Tegucigalpa – Rutas paralizadas en su totalidad, como las que prestan servicio de la capital hacia el oriente de Honduras, otras operando de forma parcial y con posibilidad de cerrar, esas son las secuelas del delito de la extorsión.
Así lo señaló este sábado el dirigente del transporte urbano, Jorge Lanza, quien lamentó esta realidad ya que pierden los conductores y ellos como dueños de unidades.
La ruta Cerro Grande- Honduras opera de forma parcial y con posibilidades de cerrar a causa de este flagelo, sollozó.
La extorsión consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.
En ese sentido, grupos delictivos exigen a los transportistas cobros a cambio de seguridad y dejarlos operar en las rutas ya establecidas.
El actual problema, para los transportistas es que varios grupos imponen este pago y ya se convirtió en una problemática insostenible, por lo que en varias ocasiones han paralizado por días varias rutas.
Todos los rubros del transporte a nivel nacional pagan al menos 250 millones de lempiras mensualmente por concepto de extorsión, según la dirigencia de este sector.
Lanza insistió que con este flagelo pierden todos, ya que el conductor deja de trabajar, el dueño registra pérdidas y la población no recibe el servicio.
Indicó que se sostienen pláticas con las autoridades de Honduras para brindar seguridad de forma permanente en las distintas rutas.
En el pasado ya se ha brindado seguridad a los transportistas y esperamos que esta ocasión no sea una mera ilusión óptica, zanjó el dirigente del rubro. (RO)
