Los magistrados costarricenses enviaron una carta a la Sala Constitucional hondureña en la que manifiestan «su preocupación por la independencia judicial, el sistema democrático y el Estado de Derecho».
De acuerdo con un comunicado oficial, los magistrados costarricenses «fueron puntuales al indicar que la garantía de la independencia de los jueces es un componente medular en un régimen democrático y que el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional debe ser defendido por el Estado tanto en sus formas institucionales o sistemáticas, así como también en la persona de cada juez».
Para la Sala Constitucional de Costa Rica, «pretender traducir un supuesto disenso con las decisiones jurisdiccionales en la destitución de las autoridades de ese orden equivale a socavar las bases del Estado de derecho».
Los magistrados hondureños destituidos son Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz, José Antonio Navas y Gustavo Enrique Bustillo, quienes fallaron en contra de unas pruebas de confianza que a iniciativa del Ejecutivo se han venido practicando en la Policía Nacional, para sanear esa institución que ha sido infiltrada por el crimen.
Las pruebas de confianza consiste en someter a los policías al polígrafo, examen psicológico y antidrogas para decidir si pueden mantenerse en la institución.
En una votación de 97 a favor y 31 en contra, los diputados del Parlamento decidieron destituir a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, que el 27 de noviembre pasado fallaron en contra de las pruebas de confianza, lo que incomodó al presidente hondureño, Porfirio Lobo.
En Costa Rica, la Sala Constitucional también tuvo roces recientes con el Congreso luego de que los diputados decidieran no renovar el nombramiento de uno de sus siete magistrados por razones políticas.
La destitución del magistrado Fernando Cruz no ha podido llevarse a cabo debido a que se interpuso un recurso de amparo que aún debe resolver la misma Sala Constitucional, pero en ese momento los magistrados acusaron al Congreso de violar la independencia judicial y la separación de poderes.
