Tegucigalpa – La Secretaría de Finanzas ha instruido a los altos funcionarios del gobierno acatar las disposiciones para contener el gasto público a fin de reorientar los recursos a atender la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Según la circular firmada por la ministra Rocío Tábora, ante la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el decreto PCM 020-2020, emitido el pasado 16 de marzo que contiene las medidas para el ordenamiento de las finanzas públicas y reorientación del Presupuesto General de la República, ha instruido a gerentes, directores de instituciones centralizadas descentralizadas a adoptar una serie de medidas.
Entre esas medidas figura la restricción de nuevas contrataciones de bienes y servicios durante el presente ejercicio fiscal tales como servicios de consultoría, estudios, investigaciones y análisis, servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones, publicidad y propaganda, ceremonial y protocolo, productos alimenticios y bebidas, pasajes y viáticos nacionales y al exterior, prendas de vestir, productos de artes gráficas, exceptuando los que se adquieran para combatir la emergencia decretada.
Asimismo, instruye postergar la ejecución de actividades tales como talleres, capacitación y la reducción de giras de campo y se restringe durante 2020, la compra y arrendamiento de vehículos, así como el arrendamiento de nuevos inmuebles por partes de las instituciones del Sector Público No Financiero, excepto aquellos donde los fondos provengan de financiamiento externo, pero lo anterior no aplica a los servicios vinculados a la salud, educación, seguridad y defensa.
Otra disposición es efectuar los ajustes correspondientes realizando la reprogramación física y financiera de sus objetivos, resultados y metas ajustando su presupuesto al Plan Operativo Anual de compras y contrataciones tal como lo establece el artículo 30 de las normas de ejecución presupuestaria vigentes con el fin de lograr una mayor eficiencia y calidad en la inversión pública.
Las medidas adoptadas tienen el propósito de mejorar y garantizar el avance de los proyectos bajo las medidas de austeridad y ahorro en el uso eficiente de los recursos disponibles.
Advierte que será responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades que los compromisos adquiridos sigan el procedimiento establecido en el marco legal vigente.
