Añadió que si una persona tiene suficiente arraigo,responsabilidad, comparece, se somete a la justicia y no la obstruye, tiene derecho a ser escuchada en libertad.
El ombudsman hondureño afirmó, en sus breves declaraciones, que “ese no es ningún privilegio de nadie, es un derecho ciudadano y hay que respetarlo”.
Precisó que el Fiscal General del Estado es un abogado de la República que conoce la Ley y si la está aplicado, eso es lo que tiene que ver el pueblo hondureño.
El 27 de enero pasado, el Congreso Nacional emitió el decreto legislativo número 2-2010 que contiene la amnistía general por delitos de naturaleza política y delitos comunes conexos.
Al respeto, el Ministerio Público emitió, este martes, un comunicado en el que hace del conocimiento público que en estricto cumplimiento del artículo 3 procedió “al archivo administrativo de los expedientes investigativos” relativos a los delitos que establece el decreto.
Así mismo, reconoce la facultad de los órganos jurisdiccionales para sobreseer las causas sometidas a su conocimiento, que se encuentren comprometidas al amparo de la gracia concedida en el decreto de amnistía.
En lo relativo a los delitos excluidos del decreto, el Ministerio Público ratificó su respeto a los principios de estado de inocencia, debido proceso y a ser escuchado en libertad, por el carácter excepcional de la prisión preventiva.
En agosto del 2009, un juez del Tribunal Unificado de Tegucigalpa emitió ordenes de captura contra Manuel Zelaya y sus cercanos colaboradores por suponerlos responsables de los delitos de falsificación de documentos públicos, fraude y abuso de autoridad en la aprobación de un decreto que autorizaba un gasto millonario en publicidad.
El ex Presidente también tiene otra orden de captura por suponerlo responsable de los delitos de traición a la patria, atentar contra la forma de gobierno, abuso de autoridad y usurpación de poderes, todos vinculados a la consulta que tenía prevista realizar el 28 de junio del 2009 para instaurar una Asamblea Nacional Constituyente que le hubiera permitido reformar laConstitución de la República, vigente desde 1982.
