Los expertos brindaron sus conceptos en el foro, denominado “Transparencia, integridad y participación ciudadana en la elección de la próxima Corte de Justicia”, realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Ni en la época del ex dictador Tiburcio Carías, ni en la de los gobiernos militares, la impartición de justicia había sido tan mala como ahora, opinaron los expertos.
En Honduras, hasta los empresarios quieren controlar la Corte y se ufanan en el extranjero de decir que no pierden casos y que nunca tocarán una cárcel, porque las justicia siempre les favorece, se aseguró durante la jornada.
Un evento, orientado a identificar los principales desafíos que enfrentará la Junta Nominadora en el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), los panelistas abordaron no sólo aspectos jurídicos y técnicos que rigen el poder judicial, sino que también sus preocupaciones porque los próximos magistrados y magistradas que resulten electos, continúen la línea de sus antecesores de obedecer más a intereses políticos-partidarios que a las demandas reales de impartición de justicia pronta y expedita por parte de la sociedad y la ciudadanía.
Durante el foro, el titular del CNA, Juan Ferrera, resaltó que “estamos ante un juicio histórico en la elección de esta Corte del cual está pendiente toda la ciudadanía; esta Corte debe garantizar independencia de poderes y aplicación de la ley pronta y oportuna”.
El desarrollo del foro contó con la participación de los panelistas hondureños, Blanca Valladares, ex magistrada del poder judicial, Armando Aguilar Cruz, Roberto Herrera Cáceres y Manuel Acosta Bonilla.
Junta Nominadora da la espalda al debate
Al mismo fueron invitados todos los integrantes de la Junta Nominadora , quienes confirmaron su asistencia, pero a última hora dejaron plantados a los organizadores sin explicación alguna, dando así la espalda a los planteamientos ciudadanos orientados a conformar una nueva Corte de Justicia más eficiente y eficaz.
Tras lamentar el “autismo” de la Junta Nominadora , Honduras, se dijo, si bien es un país que cuenta con leyes y un Estado de Derecho, éste último con facilidad es manoseado, maltratando así a la sociedad.
“El estado de Derecho, hasta ahora, solo ha favorecido a los “poderes reales” o fácticos y menos a las demandas sociales de la población. En este sentido, se vuelve urgente devolver el verdadero sentido de la Justicia a Honduras”, dijo en su intervención la ex magistrada Blanca Valladares, quien renunció al cargo por no estar de acuerdo con las negociaciones bajo la mesa del poder judicial.
A su vez, el abogado Armando Aguilar Cruz, al identificar los principales problemas que atraviesa la Corte Suprema de Justicia, resaltó en primer lugar la politización, “ésta hace ratos contaminó al poder judicial, cuyos magistrados en las últimas décadas han sido seleccionados fundamentalmente sobre la base de la filiación política partidaria de los abogados favorecidos. Las repetidas y singulares votaciones de hoy día: 8 a 7 del máximo tribunal, así lo han dejado comprobado”.
Justicia y política no deben ser amantes
“Política y justicia son palabras que no aman andar juntas por el mundo. De ahí que tengamos un poder judicial severamente cuestionado, nacional e internacionalmente, que no ha tenido la capacidad de llevar confianza que es el producto de la calidad de justicia impartida o administrada”, apuntó.
Hasta ahora, sostuvo, la impartición de justicia solo reafirma la célebre y tristemente frase del ex embajador estadounidense, Cresencio Arcos, en el sentido que en el país la justicia sólo muerde a los descalzos.
“En días recientes, y a raíz del proceso electoral que acaba de finalizar, la Corte Suprema de Justicia, conociendo inapropiadamente de acciones de inconstitucionalidad, al proferir los correspondientes fallos, no pudo siquiera disimular su motivación política sectaria, y ha dejado para la historia sentencias de claro apartamiento grosero de la Constitución , la ley, la justicia y el derecho”, afirmó Aguilar Cruz.
El jurista Roberto Herrera Cáceres, al hacer un repaso de la institucionalidad jurídica del país a la luz de los convenios internacionales, exhortó a la ciudadanía y a la población a ejercer mayores medidas de prevención y control hacia la justicia, en particular, a la actual Junta Nominadora para que sus acciones sean transparentes.
En el debate se indicó que la reforma constitucional que dio paso a la creación de la Junta Nominadora no fue más que una especie de “confite” entregado por los grupos políticos y empresariales a la ciudadanía para calmar sus demandas de transparentar la justicia, “pero todo ya estaba cocinado desde antes, se burlaron de la sociedad y hoy esa Corte de Justicia es una vergüenza nacional”, se indicó.
Hasta los diputados quieren tener jueces
Se dijo que desde sus orígenes la Junta Nominadora nació contaminada y que las organizaciones proponentes que la integran, al igual que los políticos, “coquetean” con los nominados, quienes de salir favorecidos, se ven en la obligación de “agradecer y pagar el favor”. Así parece ser la tendencia de acuerdo a experiencias del proceso anterior y del actual en ciernes, argumentaron.
El reconocido jurista y analista político, Manuel Acosta Bonilla, fue incisivo en la crítica al denunciar que el nivel de corrupción en el poder judicial no sólo se presenta entre algunos de los magistrados, sino que se traslada a las Cortes de Apelaciones y Jueces, “incluso, hemos llegado a extremos tales, que los diputados quieren nombrar sus jueces en los departamentos para negociar, chantajear, devolver o cobrar favores”.
“Uno de los mayores problemas de la administración de justicia es la corrupción. Cuando hay corrupción, el Poder Judicial se convierte en una fuente de riqueza. En la época electoral, por ejemplo, la demanda y la tarifa para los jueces y magistrados se incrementa; con las excepciones del caso. Ello hace que la Justicia no sea recta, ni responda a lo que digan los códigos y las leyes”, afirmó Bonilla.
Él es del criterio que ni en la época de Tiburcio Carías ni en la de los regímenes autoritarios, el nivel de deterioro en la impartición de justicia se devaluó tanto, como en la actual Corte de Justicia. “En Honduras, esto ha sido así, pero tengo la certeza que en los últimos años esto ha sido peor”.
Hay que reformar el sistema de partidos
“La filtración política es muy grande, la Corte Suprema de Justicia ha tenido dueños que se ufanan en el extranjero que no hay tribunal que los condene; se ha perdido el respeto a los cargos del Poder Judicial, hoy todo mundo quiere ser magistrado y en la Corte no hay escrúpulos para nada. Hasta los litigantes tienen potestad para hacer sentencias, como parte de los pagos y compromisos. Puede sonar duro decir esto, pero es lo que vemos, y de seguir así, jamás tendremos bajo esas condiciones un país respetado y respetable”.
Manuel Acosta Bonilla llamó a iniciar una cruzada aún mayor en el proceso de adecentamiento de la justicia: reformar el sistema de partidos políticos para tener una clase política de nivel, con mayor calidad y no tan pobre como la actual, ya que a su juicio, el mal para impartir justicia pasa precisamente por el rol nefasto que han jugado los políticos.
“Hay que evitar que el país y su sociedad se sigan pudriendo”, dijo en tono lacónico.
