Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La Policía Militar de Orden Público, surgió en medio de la polémica en el 2012 en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora se ha convertido en una fuerza de poder en la administración del bicentenario, al entregársele no solo el manejo de las cárceles, también amplias franjas del territorio nacional en el llamado corredor de la inseguridad y el narcotráfico.
En el 2012, el partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre) entonces en la oposición, fue un acérrimo opositor a la PMOP por considerarla una especie de guardia pretoriana del entonces gobierno de Hernández, y en sus promesas de campaña se comprometió no sólo a disolver esta fuerza militar, sino que también desmilitarizar la sociedad, pero, la historia ya en el solio presidencial es otra.
El gobierno de la presidenta Castro ha dado un vuelco de 180 grados en su política de desmilitarización de la sociedad y las relaciones cívico-militares, al terminar cediendo enormes poderes y concesiones en un afán por revertir la ola de inseguridad y violencia que acecha su administración, producto del crimen común y organizado.
En marzo del 2023, en una ampliación al estado de excepción parcial anunciado por el gobierno a fines de 2022 para revertir o detener el delito de la extorsión, la presidenta Xiomara Castro en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, refrendado por el Consejo de Ministros y gabinete ampliado, anunció el lanzamiento de un plan denominado Solución contra el Crimen, en el cual otorga ya funciones específicas a los militares en materia de seguridad.
Corredores de droga y cárceles
Asimismo, se anunció que desde la Corte Suprema de Justicia se crearían jueces especiales para apoyar la operación Solución contra el Crimen, que el Ministerio Público destinaría 15 fiscales especiales, y que la Unidad de Inteligencia crearía un sistema sobre personas de alta incidencia delictiva.
En ese plan, se define que corresponde al Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval de Honduras, mantener el control de la seguridad en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios; mientras tanto, la Policía Militar Del Orden Público, ejecutará acciones en Atlántida, Yoro y Copán.
Los departamentos de Atlántida, Yoro y Colón son parte del corredor del narcotráfico que se mueve con mayor intensidad en el país, según los expertos antidroga, además de conectarse zonas de violencia e inseguridad por las operaciones de estos grupos paralelos de poder. Son las zonas en donde surgieron, operaron y se expandieron carteles como Los Cachiros, los Valle Valle y el clan Urbina, entre otros. Las autoridades siguen asegurando en esas zonas extensas plantaciones de marihuana y coca para fines de procesamiento para pasta de cocaína, además de encontrar narco laboratorios, entre otros.
Los tres departamentos con mayor trasiego de drogas fueron otorgados a la PMOP, a lo que ahora se suma el control de las 25 cárceles del país, consideradas por las autoridades como escuelas del crimen.
El retorno de los militares a la escena pública de la seguridad y los nuevos poderes otorgados a la PMOP, tienen sus orígenes cuando en marzo del 2022, la presidenta Castro anuncia que quitaba el control de las cárceles a los militares para pasarla a la Policía Nacional que en 10 meses debería dar resultados, los cuales no fueron contundentes. Siguieron las revueltas, las extorsiones, las muertes en los penales.
Castro ordenó posteriormente una interventora a los penales coordinada por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, y un equipo de expertos civiles, pero el problema carcelario fue creciendo, los desafíos desde los penales a la autoridad policial y de la interventora iban en ascenso, y mientras éstos se ufanaban del hallazgos de túneles ocultos y caletas de armas, se fraguaba una de las más dantescas tragedias carcelarias: el asesinato de 46 mujeres privadas de libertad en la cárcel femenina de Támara.
La presidenta Castro destituye al ministro de seguridad, Ramón Sabillón, y disuelve la comisión interventora que lideraba la viceministra Julissa Villanueva, a quien dejó en su cargo de burócrata. Villanueva hizo un destape de la ingobernabilidad en las cárceles y al preguntarle a la mandataria Castro el por qué la sacaba de la interventora si estaba haciendo bien su trabajo, ésta le habría respondido: “este es un golpe para ti, para mí, para el pueblo…esto debe parar”, señaló Villanueva.
“Claudicación” del poder civil al militar
Y fue así como decide devolver el control de las cárceles a quienes hasta hace un año lo habían tenido: los militares, y con ello dar también mayor poder a la PMOP, cuyo comandante, el coronel Ramiro Fernando Muñoz, se torna mediático con un video en donde se le ve orando para no caer en la corrupción que reina en las cárceles, al tiempo que se distanciaba del estado laico que pregona Honduras.
Luego, al mejor estilo del presidente Nayib Bukele, en El Salvador, se ofrecen a la población imágenes y fotografías de los reclusos sometidos, semidesnudos, con la cabeza agachada y posición de rendimiento. En sus operativos a lo interno de las cárceles muestra decomiso de poderosos arsenales, como armas de grueso calibre, granadas, armas de fabricación casera, sofisticadas redes de telefonía celulares, y otra serie de artefactos prohibidos en poder los privados de libertad. La PMOP ha dicho que ya tiene el control de las 25 cárceles del país.
Pero ese retorno de los militares y de la militarización de la seguridad pública ha tenido fuertes repercusiones entre organismos y expertos en materia humanitaria por considerar que se está a la víspera de retrocesos democráticos peligrosos para el país con altos riesgos de avanzar hacia un autoritarismo.
El riesgo de una deriva autoritaria
El experto en derecho humanitario, Joaquín Mejía, al conocer las nuevas determinaciones del gobierno, reaccionó en sus redes sociales citando expertos internacionales, al indicar que si bien el uso de los militares en funciones de seguridad se permite cuando hay escenarios donde los criminales tienen poder de fuego y control territorial que no se puede contrarrestar solo con las capacidades policiales, sea por su debilidad o por su penetración criminal, su participación debe ser excepcional, acotada y transitoria, bajo el más amplio control civil, judicial y parlamentario, y acompañada de una pronta estrategia de salida que garantice su progresivo reemplazo por la Policía y por el resto del aparato público.
Dar el control de las cárceles a la PMOP, parece cumplir condiciones anteriores, pero hay dos graves problemas: según la CIDH parte de la violencia e inseguridad proviene de la Policía Nacional y la Policía Militar, “en algunos casos en complicidad con el crimen organizado”. Además, la Policía Militar es la misma que, según la OACNUDH, utilizó la fuerza letal para controlar las protestas contra el fraude electoral, provocando que 23 personas murieran y 60 resultaron heridas, sin que hasta el momento hayan rendido cuentas por sus crímenes.
Esta decisión del gobierno –advierte- no solo es un retroceso en cuanto a la desmilitarización del sistema penitenciario, sino que también es una claudicación ante el poder militar que ha controlado las cárceles durante la última década y es responsable directo de su crisis actual.
Por su parte, la representante de la organización humanitaria internacional WOLA, Carolina Jiménez, posteó en sus redes, “cuando lo que se contagia con las #Malasideas#, toda sociedad necesita políticas se seguridad efectivas, pero dichas políticas deben respetar #DDHH# y evitar que se sustituya la violencia delincuencial por violencia del Estado. Esto ya pasó en #El Salvador# que suceda en #Honduras#”, haciendo alusión a las imágenes de privados de libertad exhibidas por las autoridades militares y policiales del país.
En tanto, la organización Amnistía Internacional, advirtió en un comunicado que el gobierno de la presidenta Castro está emulando las políticas violatorias de derechos humanos que aplica Bukele en El Salvador, indicando que: “El uso de fuerzas de seguridad militarizadas y la suspensión de derechos en estos contextos en la región centroamericana ha derivado en violaciones a los derechos humanos, como muertes de personas bajo custodia del Estado, detenciones arbitrarias, malos tratos, violaciones al debido proceso, discriminación, restricciones al ejercicio de la libertad de expresión e incluso en crímenes de derecho internacional, como tortura y desapariciones forzadas de personas”.
Amnistía internacional señala que ve con suma preocupación estos giros del gobierno del bicentenario, cuya mandataria, Xiomara Castro, asumió la conducción del país prometiendo una agenda progresiva en materia de derechos humanos y asumiendo el compromiso de desmilitarizar a la sociedad, pero en la práctica, está dando a la PMOP funciones que no le competen en materia de seguridad.
De hecho, agrega, al 31 de mayo de 2023, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) había recibido 193 quejas relacionadas con el estado de excepción, incluidas 22 contra la PMOP, por uso desproporcionado de la fuerza en la aprehensión y detención, actos de intimidación y amenazas en allanamientos para obtener información, incluyendo disparos para intimidar y atemorizar a la población, imprecisión de las autoridades sobre las razones de la detención, y el no permitir el ingreso de familiares para poder ver a la persona detenida.
En ese sentido, Amnistía Internacional propone revisar la idoneidad de las medidas recientemente implementadas relativas al estado de excepción y los toques de queda garantizando los principios de necesidad y proporcionalidad, así como seguir todos los procedimientos, incluyendo notificaciones oficiales a la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.
A su vez, disponer de salvaguardas efectivas para prevenir cualquier violación a los derechos en contextos de estados de excepción o toques de queda, incluido garantizar los derechos de las personas al acceso a asistencia legal, al debido proceso y a un trato justo, y que no haya discriminación alguna por motivos prohibidos por el derecho internacional. Honduras, sostiene, debe avanzar hacia la desmilitarización de la seguridad a fin de evitar caer en derivas autoritarias que debiliten la democracia y la libertad de expresión. (PD)
