Tegucigalpa –“El representante del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández explicó hoy la diferencia entre un aseguramiento y una incautación, aquí se ordenó un aseguramiento y se ejecutó una incautación”, señaló el apoderado legal de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo, Julio Ramírez, en torno a la entrega este lunes a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), de la residencia ubicada en el Chimbo, Francisco Morazán.
Ramírez acompañó al expresidente Porfirio Lobo en la entrega de su residencia a la OABI, en ese sentido, manifestó que “los que se rasgan las vestiduras como fariseos por decir el CNA deberían de estar en la capacidad de estar juzgando este atropello que está sucediendo, pero no les importa, les importa tenernos entretenidos de esta manera pasándonos por el derecho de quien sea”.
Detalló que él así como defiende a una persona en Marcala, La Paz, así defenderá a la exprimera dama Rosa Elena Bonilla. “Siempre voy a defender la aplicación del derecho, el debido proceso de la manera correcta a todo ciudadano de la Republica de Honduras, y así como no veo justo que una persona esté siendo procesado porque el Sistema Penitenciario lo mando a cortar leña igual voy a defender a Rosa Elena Bonilla”.
Reiteró que se ordenó un aseguramiento y no una incautación, obviamente se están citando aspectos solamente para mantener el deseo de las personas, y de aquellos que tramaron esto comenzado por el CNA que nunca se han atrevido a dar la cara para defender los argumentos que hicieron en perjuicio de Rosa Elena Bonilla.
“Esperamos que se resuelva el requerimiento en el que la juez Vera Barahona ordenó un aseguramiento y se ejecutó una incautación a su vista y paciencia, ella responde mal a los intereses y acusaciones que suceden en nuestro país en este momento y no a la aplicación de la justicia”, arguyó.
Recordó que su defendida no era funcionaria pública para que la acusen del delito de malversación de caudales públicos y lavado de activos, por lo que de no cometer el primer delito, tampoco comete el segundo, la juez aplicó ley de 2002 por hechos cometidos supuestamente en 2011 al 2014, donde no estaba penalizado el delito de lavado de activos.
En ese sentido, dijo que Rosa Elena de Lobo debe de estar en libertad, por lo que no es justificable que no se haya dado paso en tres semanas al recurso de apelación interpuesto por su persona.
Aseguró que acompañará al expresidente Porfirio Lobo en su lucha por la defensa del debido proceso.
