. El uso de bots y cuentas falsas permite amplificar tendencias y ataques coordinados contra adversarios sin temor a sanciones. La difusión de encuestas encubiertas sigue manipulando la percepción pública en los días previos a la votación, mientras que la desinformación prolifera sin un mecanismo de control efectivo. La falta de regulación en este campo crea una desigualdad en la contienda electoral, ya que algunos actores políticos con mayores recursos pueden explotar al máximo las redes sociales mientras otros quedan rezagados en la carrera digital.

Ante este escenario, el proyecto #NoSoloFakeNews ha asumido la responsabilidad de llenar el vacío informativo sobre la relación entre redes sociales y el silencio electoral. A través de acciones concretas, busca sensibilizar a la ciudadanía y generar un debate sobre la urgencia de actualizar el marco normativo hondureño. Se han desarrollado módulos educativos sobre cómo identificar propaganda digital encubierta, enseñando a los ciudadanos a detectar patrones de manipulación política en redes sociales.

Además, el proyecto ha implementado un monitoreo de la campaña digital, permitiendo la identificación de tendencias de desinformación, campañas de desprestigio y estrategias de influencia que vulneran el espíritu del silencio electoral.

Más allá de la educación y la vigilancia digital, #NoSoloFakeNews ha llevado el debate a las instituciones y la opinión pública. Se han realizado propuestas para que el Consejo Nacional Electoral y los legisladores incluyan en la Ley Electoral disposiciones claras sobre la regulación de la propaganda digital.

Asimismo, el proyecto ha tejido alianzas con periodistas, expertos en derecho electoral y organizaciones de la sociedad civil para visibilizar el problema y presionar por soluciones concretas.

El silencio electoral, tal como está concebido en la legislación hondureña, es una ficción legal en la era digital. Mientras que los medios tradicionales están restringidos, las redes sociales siguen siendo un campo de batalla sin reglas, donde la propaganda política y la desinformación pueden operar sin límites.

El rol de proyectos como #NoSoloFakeNews se vuelve fundamental para llenar este vacío, educando a la ciudadanía y promoviendo la actualización de la normativa electoral.

Sin embargo, la tarea no puede recaer únicamente en la sociedad civil. Es responsabilidad de las instituciones y legisladores adaptar la Ley Electoral a la nueva realidad digital para garantizar elecciones más justas y transparentes. Honduras no puede permitirse seguir ignorando el impacto de las redes sociales en los procesos electorales. El silencio electoral debe ser una garantía de reflexión, no un resquicio legal que perpetúe la manipulación digital del voto.

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