San Pedro Sula – Debido a la inseguridad que se vive en el sector transporte, los pobladores de la colonia López Arellano de Choloma, Cortés, norte de Honduras, se quedaron sin el servicio la mañana de este martes a consecuencia de la paralización por parte de los trabajadores del rubro.
En ese sentido, las estaciones de autobuses permanecen aglomeradas de personas para dirigirse a sus centros de trabajo y de estudios en San Pedro Sula.
Ante la paralización de los trabajadores del transporte que protestan contra la inseguridad que el lunes cobró la vida de un conductor de una unidad, los usuarios han tenido que buscar otras formas para transportarse como carros particulares y taxis.
Como se sabe, el lunes dos motociclistas ultimaron al conductor de una unidad de transporte rapidito que cubre la ruta colonia Cerro Verde del sector López Arellano de Choloma hacia el centro de San Pedro Sula.
El hecho criminal ocurrió a unos 50 metros de donde efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizaban un retén.
La víctima fue identificada como José Martín Castillo Flores alias “El Cachorro” de 47 años de edad, quien conducía un microbús color gris, registro número 03, matrícula AAP0765, de la ruta Cerro Verde a San Pedro Sula.
Al llegar al sitio conocido como La Vuelta, después de pasar por el retén de los militares, Castillo Flores fue interceptado por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta.
Testigos manifestaron que los motociclistas se pusieron a la par del busito y comenzaron a disparar en contra del motorista, dejándolo gravemente herido, así como a una pasajera que viajaba en la parte frontal del vehículo.
Otros motoristas de unidades de transporte que transitaban por ese sitio, auxiliaron a Castillo Flores, subiéndolo a la “paila” de un vehículo particular para trasladarlo al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Sin embargo, el esfuerzo fue en vano, ya que el conductor murió cuando era trasladado a ese centro asistencial.
El asesinato de Castillo desató la protesta de los demás trabajadores del transporte quienes culparon a los socios o propietarios de las unidades por negarse a pagar el impuesto de guerra que exigen los miembros de la Mara 18.
Los trabajadores del servicio rapidito señalaron que los antisociales les exigen el pago de 40 mil lempiras como cobro de la extorsión o impuesto de guerra.
Refirieron que recientemente, miembros de ese grupo delictivo hicieron llegar al punto dos teléfonos móviles para que al momento que sonaran, fueran respondidos y así negociar el monto del pago de la extorsión.
“Lo que sucede es que la pandilla 18 nos hizo llegar dos celulares para que los socios nos ayudaran a pagar; como choferes y ayudantes estamos dispuestos a pagar, pero los socios no nos quieren apoyar”, expresó uno de los motoristas.
Recalcó que “estas personas quieren que de entrada se les cancele 40 mil lempiras, para después poner una tarifa de lo que se les dará semanalmente; pero todo esto es resultado de las negativas de parte de los socios”.
Es por esas razones que este martes decidieron no trabajar ni prestar el servicio a los empleados hasta que los socios decidan ayudarles a pagar la extorsión.
