Tegucigalpa – Transcurridos más de 930 días bajo el estado de excepción, las quejas de abusos policiales no cesan en Honduras. Agentes del orden ligados al crimen organizado siendo parte de asesinatos, secuestros, extorsión, torturas o abusando de su autoridad, implantando pruebas hacen que la población perciba a quienes están llamados a proteger, como una amenaza.
– El Conadeh registra más de 800 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad durante el estado de excepción.
– “La gente tiene miedo de denunciar, si tiene miedo de denunciar al delincuente, cómo no le va a tener miedo de denunciar al policía o al militar”: ASJ
Para el director de Justicia y Seguridad de ASJ, Nelson Castañeda, los abusos de las fuerzas del orden a tenor del prolongado estado de excepción es la consecuencia de quitar las barreras a la población.
Y es que el Decreto Ejecutivo PCM 29-2022 emitido por la administración de Xiomara Castro para declarar el estado de excepción limita las garantías y derechos constitucionales de libertad personal, libertad de asociación y reunión, derecho a la circulación, protección contra la detención arbitraria, rendición de caución y, la inviolabilidad del domicilio.
“Esas son las consecuencias de quitar esas barreras, esas limitaciones, esas regulaciones, esas garantías ciudadanas y otorgarle más poder al ente encargado de la seguridad del país”, dijo a Proceso Digital.
Castañeda destacó que las garantías que da la Constitución están para garantizar el respeto de la integridad física, de los derechos civiles, para evitar con eso de que se transgredan los derechos, por eso está allí la Constitución. Además de todo, reiteró la ilegalidad de la medida al no tener el aval del Congreso Nacional en la mayor parte de las 21 prórrogas, la más reciente se amplió hasta el 3 de julio de 2025.
Fin a restricción de garantías constitucionales
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registra más de 800 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado bajo esta medida y señala que lejos de generar efectos positivos, las mismas propician violaciones a los derechos humanos.
Las denuncias documentadas por el Conadeh están relacionadas principalmente con detenciones arbitrarias, incriminación sin motivos comprobables o con medios de prueba aparentemente falsos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robo o pérdida de objetos, destrucción de propiedad privada e incluso violencia sexual.
Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, que han concluido en el procesamiento penalmente a oficiales de la Policía Nacional, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y agentes de la Dirección Policial Antimara y Pandillas (DIPAMPCO), confirman estas denuncias.
“Dichos procesos penales fueron incoados por suponerlos responsables de delitos como tortura, privación ilegal de la libertad, asociación para delinquir, falso testimonio, abuso de autoridad, allanamiento de morada, robo, entre otros, todo ello debido a sus intervenciones durante el estado de excepción”, cita un reciente reporte del Conadeh.
En reiteradas ocasiones, la defensoría del pueblo ha llamado al cese del estado de excepción y se adopte una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y de género que aborde los problemas estructurales del país y solucione las causas que le subyacen.
La Organización de las Naciones Unidas también ha pedido el fin del estado de excepción, a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La OACNUDH también ha documentado que la implementación del estado de excepción ha generado graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, allanamientos sin control jurisdiccional, entre otras, atribuibles a cuerpos de seguridad y defensa.
En tal sentido, el Alto Comisionado instó al Estado de Honduras a que revise integralmente su estrategia de seguridad pública y abstenerse de continuar prorrogando el estado de excepción.
(Leer) ONU insta a Honduras a poner fin al estado de excepción y revisar estrategia de seguridad
Miedo de la denuncia
Para el representante de ASJ, el número de 800 quejas se queda corto. “La gente tiene miedo de denunciar, si tiene miedo de denunciar al delincuente, cómo no le va a tener miedo de denunciar al policía, al militar porque han visto cómo la misma Policía ha capturado a otros agentes participando en operaciones del crimen organizado, en extorsión, en sicariato, en secuestro”, señaló Castañeda.
Si bien la Policía apunta a “manzanas podridas” como las relacionadas a estos hechos alterando la imagen de la institución, sin embargo “todavía no se ve un sistema eficiente por parte de la Policía para poder depurar a todas estos funcionarios”.
Niveles de confianza
La decimocuarta edición del Sondeo de Opinión Pública (SOP), realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) abordó este tema y los hallazgos también evidencian que los actores encargados de brindar seguridad son vistos, en muchos casos, como parte del problema.
“Frente al clima de inseguridad, el gobierno implementó el estado de excepción al cierre de su primer año de gestión, en diciembre de 2022. Consultamos a la población sobre los resultados de esta estrategia de seguridad, y encontramos que el 70.6 % considera que esta medida no está resolviendo el problema”, cita el Sondeo de Opinión Pública.
La percepción de seguridad y miedo ante la presencia policial también fue abordada en el estudio. El 40.6 % de las personas dijo sentirse segura ante la presencia de la policía, mientras que el 30.9 % expresó sentir miedo. El 28.4 % manifestó no sentir ni seguridad ni miedo.
En cuanto a la confianza en los cuerpos armados, un tercio de la población (32.5%) expresó que no confía en ninguno. El 18.1 % confía en la Policía Militar del Orden Público, el 16.4 % en la Policía Nacional Preventiva, 15.7 % en las Fuerzas Armadas.
En otro apartado, el 45.2 % de la población cree que la policía y los militares protegen principalmente a la gente rica y a narcotraficantes; el 19.3 % piensa que protegen al gobierno, mientras que el 16.2 % opina que protegen sus propios intereses. En menor porcentaje están quienes consideran que protegen a la población en general y la soberanía nacional.
En otro apartado la violencia de policías y militares o el narcotráfico, fue mencionada en este reciente sondeo.
Casos de abuso policial
CRIMEN ORGANIZADO. Esta semana, el Ministerio Público informó que logró procesos penales en contra de seis ciudadanos, entre ellos dos policías, por fingir secuestro para obtener el dinero de sus familias a través del pago del rescate.
Los imputados son los policías Ángel Anael Espino Zúniga y Orlin Israel Cárcamo Cálix, además de Nilson Rolando Cálix, Reinerio Valeriano Avelar, José Antonio López López y Felipa Cantarero Ramos.
De acuerdo a las investigaciones, las seis personas fingieron ser víctimas de secuestro, pero personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detectaron que los procesados utilizaron distintas argucias y montajes para solicitar dinero a sus familias a cambio de sus supuestos rescates.
ROBO: Días antes, el Juzgado de Letras de Trujillo dictó en audiencia de declaración de imputado la medida de detención judicial a tres policías por despojar 28 mil lempiras a un ciudadano que buscaba tratamiento médico a su hija.
(Leer) Detención judicial a tres policías por despojar L. 28 mil a ciudadano
Los imputados fueron identificados como Wilfredo Aguilar Martínez, Guillermo Salvador Ávila Munguía y Santos Obdulio Cruz Mora, miembros de la Policía Preventiva, a quienes el Ministerio Público los acusa de la comisión de los delitos de abuso de autoridad, robo con intimidación, amenazas condicionadas y privación ilegal de libertad.
EXTORSIÓN. En el litoral atlántico, una mujer denunció que una de las víctimas de la masacre de Paguales en Sabá, Colón, había sido extorsionado por policías desde hace algún tiempo, a quienes señaló como responsables de su muerte.
(Leer) Policía los extorsionaba, denuncia madre de una de las víctimas de la masacre de Sabá
En el suceso criminal se confirmó la muerte de Henry Miranda Enamorado (29), Carlos Isaías López Lanza, Grevy Giovanni Ramírez y Asael Mancias y tras el hecho, María Enamorado –madre de Henry– narró que los occisos se conducían hacia Sonaguera cuando un vehículo les dio persecución.
“Ellos –se refiere a la Policía- anduvieron, pero no les paré bola porque toda la vida me han extorsionado, siempre me han andado sacando dinero. Sólo porque estaba bolo en la trucha –se refiere a su hijo Henry– y lo iban a agarrar, decían esto y lo otro, acusándolo, y entonces me sacaban dinero”, relató.
Confesó que la primera vez le sacaron 150 mil lempiras y hace 15 días lo agarraron y le volvieron a cobrar 10 mil lempiras y aseguró que cada vez que su hijo iba a consumir bebidas alcohólicas a la pulpería llegaban los policías para detenerlo. “Todo el tiempo estaban extorsionando a nuestra familia”, dijo.
ABUSO DE PODER. En Olancho, los familiares de un hombre denunciaron la muerte de su pariente por sufrir una golpiza a manos de agentes de la Policía Nacional en la comunidad de San Nicolás en el municipio de Juticalpa.
El fallecido fue identificado como Erlin Jeovany Herrera (19).
Los agentes de la Policía Nacional realizaban allanamientos y operativos en zonas rurales de Juticalpa en búsqueda de personas en posesión de drogas y otras sustancias ilícitas.
Según la versión de los parientes que denunciaron el hecho, el joven estaba en un billar junto con sus amigos cuando aparecieron los agentes para detenerlo.
No obstante, el joven se dio a la fuga, pero fue alcanzado por los agentes que lo atraparon, lo subieron a una patrulla donde lo golpearon continuamente.
En febrero, dos ciudadanas denunciaron que tres agentes de la Policía Preventiva asesinaron a golpes a un pariente de ellas en el municipio de San Francisco de Coray, departamento de Valle, zona sur de Honduras.
La ciudadana Bertha Fúnez contó que su hermano menor Santiago Umanzor Flores fue asesinado el sábado por tres policías asignados a la posta de San Francisco de Coray.
ASESINATO – En febrero pasado, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, reveló que policías de alto rango estuvieron involucrados en el crimen de un empresario que fue incinerado en el norte de Honduras.
El involucramiento de policías en el caso del empresario Franklin Edilberto Villeda Caballero, quien tras engaños fue asesinado y quemado en Pimienta e identificado por métodos indiciarios por su esposa y métodos odontológicos forenses, fue confirmado posteriormente por la institución.
El occiso fue reconocido por el reloj que portaba tras ser encontrado sin vida luego de viajar para negociar la supuesta compra de terrenos y renta de propiedades en el norte de Honduras. PD
