Al tenor del decomiso de la millonaria cantidad, también salió a relucir la denuncia de un oscuro contrato suscrito por la Secretaría de Finanzas con una fundación para el arrendamiento de seis fincas y una planta procesadora de camarones propiedad del Estado. En el ínterin el ex funcionario de Finanzas cedió esos bienes a cambio de un pago de 500 mil lempiras anuales cuando anteriormente el gobierno recibía 40 millones de lempiras, se ha asegurado.
Poco se detalla de los avances que la Fiscalía ha obtenido en el tema aunque, sus portavoces, han dejado establecido que trabajan en el caso y que las investigaciones apuntan en varias aristas.
Hallazgo
El pasado martes 31 de julio, en un operativo policial rutinario en la salida de Tegucigalpa hacia la costa norte, se encontró un millón 150 mil lempiras que iban en una mochila en el interior del automóvil donde se traslada la señora Dinora Aranburry, esposa de Guillén, quien se conducía junto a su hijo y su conductor.
La noticia provocó un polvorín y sospechas, lo que indujo la salida de Guillén del cargo de ministro de Finanzas y el anuncio de una exhaustiva investigación de parte de la fiscalía especial Contra el Crimen Organizado y otras dependencias como la fiscalía de Derechos Humanos, Delitos Comunes y la fiscalía de Privación de Dominio.
El involucramiento de todas esas dependencias del Ministerio Público, se debe también a la denuncia presentada por el periodista y empresario de medios de Choluteca, Ariel De Vicente, sobre un oscuro negocio que habría hecho Guillén con una fundación a quien arrendó las fincas y la planta camaronera por un precio de gallo muerto y por lo cual se habría pagado una coima de 3.2 millones de lempiras dirigida a altos funcionarios del Estado.
El periodista sureño involucro en una cadena de delitos a altos funcionarios y políticos del sur de Honduras y miembros del Congreso Nacional.
La “coima”
De Vicente también aseveró que el millón de lempiras encontrados en el carro de Guillén, pertenece a esa coima que fue una “cabuda” o recolecta que los beneficiarios del contrato hicieron para compensar la dadiva entregada mediante el contrato de arrendamiento por lo que solicitó a las autoridades hacer una investigación al respecto al tiempo que solicitó protección al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, luego de rendir una declaración ante el Ministerio Público.Se investiga manejo de fondos de la Fundación para el Desarrollo Comunitario Cinthia Marina (Fundecima)
Fiscalía no suelta prenda
Sin embargo, a 20 días de transcurrida la confiscación del dinero y del vehículo encontrados en poder del ex ministro de Finanzas, el caso se mantiene en la nebulosa sin que nadie pueda dar detalles del avance de la investigación.
El portavoz del Ministerio Público, Marvin Cruz, dijo a Proceso Digital que se han estado realizando diligencias de investigación por parte de la fiscalía especial Contra la Corrupción así como la fiscalía especial Contra el Crimen Organizado, que han solicitado documentación sobre el caso.
Añadió que también se ha solicitado toda la documentación necesaria y el testimonio del caso de los administradores de las compañías camarones para la investigación que la fiscalía especial de Lucha Contra la Corrupción hiciera en relación al contrato de la compañía.
Indicó que esas acciones se están realizando con la idea de lograr vincular (si es que existe vinculación) los casos tanto lo del millón de lempiras incautado y lo de las fincas camaroneras que denunció el periodista Ariel De Vicente.
“Se está analizando ese tipo de coordinación, no podría mencionar específicamente si hay una conexión específica, sin embargo, ambas fiscalías coordinan la etapa investigativa”, se limitó a decir Cruz.
En similares términos se refirió también el portavoz de la fiscalía especial de Lucha Contra el Crimen Organizado y de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Carlos Vallecillo, quien indicó que las investigaciones continúan, pero los fiscales “no quieren soltar prenda”, respecto a los hallazgos en la investigación.
Indicó que el Ministerio Público ha solicitado información a la secretaría del Interior y Población acerca del estatus de la fundación con la que Guillén suscribió el contrato de arrendamiento de las 644 hectáreas cultivadas de camarón para constatar o descartar la denuncia efectuada por el periodista Ariel De Vicente.
Vallecillo recordó que la semana pasada la fiscalía especial Contra el Crimen Organizado solicitó al Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa autorizar el vaciado telefónico celulares de Guillén y su esposa. La solicitud se incorporó al expediente 1873-12, que maneja el Juzgado Penal. Vaciado telefónico es un elemento fundamental
Añadió que el objetivo de los fiscales es escuchar las conversaciones que sostuvieron el ex ministro de Finanzas y su esposa, previo, durante y después del decomiso del dinero y del vehículo.
A criterio del los fiscales esas conversaciones podrían ayudar a esclarecer el origen del dinero y para qué sería utilizado, pues se investiga un posible caso de lavado de activos.
