Aunque nuestra legislación se mueva a paso glacial y existan muchos intereses o desafíos que impidan la modernización del sistema de transporte público, las oportunidades y cambios producto de los avances tecnológicos no pueden ser suprimidos- ya se ha iniciado el servicio de Uber. Pretender ignorarlos solo resulta en un servicio deficiente y caótico, con fuertes componentes de corrupción operativa, condenados a la baja inversión y acosados por la criminalidad.
Los cambios en la tecnología que afectan el servicio vehicular comunitario son de varios tipos. El más importante es el acceso general a teléfonos inteligentes, que actúan como mapa y banco. Al unirse estos componentes en una plataforma inteligente (como Uber, pero igual hay herramientas para el transporte colectivo), se puede unir a las personas con su transporte deseado con un mínimo de ineficiencias, sin uso de efectivo, y con prontitud.
Adicionalmente, las plataformas cuentan con un sistema de transparencia y rendición de cuentas, que evalúan tanto a los usuarios como a los proveedores para garantizar la seguridad. Cada vez será más sencillo para cada proveedor montar su propio esquema independiente al reducirse los costos de comunicación y almacenaje de datos y desarrollarse plataformas cada vez más cómodas y funcionales.
Estos sistemas se prestan a una regulación ordenada de parte de las autoridades. Pueden asumir funciones de agente de recolección tributaria (ya que las transacciones monetarias son a través de su plataforma) y de supervisores de calidad de los vehículos y servicio.
En unos años hasta se espera la transición a vehículos automáticos controlados por servidores remotos. La decisión que se requiere es: ¿Se implementarán estos cambios de forma ordenada y prudente, o los dejaremos al arbitrio de la suerte?
Se puede evolucionar de un sistema arcaico, monopólico y burocrático a uno abierto con regulaciones que realmente se cumplan, cuidando únicamente de sancionar y desincentivar la transacción en efectivo. Al haber un marco único de requisitos al cual cualquiera pueda acceder de forma automática y remota, se eliminan muchos de los vicios del sector. Simultáneamente se puede crear una estrategia de transición y defensa para los sectores tradicionales adaptada a las nuevas realidades.
El sector del taxi tradicional está amenazado de forma inmediata. Los medallones (derechos) de taxi en la ciudad de Nueva York, que costaban más de un millón de dólares en el 2014, han caído a una quinta parte de su valor máximo. Mantener la vida de este rubro es importante, y existen algunos ejemplos de su adaptación: Irlanda logró adaptar Uber al servicio de taxi. En otros países, las empresas o cooperativas de taxis han desarrollado sus propias aplicaciones para competir. Esto solo se puede lograr si se migra a un proceso de despacho la línea, pago electrónico y taxímetro virtual. Todas esas medidas además contribuirían a la seguridad de conductores y pasajeros.
El transporte a mayor escala también es sujeto de cambios. Las aplicaciones permiten compartir espacios en un vehículo generando economía de escala (creando rutas virtuales construidas por la computadora para cada uso). Todo el sistema de buses, microbuses y similares es sujeto a utilizar o ser víctima de la competencia que use estos sistemas. Al igual que en los taxis, aunque en mayor escala, se dan los efectos del pago electrónico.
Es en interés nacional el que las plataformas propias y la adopción de tecnologías avance de la forma más rápida posible. La economía de compartir reflejada en patrones de compra, de arrendamiento de espacios, de pedidos de comida y otros más novedosos, tiene mucho que dar al transporte vehicular. El crecimiento de ese sector daría una mayor eficiencia, seguridad, calidad de vida y capacidad tecnológica a las personas y a la sociedad.
Por tanto, creemos que un enfoque público en este tema, con información compartida entre los sectores, es importante. Los cambios se darán independientemente de la voluntad del gobierno, transportistas, o usuarios. Es de interés social el garantizar la mejor transición posible que permita la mayor viabilidad al sector del transporte existente, mejores servicios, mayor seguridad para los usuarios, desarrollo de nuestras propias capacidades tecnológicas, y transparencia financiera con la recaudación fiscal justa.
