Barralaga es señalado como presunto responsable en la “fuga” de policías involucrados en el asesinato de dos jóvenes universitarios, Carlos Pineda, estudiante de derecho y Alejandro Vargas, de sociología.
El fiscal de derechos humanos sostuvo que “La fiscalía general arrastró todas las actuaciones y actualmente se ve en la necesidad de decidir sobre todos esos aspectos. Primeramente se nos va a entregar una resolución donde reza fundadamente la revocación del archivo administrativo y lo que sigue es el razonamiento sobre el proyecto de acción penal que se envió con relación al señor Marco Tulio Palma Rivera”.
El asesinato de los jóvenes, uno de ellos hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, conmocionó a la sociedad hondureña, al punto que luego de conocerse el involucramiento de policías en el hecho, al menos tres mil denuncias fueron interpuestas contra elementos policiales por diversos hechos criminales.
Desde asaltos, tráfico de armas, sicariato hasta el asalto a un niño vendedor de tortillas, son hechos que quedaron expuestos ante la comunidad nacional e internacional que pudo ver el reflejo de cómo el crimen y la impunidad se apoderaban de ese ente de seguridad del Estado.
Poco después y gracias a esfuerzos de la propia Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sociedad civil, víctimas y población en general, el gobierno empezó a brindar respuestas para iniciar un proceso de depuración policial que ha dejado la creación de la Dirección de la Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, aun sin resultados tangibles y más dispersa entre lo administrativo y lo minúsculo.
 | Igualmente se creó una Ley que da forma a una Comisión de Reforma de la Seguridad Pública de la que por ahora solo se han anunciado los nombre de sus integrantes nacionales. No se conocen aun los externos pero se ha adelantado que serán un experto chileno y otro canadiense. El caso de los universitarios, un hecho que ocurrió el 22 de octubre de 2011, ha vuelto a tomar trascendencia en la agenda mediática puesto que uno de los principales señalados por la fuga de los policías presuntamente responsables del hecho, recibió el amparo de una resolución fiscal que le exculpaba del caso y cuya autoría fue atribuida a la ex fiscal de derechos humanos, Sandra Ponce. |
Ponce dijo este día que ella, al cesar de su cargo a finales de enero de este año, dejó un proyecto de requerimiento fiscal contra el comisionado ex director nacional de investigación, Marco Tulio Palma Rivera, quien a su juicio es el principal responsable de la “fuga” de los policías así como del “sabotaje” en contra de las investigaciones en el caso.
En ese sentido, el fiscal Enamorado recordó que se trata de una investigación que inicialmente manejó Sandra Ponce.
Agregó que tanto ella como los fiscales que la acompañaron en el proceso “dejaron en claro que el señor Barralaga tenía sustento, en un archivo administrativo. Eso fue tratado en los días previos a la salida de la fiscal. Se elaboró un proyecto de archivo administrativo, se presentó a su servidor, vi que las ponderaciones que se hacían se podrían tomar como válidas, se firmó y se envió a la Secretaría” dijo a la vez que aceptó que él firmó el envío.
Lo firmé “porque me pareció que las ponderaciones eran válidas y la coordinación de la investigación la hizo la fiscal Sandra Ponce” dijo. El caso está en poder del fiscal general y según Enamorado lo que ocurre actualmente, a 50 días de la salida de Ponce del cargo, es una “pausa que se está haciendo en este momento solo es para recibir resolución de la autoridad superior y a continuación nosotros seguir en términos generales con la investigación con relación a todas las personas que aparecen referidas desde un principio y vale decir que son distintos tipos de infracciones penales las que se les han señalado” dijo. |  |
“La fiscalía general arrastró todas las actuaciones y actualmente se ve en la necesidad de decidir sobre todos esos aspectos” de allí se desprenderá lo que pasa con Marco Tulio Palma y con el resto de presuntos inculpados indicó el funcionario.
“En el contexto nosotros debemos enriquecer la investigación con los actos que se nos instruyen y luego pasar a determinar qué tipo de imputaciones podemos formular” puntualizó el fiscal de derechos humanos.
