Mejía Orellana, que fue apuñalado varias veces en el tórax, trabajaba como responsable del departamento de publicidad para una emisora de radio que se opuso al golpe de Estado de 2009.
«Desde entonces, unos quince empleados han recibido amenazas de muerte», subrayó RSF, que recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Gobierno de Honduras que otorgara medidas cautelares a Mejía Orellana en 2009, 2010 y 2011.
RSF lamentó que el Gobierno ignorara esas demandas y solicitó que se cree y se implemente «un mecanismo de protección eficaz para todos los periodistas y colaboradores de los medios de comunicación que se encuentran en peligro y piden protección».
Honduras ocupa el puesto 129 de 180 países de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que elabora cada año Reporteros Sin Fronteras.