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Salud y Educación marcan agenda de conflictividad en el gobierno

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Tegucigalpa (Proceso Digital) – La conflictividad social se sigue haciendo presente en el escenario del gobierno del bicentenario de la presidenta Xiomara Castro, siendo las carteras de Salud y Educación, las más agitadas, por las demandas de empleo, las denuncias de corrupción y el retorno de las interventoras para sanear las finanzas.

Desde que asumió el poder, hace un poco más de un mes, la administración de la mandataria hondureña ha estado atomizada por el agite social, donde las mayores protestas se han hecho sentir en el área de la salud ante el reclamo del personal que ha trabajado en primera línea en la lucha contra el COVID-19 por el otorgamiento de plazas y contratos.

El personal sanitario desde que inició el gobierno y se nombró al titular de Salud no ha dejado de protestar y reclamar, ha realizado paros graduales, tomas de instalaciones y reclamos públicos, ante un ministro que de entrada les dijo: no me pidan trabajo, no tengo dinero.

El titular de la cartera sanitaria, Manuel Matheu, en una comparecencia en el Congreso Nacional dijo que había encontrado en Salud “una porqueriza”, además de estar amarrado con 16 mil nuevas plazas de trabajo dejadas pendientes por el último gobierno. Matheu dijo que la “magia” no era su especialidad y que tiene un déficit presupuestario de más de seis mil millones de lempiras.

Dijo que no podía hacer despidos masivos porque implicaría demandas contra el Estado que ganarían los empleados despedidos, explicando el por qué no puede generar plazas de trabajo, tras recalcar que no tiene dinero para pagar ni a los empleados permanentes ni a los nuevos que les dejó el gobierno pasado, tampoco para adquirir pruebas de PCR para la pandemia. “Ando pidiendo”, acotó Matheu.

La puerta a las demandas

Los activistas de Libre, que en principio pedían la salida de Matheu como ministro de Salud, han optado por instalarse en los alrededores de la Secretaría.

Pero los argumentos no han sido suficientes, a los reclamos del personal sanitario se sumaron los colectivos de Libertad y Refundación (Libre), cuyos activistas sienten que tienen el derecho a pedir un empleo en Salud y se les debe otorgar a como dé lugar. Los activistas de Libre, que en principio pedían la salida de Matheu como ministro de Salud, han optado por instalarse en los alrededores de la Secretaría y en sus reclamos por trabajo han llegado también hasta las afueras de la Casa de Gobierno pidiendo que el gobierno del bicentenario les cumpla. La paciencia parece que se agota entre la militancia de Libre.

En el área de Educación, los primeros en instalarse en los bajos de la casa presidencial fueron los maestros Proheco, a quienes el asesor presidencial, el ex presidente y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, les abrió las puertas de par en par, les dejó conocer la casa que encierra el centro del poder, y en la madrugada, sellaba con ellos un acuerdo donde se comprometía a pagarles y entregarles sus plazas definitivas en Educación.

Maestros protestan en las afueras de Casa Presidencial.

La puerta había sido abierta, luego vinieron otros docentes exigiendo lo mismo, mientras desde la Secretaría de Finanzas, la titular del ramo, Rixi Moncada, denunciaba en casa de gobierno que el país estaba con las cifras en rojo, que les habían dejado un presupuesto irreal, que las finanzas fueron saqueadas y deben recurrir a nueva deuda vía préstamos.

Pero la conflictividad social en Salud y Educación no solo se ha centrado en el tema de la contratación de personal, el pago pendiente y la apertura de nuevas plazas, también en las denuncias de corrupción y de presuntas irregularidades. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en uno de sus últimos reportes a una veeduría social hecha a la Secretaría de Salud, reveló haber encontrado irregularidades en los nombramientos del personal sanitario de primera línea, acuerdos incompletos y falta de rendición de cuentas.

La sombra de la opacidad

El CNA acusó en su informe a la ex titular de esa dependencia, Alba Consuelo Flores, de firmar más de 7 mil nombramientos un día antes de dejar el puesto y de dar funciones, como personal de primera línea, a gente que se desempeñaba en el área administrativa. La prisa con que cerró los acuerdos hizo que la exministra cometiera muchos errores, aseguró el CNA, tras denunciar a Flores ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas.

En tanto, en Educación, los problemas de los maestros se trasladaron al Instituto de Previsión Magisterial (Inprema), donde las anteriores autoridades encontraron en los fondos de pensiones de los maestros la “mina de oro” para invertir e inyectar fondos a megaproyectos como la terminal aérea de Palmerola y la adquisición de equipamiento para la aduana de Puerto Cortés. Los recursos fueron a dar a un mismo grupo económico que maneja ambos proyectos.

La denuncia de los maestros llevó al gobierno del bicentenario a anunciar una nueva intervención del Inprema para recuperar la gobernabilidad y constatar el estado real de las finanzas, pues las transacciones se hicieron bajo procedimientos opacos, según las primeras impresiones de las autoridades educativas, y en su momento, denunciadas por miembros de la comisión de transición del gobierno de Xiomara Castro.

Los interventores, que estarán por seis meses al frente del Inprema, deberán rendir un informe de situación para dar paso a la instalación en propiedad de las nuevas autoridades. El gobierno de Castro recurrió a la creación de un ente interventor para aplacar las denuncias magisteriales por este tipo de inversiones hechas con los fondos de los pensionados.

Un mes de agitación intensa

Si la agenda de la conflictividad la iniciaron los sectores de Salud y Educación en tan poco tiempo, la administración de Xiomara Castro se está abriendo un nuevo frente de conflictividad que podría ir escalando si las nuevas políticas y reglas del juego no se definen con claridad.

Se trata del tema de la minería, donde el nerviosismo se ha apropiado en los sectores del rubro, ante el anuncio gubernamental de declarar el territorio libre de la minería a cielo abierto y de la industria extractivista. La determinación implica cancelación de permisos y de proyectos. El sector privado ha pedido una cita a las autoridades de MiAmbiente para qué les explique los alcances de la determinación. En principio, las autoridades aseguran que ello no afecta a los proyectos existentes, pero que ya no habrá más permisos de explotación al respecto.

En las regiones de occidente y el norte del país, donde existen proyectos mineros en marcha, las protestas se han hecho sentir entre pobladores y empleados del rubro, preocupados por perder sus empleos si se cierra la industria.

En las regiones de occidente y el norte del país, donde existen proyectos mineros en marcha, las protestas se han hecho sentir entre pobladores y empleados del rubro, preocupados por perder sus empleos si se cierra la industria. El conflicto en la minería apenas se instala, mientras ahora el gobierno se enfoca a suspender las actividades de dragado de los ríos en al menos cinco departamentos.

Honduras, de acuerdo con reportes internacionales, se ubica entre los 5 Estados más frágiles de América, según el Fondo para la Paz, al catalogar el país como uno de “alerta elevada”. Está en la posición 59 de 179 países analizados.

El gobierno de Xiomara Castro lleva más de un mes en el poder y la conflictividad se hace presente en dos Secretarías de Estado, en tanto otros rubros como la minería, las disputas de tierras en el Bajo Aguán, y la presión por el empleo, en un país en crisis financiera, pueden subir de tono, si las respuestas se alargan y las soluciones se vuelven tardías. (PD)

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