El informe, denominado Sistema de Justicia Penal: Enfrentando los retos institucionales del crimen y la violencia en Centroamérica, señala que los niveles de violencia y crimen se incrementaron, de modo que el número de homicidios por 100.000 habitantes sitúa a El Salvador, Guatemala y Honduras entre los países más peligrosos de Latinoamérica.
Las cifras establecen que el Salvador registró un promedio de 56 homicidios, Guatemala 45 y Honduras 42.
Rivera-Cira, quien además funge como consultora del Banco Mundial en la materia, indicó que el número de secuestros en Guatemala y Honduras ha crecido a gran velocidad de tal forma que la ciudad de San Pedro Sula, en el norte del territorio hondureño, es considerada en este momento como la “capital del secuestro”.
Datos oficiales y extraoficiales establecen que en lo que va del 2008, en Honduras se han registrado más de setenta secuestros, la mayoría de los cuales han tenido lugar en el norte del país, especialmente en la capital industrial hondureña con una población cercana al millón de habitantes.
Según la consultora, el tráfico de drogas, las pandillas y el tráfico de armas son uno de los principales problemas de los gobierno democráticos de la región.
El informe revela que la inseguridad es una gran preocupación de los ciudadanos hondureños y del resto la región y en términos porcentuales un 35 por ciento de la población hondureña estima que el crimen y la falta de seguridad es el principal problema del país, mientras un 84 por ciento considera que el crimen es una amenaza para el futuro.
Un dato relevante del informe es que la terminación de las guerras civiles y la democratización de Centroamérica a mediados de la década de los ochenta y principios de los noventas no han producido sociedad más seguras y pacíficas.
Por el contrario, la naturaleza de la violencia ha cambiado totalmente, puesto que antes tenía una connotación política, pero en la actualidad es eminentemente social y no se dirige a la defensa o mantenimiento del poder político. La violencia es principalmente hacia las personas y es primordialmente urbana”, indicó Rivera-Cira.
Según la experta, las naciones centroamericanas son extremadamente vulnerables a incursiones del crimen organizado por una gama de factores entre los que resaltan las presiones sociales y económicas, así como una incapacidad para imponer la ley en sus territorios.
La consultora expuso que en lo que se refiere a confianza en la justicia y la policía, Honduras reporta que en el 2006 el nivel de seguridad de los ciudadanos en sus cuerpo policial fue de un 50 por ciento, mientras que en los tribunales de justicia apenas fue de un 52 por ciento, un nivel relativamente bajo en relación a Costa Rica y El Salvador.
Destacó que frente al fenómeno del crimen y la violencia los países de la región adoptaron medidas represivas de mano dura y endurecieron los castigos a los delincuentes, no obstante, las intervenciones preventivas fueron discontinuadas o abortadas porque no produjeron resultados a corto plazo.
La consultora destacó asimismo los problemas que existen a nivel de aplicación de justicia, la descoordinación entre los operadores de justicia, la poca eficacia de las reformas penales que han tenido en la región y la creciente concentración población penal en los países de la región que se convierte e una bomba de tiempo en los obsoletos centros penales.
Frente a todos estos problemas, Rivera-Cira sugirió más prevención y menos mano dura en el combate al delito y un balance entre las medidas represivas y las preventivas, sistema de monitoreo de aplicación de los nuevos códigos de justicia y la promoción de proyectos de policía comunitaria, entre otras acciones.
La presentación del informe se realizó en el marco del Foro “Justicia y Equidad para Todos en América Latina”, organizado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras y el Banco Mundial.
