«Debe abstenerse la junta directiva de la Asamblea Nacional de someter a consideración (del plenario) cualquier proyecto que pretenda derogar el decreto aprobado por Ortega», dijo el magistrado sandinista Francisco Rosales al leer esa sentencia, firmada por dos jueces oficialistas a los que se les venció el mandato el domingo pasado.
Ese fallo dictado en una sesión repentina, celebrada sin los magistrados liberales miembros de la Sala Constitucional y con sustitutos, fue dado a conocer al término de una marcha organizada por sindicatos de trabajadores judiciales, afines al sandinismo, en apoyo a los magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, a los que se les venció su período el pasado domingo.
Rosales, presidente de esa Sala, dijo que tomaron esa decisión tras declarar improcedentes los recursos de amparo, presentados por la oposición, contra el decreto que prorroga en el cargo a autoridades con mandatos que expiran este año.
Con el decreto, aprobado en enero, Ortega ratificó y prorrogó en sus cargos a diez magistrados del Consejo Supremo Electoral y tres de la Corte Suprema, entre otros funcionarios cuyo mandato finaliza este año, facultad que corresponde al Parlamento.
Los magistrados opositores miembros de la Sala Constitucional, y el titular de la Corte Suprema, el liberal Manuel Martínez, calificaron de «ilegal» esa sentencia, porque fue suscrita por dos abogados que ya no forman parte de ese Poder del Estado y por magistrados sustitutos de otra Sala.
El primer secretario del Parlamento, el liberal Wilfredo Navarro, anunció a periodistas que los directivos opositores en el Legislativo no acatarán esa sentencia porque está firmada por magistrados con el mandato cumplido.
La directiva del Parlamento, presidida por el sandinista René Núñez, acordó esta semana incluir en agenda un proyecto para declarar nulo el polémico decreto y que está previsto que sea enviado el martes a comisión para su dictamen.
Los sindicatos sandinistas del Poder Judicial anunciaron que marcharán el próximo martes hasta la Asamblea Nacional para demandar que se respete la sentencia de la Sala Constitucional y no se le dé trámite a ese proyecto.
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) emitió hoy un comunicado en el que se declara «alarmada profundamente por la cada vez más extraordinaria crisis institucional que involucra a varios» organismos del Estado y que ha venido a «entorpecer el frágil Estado de Derecho».
Los empresarios instaron a Ortega ordenar a la militancia sandinista en los diferentes Poderes del Estado cesar «de violentar el Estado de Derecho y las leyes en Nicaragua» y exigieron a los diputados elegir, en el menor tiempo posible, las cargos que se encuentran vacantes.
El Congreso se mantiene paralizado desde el pasado 24 de febrero debido a las diferencias entre los sandinistas y los liberales por ese decreto.
