Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El apoyo a la candidatura de Luis Redondo para asumir la presidencia del Congreso Nacional de parte de la futura mandataria Xiomara Castro y de Manuel Zelaya, coordinador del partido Libre, viene con la firma de un compromiso que rubrica el mismo elegido y que delinea la agenda legislativa, pero fundamentalmente el control que se tendrá del otro poder del Estado, así como de instituciones de creación constitucional y que requieren de mayoría calificada.
-El acuerdo incluye reivindicaciones como refundar Honduras, construir un estado socialista y mandato revocatorio.
-Igualmente se crearán leyes para condenar Golpe de Estado del 28 de junio del 2009 y considerar traición a la patria el fallo de la reelección presidencial y otros.
Los compromisos asumidos por Redondo, los cuales se leen en el documento sobre la “necesidad de refundar el Estado de Honduras” e incluyen la construcción del “Estado de derecho socialista y democrático”, que las decisiones que asuma como titular del próximo legislativo “se aprobarán en la Junta Directiva”.
La junta directiva estará conformada por 17 personas, además del presidente, habrá seis vicepresidentes, dos secretarios, dos prosecretarios y siete miembros alternos.
Las 29 comisiones legislativas serán presididas por diputados “previamente consensuados” entre Redondo y la junta directiva.
El hecho de que las decisiones que adopte Redondo deben ser aprobadas por la junta directiva indica que llegará sin el poder absoluto del que han gozado los anteriores titulares del Poder Legislativo, que hasta la fecha han tenido poderes plenos y que sus acciones no las han tenido que someter a que fuesen ratificadas por sus compañeros de directiva.
Lo anterior indica que Redondo no tendrá control en la gestión y con ello las manos atadas, algo nuevo, aunque no se habla de modificar el reglamento interno o una nueva ley que regule al Congreso Nacional.
Primera sesión, primeras leyes
Redondo asumió el compromiso de asegurar la discusión y aprobación el día en que se instale el Congreso Nacional periodo 2022-2026, las leyes que a su juicio desmontarán el andamiaje del Partido Nacional y así reconstruir el “Estado de Derecho, Constitucional, Socialista y Democrático”.
Dichas leyes son las que condenarían el golpe de Estado de junio del 2009, una legislación que condena la sentencia de la reelección presidencial y que incluiría la calificación de delito de traición a la patria, la de revocatoria del mandato, la de amnistía para liberación de presos políticos y de conciencia.
Igualmente se buscará aprobar una ley Contra la Impunidad y la corrupción de los titulares de los poderes del Estado, crear una Comisión Ciudadana Anticorrupción, que tendría plenos poderes de investigación y absoluta independencia y una ley especial para el Ejercicio de la Soberanía Popular y Participación Ciudadana.
Se compromete también a derogar leyes aprobadas por los nacionalistas que han controlado el Congreso Nacional durante 12 años, las mismas están en un anexo 1, pero no se publicó el mismo.
En cuanto a las elecciones de segundo grado, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Comisionado Nacional de Derechos Humanos se hará “siguiendo las disposiciones constitucionales y legales”.
El acuerdo, divulgado por Redondo con su firma donde se compromete a impulsar dichas iniciativas, fue ratificado por la presidenta electa Castro cuando en su cuenta de Twitter dijo que el mismo les garantizaba desmontar la legislatura nacionalista y por ello su apoyo. (PD).
