Tegucigalpa – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), efectúan este jueves inspección y secuestro de documentos de las oficinas del Centro de Justicia Civil del Poder Judicial.
El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, detalló que se trata de una acción investigativa relacionada al extravío de 1.4 millones de lempiras de la oficina de Títulos Valores entre enero de 2007 y enero de 2015.
Indicó que el dinero que ingresó bajo consignaciones y custodia al Centro de Justicia Civil nunca fue depositado a las cuentas bancarias de los juzgados de letras o se devolvió a las partes, entre otras circunstancias.
En tal sentido, los fiscales y agentes asignados al Departamento de Delitos en Contra de la Administración Pública ubicarán, revisarán y decomisarán toda la información que pueda contribuir a la identificación de aquellos servidores judiciales que habrían participado en este hecho que es reprochable penalmente, aseguró.
Según Mora los agentes secuestran documentos del Centro de Justicia Civil del Poder Judicial en la cual se encuentran las oficinas de Auditoría Interna, Títulos Valores, Juzgado de Letras Civil y Juzgado de Paz.
Este caso, forma parte de una serie de líneas de investigación que la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia mantiene en relación a presuntos actos irregulares en la administración anterior de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Poder Judicial hizo la denuncia
El Poder Judicial mediante su investigación interna comprobó la pérdida de 1.4 millones de lempiras de la Oficina de Títulos Valores adscrita al Centro de Justicia Civil y en base a la auditoría interna practicada presentó la correspondiente denuncia al Ministerio Público una vez que el caso fue revisado por el desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
Un informe de Auditoría Interna del Poder Judicial reveló las irregularidades en el manejo de dichos fondos depositados en los Juzgados de lo Civil de Francisco Morazán entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de enero de 2015 por lo que se actuó de inmediato remitiendo dicho informe al Consejo de la Judicatura y a Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales.
La entonces Coordinadora del Centro de Justicia Civil, abogada Ingrid Ramos, el 17 de septiembre de 2014 denunció las irregularidades encontradas a la Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales la que al día siguiente comenzó la tarea de investigación sobre los hechos denunciados.
Una vez presentado el informe de la investigación interna realizada, la División Legal del Poder Judicial interpuso ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente contra el licenciado Héctor Manuel Corea en su condición de Administrador I del Centro de Justicia Civil del departamento de Francisco Morazán por la apropiación indebida de dinero y cheques que dejó de ingresar en la cuenta bancaria del Banco Central a nombre de los Juzgados de Letras según el informe especial de la Unidad de Auditoría Interna número 009/2014-UAI-PJ.
Las acciones realizadas por las unidades internas del Poder Judicial documentaron que en dicho período, la revisión de los requisitos contenidos en los Estados bancarios versus el efectivo recibido por los Secretarios Adjuntos y trasladados para consignación en custodia de la Oficina de Títulos Valores, arrojó que valores en efectivo no fueron depositados en la cuenta bancaria, pero tampoco han sido devueltos a las partes; sin embargo, no se encontró existencia física de dichos valores.
En este sentido, la investigación del Poder Judicial detalla que se identificaron valores ingresados a la Oficina en mención no depositados en la cuenta pero sí retirados de la misma a efecto de ser reintegradas a las partes de conformidad a la resoluciones legales emitidas por los jueces, constituyéndose estas acciones en un faltante cuya suma totaliza 1,450,349 lempiras con 30 centavos.
Las acciones realizadas legal y oportunamente por las autoridades del Poder Judicial fueron las correspondientes al hecho investigado, por lo que se envió la pertinente denuncia a la Fiscalía junto con los documentos que acreditan las irregularidades encontradas en la administración del efectivo y cheques por parte del licenciado Héctor Manuel Corea en su condición de Administrador I del Centro de Justicia Civil.
