Tegucigalpa – La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) elevó su condena este miércoles ante las represalias sufridas por Reporteros de la Investigación tras publicar denuncia sobre negocios que estarían siendo realizados por funcionarios del gobierno de Xiomara Castro en la región Sur con migrantes en tránsito por Honduras en su camino hacia los Estados Unidos.
A través de 4 tuit, RSF condenó los ataques al medio digital y señaló que un supuesto ciberataque quitó del aire la investigación publicada el 27 de julio bajo el título: «Funcionarios involucrados en jugosa industria de transporte de Migrantes».
En paralelo, indica RSF, “el medio ha recibido una campaña de desprestigio del administrador de aduanas del Sur y una amenaza de querella, entre otras formas de hostigamiento”.
El 1 de agosto, la gobernadora del departamento de Choluteca, Ilce Villatoro, le envió una carta a la periodista Wendy Funes, directora de Reporteros de la Investigación, presionando para que se realice una enmienda al título de la investigación e ilustración en las que fue mencionada, según la denuncia de la ONG.
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“El Congreso Nacional debe proceder a derogar los delitos contra el honor en la forma en que se expresan en el Código Penal de Honduras, que violan los estándares internacionales de libertad de expresión. Nuestra solidaridad a Reporteros de la Investigación”, indica el último tuit de RSF.
Por su lado, Reporteros de la Investigación ha denunciado las represalias mientras resalta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un informe publicado por la Relatoría de la CIDH para la Libertad de Expresión, que la obligación de garantizar los derechos a la libertad de expresión ya la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia.
La Relatoría Especial ha señalado en el mismo sentido la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales de mantener un discurso público que no exponga a los y las periodistas a un mayor riesgo de violencia, refiere el medio digital.
El medio lamenta que tanto el Ministerio Público como la Dirección Policial de Investigación (DPI) no procedieron a tomar la denuncia de la comunicadora social.Mientras que “el Mecanismo Nacional de Protección, a pesar de tener pleno conocimiento de su riesgo no ha sido ágil en protegerla, y mantiene dilatada una reunión de Comité Técnico donde se toman decisiones sobre las medidas, lo que coloca en un extremo riesgo a la periodista y su equipo de reporterosdeinvestigación.com que como colectivo solicitaron desde hace más de un año la protección por constantes amenazas que han recibido”, según el medio. VC
