Tegucigalpa – La introducción en el Congreso Nacional del proyecto de la nueva Ley de Educación Superior donde se pretende suprimir a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) la potestad de regir la educación superior en Honduras, significa que detrás de esa intención hay “intereses oscuros”, según académicos y entendidos en la materia.
En ese sentido, a partir de este lunes se activa un frente común para oponerse a ese anteproyecto que fue introducido a la Cámara Legislativa en un momento donde los diputados sesionaban a puerta cerrada.
Ante esa intención aviesa, la posición de las autoridades de la UNAH sobre la reforma de los artículos constitucionales 156, 159, 160 y 163, es de absoluta oposición porque dejaría sin autoridad al Estado y sin el control de la educación superior.
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Violación a la Autonomía
De acuerdo a la rectora Julieta Castellanos, la UNAH debe seguir rectorando la educación superior porque es la que maneja los mejores campos de conocimiento.
Detalló que la UNAH tiene 10 facultades y cada una desarrolla un área de conocimiento. Además tiene ocho centros regionales y ocho centros a distancia que le permiten encabezar las políticas de la educación superior.
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La UNAH ha advertido sobre la violación a su autonomía y el peligro que las carreras y facultades nuevas sean sujetas a la aprobación de un Consejo Superior integrado con la mitad de representantes de universidades privadas ante la oscura embestida de algunos sectores que pretenden debilitar al Alma Mater.
El diputado Luis Berríos confirmó que la noche del jueves pasado se introdujo a la Cámara Legislativa un anteproyecto para discutir la nueva Ley de Educación Superior con miras a quitar a la UNAH la potestad constitucional en materia de educación superior.
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Argumento Ambiguo
Berríos argumentó que de las 20 universidades existentes en Honduras, entre públicas y privadas, 19 de ellas (grupo G-19) apoyan ese anteproyecto de ley “porque ya no quieren estar bajo el régimen de la UNAH porque ellos argumentan que no hay democracia en la toma de decisiones”.
El parlamentario argumentó que las 19 universidades están bajo un organismo donde hay 12 votos, 6 de la UNAH, 3 de las otras universidades públicas y 3 de las privadas y además posee voto de calidad de la rectoría.
Al ser consultado sobre si la UNAH está manejando mal la educación superior del país, Berríos se limitó a responder que “nosotros hasta este momento no hemos hecho ningún tipo de conjetura, nada más se recibió ese documento”.
Indicó que el proyecto de ley fue turnado a una comisión especial y la UNAH debe presentarse para discutir el documento y hacer propuestas, aunque las autoridades del%26nbsp; Alma Mater tienen listo un anteproyecto para ser presentado.
Al preguntarle sobre que algunas universidades privadas funcionen hasta en garajes, Berríos dijo que “nosotros no podemos opinar en ese sentido, porque no es la obligación nuestra juzgar a nadie”.
Aclaró que lo que ha ingresado al Congreso Nacional es un anteproyecto, pero “no hay una decisión tomada y hay que analizar todos los puntos de vista”.
Se conoció que en la sesión a puertas cerradas, donde también se aprobó la reforma al artículo 102 que permitirá la extradición de hondureños, se delegó a la Comisión de Educación del Congreso Nacional, el estudio, análisis y sociabilización del anteproyecto.
Sobre si se le quitaría autonomía a la máxima Casa de Estudios del país, Berríos expresó que “voy a hablar en un sentido bien práctico, vamos a discutir este anteproyecto y hasta que sea socializado le podré decir cuál fue el resultado de la misma”. |
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Frente Común
Por su parte, la rectora, Julieta Castellanos, le expresó a Proceso Digital que “estamos convocando de emergencia al Consejo Universitario para el día lunes 23 de enero, a las 8:00 de la mañana”.
Añadió que también se ha girado invitación a otras autoridades de la dirección superior de la Universidad y a los estudiantes para hacerse presente en el Congreso Nacional a las 9:00 de la mañana.
Castellanos reveló que son dos los proyectos de decreto que se presentaron en el seno de la Cámara Legislativa.
Uno tiene que ver con la reforma constitucional de los artículos 159 al 163 donde se le quita a la UNAH la función de dirigir, organizar y desarrollar la educación superior y profesional de Honduras.
Mientras que el segundo plantea la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior y que sea éste quien dirija todo el sistema y quien acredite y certifique todos los títulos de todas las universidades.
Castellanos manifestó que “en ese sentido es una pérdida del mandato constitucional de la UNAH que ha vendido dirigiendo el sistema desde que se le dio la autonomía universitaria”.
“Tememos que se politice el sistema, además que haya una liberalización del sistema de educación superior. Estamos celosos de que eso pueda ocurrir. La Universidad tiene que seguir supervisando la educación superior del país porque asume la función del Estado en educación superior”, recalcó.
Advirtió que “ninguna instancia privada se supervisa ella misma. Sería como que los bancos privados crearan una comisión donde están ellos y luego que sea esta la que supervise el sistema. Esa debe ser una función del Estado”.
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Volver al Pasado
«Esto nos vuelve a los años 50, cuando la educación la dirigía el Ejecutivo», expresó Castellanos.
El proyecto pretende modificar los artículos del 159 al 163 de la Constitución de la República. Igualmente se remitió al Poder Legislativo otra iniciativa de ley orientada a cambiar la Ley de Educación Superior para reorganizar el Consejo de Educación Superior.
El proyecto se presentó la noche del jueves anterior, cuando se realizó una sesión del pleno a puertas cerradas en vista de que se estaba aprobando la extradición contra narcotraficantes y terroristas, lo que denota la forma poco transparente en la que se pretende hacer la reforma.
No obstante, el artículo 160 de la Constitución de la República establece que la UNAH es una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional y ahora por intereses privados se pretende suprimir esa potestad.
Mientras tanto, el numeral 161 señala que «El Estado contribuirá al sostenimiento, desarrollo y engrandecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una asignación privativa anual no menor del 6 por ciento del Presupuesto de Ingresos netos de la República, excluidos los préstamos y donaciones».
En ese sentido, de aprobarse esas reformas, se atenta no sólo contra la autoridad de la Universidad en manejar el sistema educativo superior, si no que contra la asignación presupuestaria que le corresponde, advirtió la rectora Castellanos.
La UNAH también supervisa y aprueba los planes de estudios de los centros de educación superior y valida los títulos universitarios que se obtienen en el exterior.
Otra preocupación de las autoridades de la UNAH, es la iniciativa de reformar el artículo 162 de la Constitución que obliga al Estado a ser responsable exclusivo de la formación de docentes. |
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Antecedente
El año pasado la UNAH también encendió las alarmas por una iniciativa de ley que, igualmente, representaba la eliminación de su facultad de dirigir la educación superior. La reacción en contra de este anteproyecto obligó a que fuera retirado y se iniciara un proceso de discusión.
Respecto a la reorganización del Consejo de Educación Superior que se propone en la otra iniciativa de ley, Castellanos aseguró que la intención de este cambio es politizar la educación universitaria.
El anteproyecto indica que el Consejo de Educación será coordinado por tres comisionados. Las universidades enviarán una lista de nuevos candidatos al presidente de la República, quien luego reducirá a 6 la lista que será enviada al Congreso Nacional para que finalmente escoja los tres comisionados.
La rectora remarcó que las iniciativas «son inadmisibles» y «estamos haciendo un llamado a la comunidad universitaria y a la comunidad en general para que esté atenta al llamado para hacer la defensa de nuestra universidad».
Castellanos asegura que la UNAH está consciente que se necesita una nueva Ley de Educación Superior y en ese sentido cuenta con un anteproyecto que ya se dio a conocer a las universidades privadas y se ha pedido una reunión con autoridades del Congreso Nacional para exponerlo.
Indicó que la actual ley data de los años ochenta y el sistema de educación superior ha cambiado en muchos aspectos, sin embargo, se solicitó la cita donde comparecería el Consejo Universitario, la cita se confirmó, pero luego se les dijo que estaba cancelada y que se iba a reprogramar, pero todavía no se las han dado.
No obstante, las universidades privadas tienen sus intereses de entregar diferentes propuestas desde el 2011. “Entonces nosotros estamos objetando la forma en cómo se presentan esas iniciativas cundidas de una malicia para que la ciudadanía no se entere y la comunidad universitaria no se percate”, acotó.
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