Tegucigalpa – La violencia generalizada que cobra 11 vidas cada día en Honduras, así como el reto de continuar la depuración en la Policía Nacional y evitar desbaratar lo hecho en los últimos seis años, sumado a los monstruos del crimen organizado y el narcotráfico, son apenas tareas inmediatas que enfrenta la Secretaría de Seguridad al mando del general Ramón Sabillón.
– Ocho masacres en 45 días se reportan en Honduras, así como más de una treintena de muertes violentas de mujeres.
– Hay voces que aseguran el Estado deberá pagar millonarias demandas a policías que fueron depurados de la institución, quienes además serían reintegrados, pero la socióloga Julieta Castellanos hizo un llamado a no caer en el juego de los corruptos y no destruir lo hecho en ese cuerpo de seguridad.
A Sabillón lo acompaña la doctora Julissa Villanueva como viceministra del ramo, igualmente a Héctor Gustavo Sánchez Velásquez y Juan Manuel Aguilar Godoy como director y subdirector de la Policía Nacional. Todos ellos enfrentan retor importantes para sostener la seguridad que en 2021 cerró con una tasa de 41 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tercera más alta en Latinoamérica.
En el caso del secretario Sabillón ya comenzó visitas en lugares donde la violencia se ha disparado y que también son corredores del narcotráfico. Igualmente, anunció que hay varias órdenes de captura pendientes de ejecución para extraditables.
De su lado, la viceministra Villanueva apuntó que aprovechando sus conocimientos en ciencias forenses desengavetará casos emblemáticos como el de las jóvenes Keyla Martínez y Angie Peña.
Las nuevas autoridades enfrentan una vorágine de violencia generalizada que es palpable todos los días desde los rincones del país, a la par las operaciones del narcotráfico que dejan una estela de crímenes que se cubren con el manto de la impunidad.
Los delitos en contra de las mujeres y sectores vulnerables es otra realidad que el país enfrenta, y que no encuentra eco para bajar estas altas tasas de incidencia.
El cuerpo de seguridad llevó a cabo un proceso de depuración desde abril de 2016 y que logró apartar a unos seis mil efectivos de la carrera policial, algunos de los cuales demandaron y estarían a punto de obtener sentencias favorables en los tribunales de la República.
El abogado Abel Orellana, quien representa a un poco más de 800 depurados, dijo que la demanda alcanzaría los mil millones de lempiras y que sus clientes deberán ser reintegrados al cuerpo del orden.
Las acciones van dirigidas en contra de Omar Rivera, Alberto Solórzano y Vilma Morales, ellos conformaron la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional que comenzó en 2016.
Los exdepuradores serán acusados de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios, entre otros delitos.
“Vamos a demandar a esta comisión, que injustamente depuraron injustamente a este montón de agentes, que ni tan siquiera les consta que cometieron injusticias dentro de la Policía Nacional”, expresó.
No seguir juego a corruptos
Luego de conocer la demanda que se presentará ante la Fiscalía para reintegrar a la mayoría de los miles de elementos de la carrera policial depurados en los últimos seis años, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, defendió el proceso de profilaxis en el cuerpo de seguridad y aseveró que detrás de eso “hay intereses de todo tipo”.
“Solo el que no quiere ver y es cómplice de la criminalidad en la Policía no recuerda todo lo que ocurría a lo interno de la Policía Nacional. No nos engañemos, llamemos las cosas por su nombre y no nos prestemos al juego de los corruptos”, externó.
Justificó que la depuración policial no se hizo de forma caprichosa o antojadiza, ya que hubo razones de peso que llevaron a iniciar una profilaxis en el cuerpo del orden.
La socióloga sugirió no personalizar los señalamientos en determinadas figuras que integraron la Comisión Especial de Depuración, porque antes que eso hubo un decreto ejecutivo que la autorizó.
Apuntó que detrás de la demanda para reintegrar a los depurados “existen intereses de todo tipo”, por lo que es importante no tener memoria corta.
Recordó que el nombramiento de la Comisión Depuradora ocurrió en abril de 2016, y la misma se llevó a cabo por la presión nacional e internacional, pero sobre todo a la publicación de un informe en el diario New York Times sobre la podredumbre en la Policía Nacional.
(LEER) Tres generales y un cartel; violencia policial e impunidad en Honduras: The New York Times
Citó que en el referido informe se detalló una investigación interna que hizo la propia Policía Nacional sobre el asesinato del general Arístides González y Alfredo Landaverde que fue planificado desde el interior del cuerpo del orden.
“Ese informe quien lo ordenó que se hiciera fue el actual ministro de Seguridad (Ramón Sabillón), sin embargo él no toma ninguna acción y tampoco lo remite al Ministerio Público, sino que lo archivó”, refirió la socióloga.
Castellanos pidió no olvidar las situaciones del pasado que llevaron a impulsar una depuración en la Policía Nacional.
“No solo se trató del asesinato de mi hijo porque fui víctima de una Policía infiltrada por el crimen, sino de la muerte entre ellos mismos”, señaló.
A criterio de Castellanos, “cada quien es responsable de su momento, y el señor ministro (Sabillón) debe estar sumamente preocupado por si le reintegran esa cantidad de policías que desde luego los conoce porque viene del fondo de las entrañas de esa institución”.
Agregó que el general Ramón Sabillón desapareció y nunca fue depurado de la institución, luego consiguió la protección de Estados Unidos en el exilio hasta que recién volvió tras el triunfo de Xiomara Castro en las urnas.
Incremento de crímenes
El comportamiento de la criminalidad en Honduras se torna preocupante ante el incremento de las masacres, muertes de mujeres, extorsión y narcotráfico, con estos flagelos las nuevas autoridades tienen un trabajo duro para atacar los mismos y bajar los índices de homicidios.
La ola de criminalidad que se ha registrado en el presente año dejó más de 300 asesinatos en enero por lo que el comportamiento de la variedad de delitos y las estadísticas que se reflejan este año su tendencia es hacia la alza.
Hasta la fecha se han registrado ocho masacres de las cuales cinco se reportaron en esta nueva administración que dirige la presidenta Xiomara Castro y quien ha nombrado al general Ramón Sabillón al frente de la Seguridad del país.
El titular de Seguridad es de los pocos policías que llegan hasta esa alta posición dentro de la estructura gubernamental, el general abandonó el país el 17 de mayo de 2016 como medida de seguridad, pero el 2 de enero del presente año retornó al país para ponerse a disposición de Castro.
El reto, apostar por la Policía Nacional
Proceso Digital consultó con el criminólogo, Nery Ordoñez sobre el reto que tiene el nuevo gobierno en materia de seguridad.
Ordóñez dijo que el principal reto que tiene este gobierno es que la presidenta Xiomara Castro tiene que apostarle a la Policía Nacional.
Señaló que las otras entidades que funcionan como Fusina (Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional), Policía Militar del Orden Público (PMOP), entre otras deben de ser manejadas por la Policía Nacional.
Sostuvo que el nuevo ministro de Seguridad, ya empezó a trabajar nombrando al director y subdirector general de la Policía, colocando a dos hombres con experiencia, con estudios orientados a contrarrestar el delito que comete la estructura criminal.
Recriminó que la situación en el país es difícil ya que a los jóvenes les sale más fácil entrar a una estructura criminal porque tendrá celular y dinero sin esforzarse, sin estudiar.
Desafío
Indicó que el primer desafío que tiene el titular de seguridad es armar su propia estructura de trabajo que le ayude a frenar la criminalidad, delincuencia común, narcotráfico, extorsión.
Recomendó hacer evaluaciones periódicas del trabajo que estará realizando la cúpula policial y esto ayudará a tener una mejor evaluación por resultados.
Asimismo, dijo que los procesos investigativos son importantes por lo que se les tiene que dar el seguimiento que merecen.
Una de las ventajas con las que cuenta el titular de seguridad es que conoce el sistema cuando estuvo de director policial, sostuvo el criminólogo.
Asimismo, reiteró que otra de las ventajas es que podrá trabajar con los mejores hombres y mujeres a nivel nacional para que lo acompañen en su lucha por sacar el país adelante en materia de seguridad.
Igualmente, deberá de reintegrar a varios policías que fueron depurados, eso se puede ver como una desventaja pero al final muchos policías se fueron siendo buenos hombres, argumentó.
Policía comunitaria
Ordoñez señaló que Honduras ya cuenta con una Policía Comunitaria desde hace mucho tiempo, pero no se debe tergiversar con la Policía Comunitaria que funciona en Nicaragua.
Agregó que en Nicaragua el ciudadano anda a pie por el barrio y colonia, ellos tienen el triple de policías que con los que cuenta Honduras.
Aseguró que son pocos los policías que puedan entender el concepto de Policía Comunitaria porque no tiene las suficientes prebendas.
El criminólogo aseguró que los hechos violentos continuarán en aumento, porque el narcotráfico está dominando a las estructuras criminales.
Indicó que Honduras cuenta con pocos hechos de extorsión, pero el narcomenudeo deja una estela de muertes.
“Si seguimos con esta metodología de asesinar con saña, prácticamente las muertes violentas continuará en el país”, manifestó.
Ordoñez dijo que otra de las desventajas que cuenta la Seguridad del país, es la deshumanización del delito, la población se está acostumbrando a ver las muertes de mujeres con saña y los masacres donde cada día suman más víctimas “ya no hay sensibilidad”, arguyó.
La deshumanización del delito se ha ido arraigando porque se han perdido los valores religiosos, éticos y profesionales.
Además, Honduras ha dejado de ser un país de tránsito de la droga para pasar a ser productores y esto solo deja una estela de muertes. PD
