Por: Pedro Gómez Nieto
Estamos ante un palíndromo que dependiendo hacia donde lo leamos el centro de gravedad se traslada desde el Estado hacia la sociedad y viceversa.
No hay gobierno que no busque la secretividad como escudo para desarrollar su actividad política. Tampoco se cuestiona que la publicidad en la gestión pública es uno de los pilares del funcionamiento de la democracia. No obstante, la supervivencia de las democracias obliga los Estados a proteger aquellas informaciones, documentación y actividades, conocidas como “materias clasificadas” cuya difusión pudiera afectar la Seguridad Nacional.
Una definición a vuela pluma de “Seguridad Nacional”, sería: «La acción del Estado dirigida a mantener el patrimonio y los recursos de la nación, en todas sus formas, así como el desarrollo armónico y marco de convivencia de los ciudadanos, a cubierto de cualquier interferencia y agresión, interna y externa.»Los garantes de este paraguas de protección son los servicios de inteligencia, con el apoyo de las estructuras de seguridad y defensa. También se debe implicar la Administración del Estado y la sociedad civil, vigilantes para denunciar posibles amenazas.
Un ejemplo del concepto: Llevamos años lamentando que nuestro patrimonio turístico de la costa norte se vea agredido por los vertidos de basuras que arroja Guatemala al rio Motagua, contaminando nuestras playas de la bahía de Omoa, perjudicando gravemente el medio ambiente, patrimonio y sector turismo. Esta situación lejos de reducirse con el paso de los años va en aumento. Las protestas de nuestras autoridades ante la contraparte guatemalteca les entra por un oído y sale por el otro. El problema está tomando tales dimensiones que la basura, incluidos desechos hospitalarios, que no terminan en nuestras costas se adentra en el mar rumbo a las Islas de la Bahía. El gobierno tiene la obligación de solucionar el problema ahora, no cuando las toneladas de basura lleguen a Roatán.
En Inteligencia no hay escenario que no deba ser contemplado. ¿Y si eso fuese lo que buscan los vecinos? Arruinar nuestros recursos naturales afectando el turismo como estrategia para fortalecer el propio. La profecía autocumplida establece que: con independencia de que una cosa sea cierta o falsa, siempre será cierta en las consecuencias que provoca. No importa si Guatemala tiene la voluntad de perjudicarnos, el daño se está produciendo y conocemos al responsable. Se trata de un asunto de Seguridad Nacional cuyas acciones de inteligencia para resolverlo tienen que estar protegidas por ley.
Nuestra “Ley de Secretos Oficiales” (LSO), aprobada el día de la bacanal legislativa del 24.01.14, dejó abiertas gateras por donde colarse la corrupción e impunidad. La LSO debe reformarse y mejorarse, nunca derogarse. Alucino escuchando a los tres próceres presionando para que el gobierno la suprima, bajo el argumento de que ampara a los corruptos y no permite las investigaciones de la MACCIH. No es quemando el barco como terminaremos con las ratas, porque el barco se llama Honduras. La corrupción no depende de las leyes, sino de la malicia de las personas que las violentan. Produce desasosiego oír la verborrea izquierdista pidiendo la Constituyente para refundar Honduras, como remedio milagroso contra nuestras miserias. Lo que tenemos que refundar en Honduras es el corazón de algunos políticos. Cuando escucho a corruptos denunciar la corrupción recuerdo un dicho de Inteligencia: ¿cuál es el mejor sitio para esconder un muerto? Sin duda un cementerio… ¿Se entiende?
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), artículo 287 constitucional, es la estructura responsable de la Seguridad Nacional. Conformado por los presidentes de los tres poderes del Estado, ministros de Defensa y Seguridad, director de Inteligencia y Fiscal General. Faltaría incluir al Canciller de la republica porque asume la política exterior. Esas autoridades, además del consejo de ministros, como órgano colegiado, deben ser las únicas responsables de decretar la secretividad de un asunto, incluido en el catálogo de “materias clasificadas”, en sus respectivos marcos de responsabilidad política.
La publicidad en la gestión del gobierno permite la transparencia, la cual fortalece la institucionalidad, lo que consolida el Estado de Derecho porque el pueblo conoce el comportamiento de sus autoridades, lo que las legitima o descalifica en su defecto. Necesitamos armonizar el derecho a conocer de la sociedad con la obligación del Estado a preservar nuestro modelo de desarrollo, la Seguridad Nacional.
“Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” -Eduardo Galeano-
